Una propuesta desde La Picota para solucionar la crisis carcelaria

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Por medio de un comunicado hecho a puño y letra, varios reclusos del pario conocido como el ERON escribieron sus recomendaciones para descongestionar los centros de reclusión ante el riesgo inminente de un brote del coronarivus en las cárceles del país. Además, hablaron sobre los hechos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá en donde murieron 23 internos hace dos semanas.

En las cárceles del país no se garantizan condiciones de salubridad y factores como el hacinamiento agravan el panorama ante un eventual brote de COVID-19. Esta situación, expresada con preocupación por varios reclusos en el patio ERON  de La Picota, quedó plasmada en una carta que elaboraron ellos mismos con propuestas al Gobierno con el propósito de aliviar la congestión en las cárceles.

Desde hace días se espera que el Gobierno oficialice el decreto con el que, se supone, miles de presos saldrán a prisión domiciliaria y se aliviará en algo el temor de un brote de coronavirus en las cárceles. Tras declararse la emergencia carcelaria el pasado 23 de marzo, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, explicó que entre 4.000 y 15.000 personas que hoy están en las cárceles pasarían a obtener este beneficio de manera transitoria. No obstante, los reclusos dicen que esta medida no sería suficiente para descartar la posibilidad de un contagio masivo en las cárceles.

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En el borrador del decreto, que hace dos semanas se espera que publique el Minsiterio, se especifica una extensa lista de delitos que no encajarían en el beneficio de prisión domiciliaria propuesta por el Gobierno. El lío es que casi el 50% de personas presas lo están por cuatro delitos: homicidio, concierto para delinquir, hurto y tráfico de estupefacientes. Y ninguno de esos figura en el borrador del decreto entre aquellos por los que la gente podría salir a detención domiciliaria. Así las cosas, todo apunta a que más de 60.000 personas seguirán recluidas en la coyuntura del COVID-19.   

En el documento realizado por los presos de La Picota, sus autores manifiestan estar de acuerdo con el decreto expedido por el gobierno y el Ministerio de Justicia para atender la emergencia carcelaria. Sin embargo, consideran que las medidas no se pueden quedar en un decreto para atender la pandemia, sino que se deben implementar soluciones que pongan fin de una vez por todas al hacinamiento en las cárceles.

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Ante el riesgo de un contagio masivo en los centros de reclusión, los reclusos del ERON sugieren decretar una rebaja de pena del 50% que facilitaría a más internos acceder a los beneficios que otorgará el gobierno. Así mismo, plantean que el decreto considere la posibilidad de liberar o darle prisión domiciliaria a los que estén sindicados argumentando que “ante la ley cualquier ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Aunque en el decreto se habla de la posibilidad de conceder prisión domiciliaria a los internos que hayan cumplido con tres cuartas partes de su pena, desde la cárcel La Picota le plantea al gobierno que se reconozca a las personas que ya han cumplido con la mitad de su condena en prisión. De igual manera, le piden al ejecutivo tener en cuenta a los padres y madres cabeza de familia y reclusos con discapacidad.

En el documento, los internos también quieren visibilizar las condiciones de insalubridad en las que conviven y que los hacen estar muy vulnerables a la propagación de virus y bacterias. “La situación crítica de los centros penitenciarios y la ausencia de condiciones sanitarias no son inventos de la población carcelaria. El mismo Ministerio de Justicia y el Gobierno lo reconocen con el decreto de emergencia carcelaria”, mencionaron los autores de la carta.

La preocupación ante un eventual brote en las prisiones aumentará cada día hasta que no se dé a conocer el decreto que le dé hoja de ruta a las excarcelaciones. Mientras tanto, varios expertos como la abogada de derechos humanos, Verónica Hinestroza, han advertido que de llegar la COVID-19 a las cárceles, la situación desbordaría el sistema de salud.

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En cuanto a los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo de Bogotá, los reclusos hicieron un llamado al gobierno y los medios de comunicación para dejar de atribuir, lo que consideran como una masacre, a un plan de fuga masivo. “Presentarlo de esta manera solo busca justificar un procedimiento desproporcionado y desconocer la situación crítica de las cárceles, la angustia y los justos reclamos de la población carcelaria”, añadieron.

Aunque estaba planeado que el Ministerio de Justicia presentara el decreto esta semana que acaba, no lo hizo. Demoras en la presentación de conceptos, como el de la Fiscalía, habría demorado el proceso. Se espera que en los próximos días se conozca el documento aprobado por el gobierno.

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