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"La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) respalda las medidas que deben tomar las autoridades nacionales y territoriales para el manejo y disposición final de los cuerpos de las víctimas del COVID-19, para que sean manejadas con la dignidad, el respeto y la seguridad que se merecen", aseguró la directora de esta entidad, Luz Marina Monzón.
Sin embargo, dado que la disposición de estos cuerpos se hará en los cementerios municipales, Monzón advirtió el riesgo que hay de que se afecte la preservación de miles de cuerpos que están sin identificar en estos lugares y que podrían corresponder a personas desaparecidas durante y en razón del conflicto armado.
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De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, se estima que en 426 cementerios de todo el país hay 26.395 cuerpos de personas no identificadas. Algunos están bóvedas, osarios y fosas comunes sin protección. Muchos de estos cuerpos fueron mezclados, alterados y se perdieron en los mismos camposantos.
Ante la emergencia por el COVID-19, que ya deja registradas a 1.789 las personas contagiadas en todo el país y 50 muertos, el Ministerio de Salud estableció que la disposición de los cadáveres se hiciera preferiblemente mediante cremación y en caso de que esto no fuera posible, se practicara la inhumación en sepultura o bóveda. Muchos cementerios del país no tienen cómo hacer este procedimiento y en caso de que no se cumplan los protocolos, puede que terminen mezclados los cuerpos que fallecieron por causa de COVID-19 con aquellos que siguen sin identificar.
Por esto, Monzón lanzó esta alerta y pidió a las autoridades nacionales y locales que garanticen el manejo adecuado y la preservación de estos cuerpos. "Las víctimas de los desaparecidos son titulares del derecho a la verdad, por eso, todas las autoridades tienen que desarrollar acciones que no pongan en riesgo, ni desmejoren o nieguen este derecho", instó. El llamado también fue a la comunidad internacional para que en conjunto se tomen acciones coordinadas que ayuden al cuidado de los cuerpos de personas víctimas de desaparición para que sus familias puedan encontrarlos.
La alerta de la directora de la UBPD se suma a una petición firmada por 27 organizaciones sociales y de familiares víctimas de desaparición forzada quienes expresaron su rechazo a la resolución proferida el 3 de abril por la Procuraduría General de la Nación, ordenando a las autoridades distritales y locales a que inhumaran los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios en condición de no identificados, identificados aún no reclamados y con características de ser personas de pobreza de solemnidad.
Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la medida "es a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y de víctimas de desaparición forzada a la identificación, entrega de sus seres queridos, y el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido con las personas que han padecido la desaparición forzada u otras formas de desaparición, de los cuales cerca de 120.000 casos se han dado en el contexto del conflicto armado o la violencia política".
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Para las organizaciones también son preocupantes las anomalías en el registro de las personas que están siendo trasladas e incineradas por diagnóstico confirmados o sospechosos de relación con el COVID-19. "Solicitamos mayor publicidad en los protocolos para el traslado y disposición final de las personas muertas por relación con coronavirus, y que se lleve un registro centralizado y verificable de todos los casos que en todo debería ser inmediatamente informado para su confiable verificación por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Defensoría del Pueblo", añadieron.
* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".