Opinión

Repensar el desarrollo urbanístico: el barrio como el centro del mundo

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Además de poner a prueba nuestra capacidad de reacción, liderazgo, autodisciplina y cuidado por el otro, la pandemia del COVID-19 plantea preguntas de fondo sobre cómo planeamos y construimos las ciudades: ¿ayuda a mitigar o potencia los impactos de una emergencia de este calibre?

La creciente evidencia señala cómo una ciudad inequitativa, con marcadas diferencias sociales y económicas, se convierte en un espacio mucho más vulnerable y concentra más dificultades para desarrollar e implementar estrategias de mitigación y control, no sólo frente a efectos devastadores de la crisis sobre la salud pública, sino también para permitir la necesaria continuidad de las actividades económicas, sociales y culturales.

Es evidente que nuestras ciudades y municipios no estaban preparados para una situación así. Pero, más allá de buscar culpables, la pregunta es qué debemos cambiar en los procesos de planeación para enfrentar los desafíos de un futuro que, desde la perspectiva del presente de la emergencia, se antoja angustiante.

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Volver al barrio

Estrategias como el distanciamiento social y físico plantean importantes preguntas y retos a diferentes escalas. Y pareciera que en todos los espacios de discusión se llega a la misma conclusión: la necesidad de fortalecer el barrio como unidad básica de planeación. ¿Por qué?

El modelo de ciudad compacta plantea que un ciudadano debería poder acceder a todos los servicios, equipamientos y demás usos o espacios para su desarrollo normal, en un recorrido a pie o en bicicleta que no tarde más de 20 minutos. Esto pasa en un buen barrio.

Este modelo permite una importante reducción de interacción física entre ciudadanos, descongestionando los sistemas de transporte y evitando la concentración de personas, que es uno de los canales más eficientes para la propagación del virus.

En otras palabras, en mi barrio debería tener todo lo necesario: el colegio de los niños, el centro de salud, el trabajo, parques, seguridad, culto, deporte, comercio, abastecimiento, etc., a máximo 20 minutos de distancia.

Ahora, poner el barrio en el corazón de la planeación básica implica repensar muchos aspectos, siempre dándole prioridad al bien general sobre el particular. Se debe pensar desde la misma definición y calidad de la vivienda que se está produciendo (flexibilidad, teletrabajo, etc.), así como en la calidad y cantidad de espacio público (parques, andenes, etc.), pensando en las proporciones adecuadas para garantizar el distanciamiento físico.

Toda la planeación sobre equipamientos y servicios básicos tiene que ajustarse. Fortalecer la vida de barrio implica tener cerca centros de salud, hospitales, colegios, universidades, fuentes de trabajo, un CAI o estación de policía, una biblioteca, locales para abastecimiento, producción de bienes y servicios, y muchas más actividades que aseguran calidad de vida. En términos amplios, lo que se busca es que el barrio sea incluyente, diverso en sus usos, actividades y espacios, pero también implica diversidad en las personas que lo habitan, en las estrategias para hacerlo sostenible y lo más autónomo posible.

El nuevo barrio

¿Qué estamos haciendo? Vamos de lo particular a lo general. La vivienda es el componente básico de una ciudad o un barrio, por lo que el análisis debe empezar aquí. Los proyectos actuales de vivienda, impulsados por diferentes temas (mercado, política pública, costos, etc.), se plantean como desarrollos monofuncionales, en muchos casos tan alejados del resto de actividades que fomentan procesos de microsegregación social. Difícilmente contemplan mezcla de viviendas de diferentes presupuestos y tamaños (VIS, VIP, no VIS) lo que se ve reflejando en la casi nula diversidad en cuanto a perfiles de residentes.

Esto genera que los rangos de vivienda más bajos en cuanto a precio (VIS y VIP) terminan ubicándose en la periferia y en municipios cercanos a las grandes ciudades. Los rangos más altos (no VIS) se ubican en sectores más céntricos, normalmente con mejores condiciones y oferta de infraestructura, espacio público, proximidad a equipamientos y servicios. Todo esto genera sectores de ciudad con grandes problemas de desigualdad y falta de oportunidades.

Generar un barrio de calidad implica que, además de vivienda, debe garantizarse la presencia y cercanía a diferentes equipamientos y servicios. Aquí está uno de los mayores retos: lograr articular actores privados y públicos para que, a la par de la construcción de los proyectos de vivienda, se garantice la infraestructura y los equipamientos necesarios.

Aquí hay que tener en cuenta, además, que la construcción de cualquier equipamiento o edificio está condicionada por el modelo de gestión asociado. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, que con un modelo descentralizado de salud y en su mayoría privado se pueda construir y sostener un equipamiento de salud a escala barrial, garantizando un servicio de calidad y una cobertura universal? La pregunta se puede replicar en los demás servicios básicos de los que estamos hablando.

