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hace 57 mins

Buscan nuevo estatuto anticorrupción para el país

Ante el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que pretende extender el delito de tráfico de influencias a cualquier persona, relacionar el testaferrato con delitos contra la administración pública que involucren actos de corrupción, entre ellos el peculado, el cohecho y la concusión y aplica sanciones a las personas jurídicas cuando la conducta punible sea realizada por el órgano de representación de la entidad.

La iniciativa fue presentada por el ex Zar Anticorrupción y actual senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, quien advirtió que la idea es reformar el Estatuto a fin de fortalecer y actualizar la normatividad vigente en el tema y aprovechar la ratificación de Colombia frente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El proyecto establece a su vez ideas como la de prohibir la llamada ‘puerta giratoria' para impedir que los altos funcionarios del Estado que pertenecen a la rama ejecutiva, salgan del cargo y se vinculen al sector privado en áreas donde él ha tomado decisiones.

"Así se asegura que las decisiones públicas no sean influenciadas por posibles beneficios, o que la información obtenida por un funcionario público en su paso por la administración, sea utilizada de manera inadecuada; la segunda, es la prohibición de que los familiares de altos funcionarios de la rama jurisdiccional y de la organización electoral se vinculen al ejecutivo", destaca el mismo proyecto.

Así mismo, se crean tres modalidades de protección para los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción: una en la que el denunciante podrá pedir un evaluador diferente de su actividad cuando los hechos que denuncie involucren a su jefe directo; otra en al que se establece como falta disciplinaria la realización de represalias contra quien denuncia y una tercera en la que se hace cesar actos que se profieran en contra del trabajador por haber denunciado hechos de corrupción, incluida la posibilidad de restituirlo en el cargo.

Se crea un Certificado Único de Antecedentes, que incluirá información disciplinaria, fiscal y penal de las personas, el cual será administrado por la Procuraduría General de la Nación y para ello las otras entidades están en la obligación de alimentar con información la base de datos. Este certificado deberá ser solicitado por las entidades públicas que vayan a hacer nombramientos o a hacer contratos statales.

El proyecto también, amplia el límite de la prescripción para los delitos contra la administración pública, a 30 años; para la Acción de Repetición, a 10 años e igualmente para la responsabilidad fiscal y para la acción disciplinaria.