Es importante que el análisis no se aplique sólo para proyectos nuevos o zonas de expansión. Existen muchos sectores, barrios en la ciudad, que, a pesar de tener cierto grado de consolidación, también tienen deficiencias en la proximidad a equipamientos, servicios, fuentes de empleo, etc.

Los cambios en la planeación deben contemplar también la intervención sobre sectores consolidados, con proyectos para redensificar y renovar a través de vivienda nueva, pero incluyendo: más y mejor espacio público, diversidad en usos y residentes, inclusión de viviendas productivas, espacios comunales polifuncionales, áreas para servicios de salud, educación recreación y demás servicios básicos, y, en general, todos aquellos que garanticen a los residentes recorridos cortos no motorizados.

Pero el desarrollo de todas estas acciones requiere lineamientos de diseño y ocupación y nuevas directrices que estén asociadas a un modelo claro y consensuado de cuál es la ciudad que queremos. También es vital tener parámetros e indicadores medibles que permitan hacer un seguimiento y evaluación constante.

Por ejemplo, ¿cuáles deben ser los requerimientos de metros cuadrados construidos para un barrio y su comunidad pensando en servicios de salud, educación y demás? ¿Cómo distribuir los metros cuadrados totales de construcción de un proyecto nuevo, teniendo en cuenta que, además de vivienda, deben incluirse otros usos? ¿Cómo se deben diseñar y relacionar los primeros pisos con el espacio público? ¿Qué criterios de diseño e implantación deben tener los espacios comunales? ¿Qué usos son compatibles, y en qué condiciones, para mezclar en edificios predominantes de vivienda?

Para llegar a la respuesta de estas y otras preguntas, así como para poder definir un posible diseño de indicadores y mediciones de progreso, hay que dar un paso hacia atrás y mirar una perspectiva más amplia en dos temáticas: el modelo de negocio y la política pública.

El marco general

Si se habla de generar diversidad en un entorno urbano compacto es necesario hablar de ampliar las opciones en cuanto a los modelos de negocio.

Tenemos una visión actual, en la que la gestión la hacen los constructores, que generan proyectos casi exclusivamente de vivienda; es una opción.

Pero también deberían potenciarse otros sistemas, como los que se pueden gestionar por las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) o por cooperativas (modelos asociativos): en ellos, el sector público sería el gestor y promotor principal y deberían permitir y promover el desarrollo de proyectos de usos mixtos que tengan que incluir vivienda, modelos de negocio que promuevan la vivienda en arriendo y faciliten además la movilidad intraurbana, etc.

La emergencia por el COVID-19 invita a hacer una revisión de la política pública asociada a los procesos de planeación urbana y a la vivienda. Esta última debe ir más allá de encontrar estrategias de gestión de recursos y financiación, de garantizar el tan anhelado cierre financiero de los proyectos y de tratar de reducir en términos absolutos el déficit cuantitativo y cualitativo.

Se debe pasar a una discusión más amplia, compleja y estructurada que entienda que la vivienda va mucho más allá del espacio privado, y que, para garantizar una calidad adecuada, se debe intervenir el barrio (escala de comunidad) y la ciudad.

Sin una política clara y estructurada que marque un camino y las acciones pertinentes para construir un modelo de ciudad de calidad, y que propicie el trabajo conjunto de los diferentes actores, seguiremos acumulando acciones individuales que, en sumatoria, no construyen una ciudad de calidad.

Para finalizar, uno de los mayores retos para que una ciudad pueda reaccionar de manera rápida y eficiente reside en el acceso a información actual y de calidad. Una buena planeación y construcción de ciudad depende de ello. En términos de gobernanza, la escala de barrio permite reconocer e identificar una comunidad para caracterizarla y empoderarla, e incluirla en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, uno de los mayores retos desde la política pública es la recopilación y el análisis de información proveniente de todos los barrios y comunidades de una ciudad. Este es un evidente problema de administración de complejidad.

Los recursos y capacidades digitales actuales permiten tener información veraz y actualizada, pero también se requieren recursos y espacios específicos para su desarrollo e implementación.

Los desarrollos urbanos de los que se ha hablado cambiarían positivamente la manera en que se relacionan e interactúan ciudadanos, comunidades y actores públicos y privados. Y permitirían identificar problemáticas y situaciones específicas, dimensionarlas y cuantificarlas para finalmente tomar acciones mucho más pertinentes y orientadas a las condiciones específicas de cada comunidad.

Repensar la ciudad es, de fondo, una invitación a retomar lo colectivo: el futuro como un ejercicio que se piensa, y acaso se sueña, desde el barrio, desde la comunidad.

*Director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes.

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