Colombia después del magnicidio de Luis Carlos Galán

Tras el asesinato de Luis Carlos Galán surgió la frágil ilusión de una posible reconciliación política, pero en realidad fue el comienzo de una cruel sacudida de violencia.
La historia que Colombia continúa escribiendo después del magnicidio de Galán

Luis Carlos Galán fue asesinado cuarenta años, cuatro meses y nueve días después del sacrificio de Jorge Eliécer Gaitán. Ese 18 de agosto de 1989 no hubo los disturbios, los saqueos, los incendios y los muertos que casi acaban con Bogotá el 9 de abril de 1948. Los bogotanos decidieron desahogar el dolor y la rabia en una manifestación pacífica de más de un millón de personas el día del entierro de Galán. Luego, en las elecciones del año siguiente, repitieron el homenaje votando masivamente por César Gaviria Trujillo, quién había heredado la candidatura presidencial del caudillo. 

Estos hechos presagiaban un después muy distinto al de Gaitán. Anunciaban que con la muerte de Galán se cerraría un ciclo de violencias y empezaría la reconciliación de los colombianos. El ambiente parecía muy distinto al que se respiraba después del Bogotazo. Luego del 9 de abril la mancha de la discordia se extendió por todo el país con una rapidez asombrosa y en dos años las llamas de la violencia liberal-conservadora se alzaban en las regiones más recónditas de la geografía nacional. En cambio, a la muerte de Galán sucedieron las negociaciones de paz con cinco organizaciones guerrilleras, la muerte de Pablo Escobar y el desmantelamiento del Cartel de Medellín, la promulgación de la Constitución de 1991 y la reducción de todos los indicadores de violencia. Fueron años de ilusión y de esperanza.

Duraron poco. En 1995 hubo un doloroso quiebre. Volvieron a crecer todos los fenómenos de violencia. Este ciclo llegó hasta el 2005. Fue una década feroz. En ese lapso se produjeron el setenta por ciento de las víctimas de esta guerra que en el año 2014 ha cumplido cincuenta años. Es el cálculo que hace el Grupo de Memoria Histórica que dirigió Gonzalo Sánchez por encargo del Gobierno y que durante siete años indagó sobre las diversas violencias que asolaron el territorio de Colombia después del nacimiento de las guerrillas. Hay allí una ironía brutal. Son el mismo número de años de la violencia liberal-conservadora desde 1948 hasta el pacto del Frente Nacional de 1958. En estos dos periodos hay dos años pico. Para el primer periodo fue 1958 el momento de más homicidios, precisamente el año en el que termina el ciclo. Para el segundo, fue el 2001. Esta información la confirma el Grupo de Memoria Histórica, con los datos del Iepri de la Universidad Nacional y con aportes del Cerac. 

Ahora bien, no solo aumentaron los civiles muertos, también se produjo un singular escalamiento de los secuestros, las desapariciones forzadas, las masacres, las torturas, el desplazamiento y el exilio. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha dicho que fueron seis millones setecientas mil víctimas en todo el periodo. De manera que en los diez años reseñados no tendríamos menos de cuatro millones. Terminamos el siglo XX y comenzamos el siglo XXI con un brutal reguero de sangre.

Hoy podemos afirmar que la maldición que vino con la muerte de Galán no fue menor a la que trajo el asesinato de Gaitán. No llegó inmediatamente, se demoró cuatro años, pero las consecuencias fueron parecidas. 

 

 

Cruzar los límites morales

Con la muerte de Galán se envalentonaron todas las violencias. Los narcotraficantes y paramilitares descubrieron que en las élites políticas había divisiones temerarias. Gente que estaba dispuesta a aliarse con las fuerzas ilegales para escalar en el poder y controlar territorios o parcelas del Estado. Gente que estaba dispuesta a participar en una cruzada de muerte contra las fuerzas de izquierda, pero también tenía la sangre fría para ordenar el sacrificio de sus propios copartidarios si estos se le atravesaban en el camino. Buscaron la alianza con estas fuerzas y la lograron. Todas las barreras éticas se empezaron a derrumbar. Una parte de las élites políticas que ya no sentían la voz de Galán fustigándoles por su connivencia con los narcotraficantes se descararon y acudieron abiertamente al convenio con los ilegales. Un número impresionante de parlamentarios, de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados se ligaron a los paramilitares dando origen al fenómeno de la parapolítica. A la fecha han sido condenados 61 parlamentarios por estos hechos y 60 más tienen investigaciones abiertas.  

Las guerrillas, que también habían sufrido la persecución y la muerte de líderes políticos, y las organizaciones que tenían alguna afinidad con su proyecto de revolución y que no se sintieron representadas en la Constituyente de 1991 –que vieron morir a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro– se fueron a lo profundo de las montañas a construir un ejército para amenazar el poder local y disputar a sangre y fuego el territorio con la alianza que habían configurado las élites políticas regionales, sectores empresariales y fuerzas ilegales. Echaron mano del narcotráfico y del secuestro para hacerse a grandes recursos económicos con destino a la guerra. Aumentaron sus efectivos a más de veinte mil. A finales del siglo pusieron en jaque al poder local y más de cuatrocientos alcaldes fueron amenazados, muchos de ellos obligados a gobernar desde las capitales del departamento. Instalaron once frentes guerrilleros en los alrededores de Bogotá y uno en la propia capital. Se convirtieron en una amenaza real para la institucionalidad del país. 

Todo esto ocurrió después de la muerte de Galán. Las élites políticas regionales consideraron que la reforma constitucional de 1991 había ido muy lejos. Que el pluralismo político y la variedad de derechos que allí se consagraban amenazaban seriamente su predominio en los territorios y su influencia en la política nacional. En cambio las FARC y el ELN consideraban que la reforma se había quedado muy corta. Que allí no estaban sus aspiraciones económicas y sociales, ni su pretensión de un acceso rápido al poder del Estado. Unos y otros se alzaron contra la Constitución del 91. Los primeros se lanzaron a la captura ilegal de alcaldías y gobernaciones. Los segundos se propusieron destruir estas instituciones y crear su propio poder en importantes zonas del país. Fue una tenaza brutal contra la democracia trasparente, pluralista y participativa que había reivindicado Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

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El día del sepelio de Galán no hubo disturbios, saqueos o incendios. Los bogotanos desahogaron el dolor y la rabia en una manifestación pacífica de más de un millón de personas. Se pensó que era el cierre de un ciclo de violencia que daría inicio a la reconciliación.

 

 

Uribe y el fantasma de Galán

Con el triunfo de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones de 2002, los paramilitares y sus aliados políticos sintieron que había llegado la hora de normalizar y legalizar plenamente las grandes fortunas amasadas en la guerra y el poder político alcanzado mediante una negociación con el gobierno nacional. «Nos sentíamos en familia», dijo alias Ernesto Báez, recientemente, en una de las audiencias ante los jueces y fiscales de Justicia y Paz. Al tiempo que iniciaba esta negociación, Uribe lanzó la más grande ofensiva contra las guerrillas y empezó a propinarles golpes decisivos. Los más notorios, sin duda, fueron la destrucción de los frentes guerrilleros que asediaban Bogotá mediante las operaciones Libertad uno y Libertad dos, y la expulsión de las FARC de la comuna 13 de Medellín mediante la operación Orión. Para 2005 se había culminado la desmovilización de los paramilitares y las FARC se estaban replegando hacia zonas profundas de las montañas y las fronteras, abandonando así los grandes centros de población y producción. Entre 2005 y 2008 volvieron a caer todos los índices de violencia. Fue un periodo similar al de 1990 y 1994. Todo parecía perfecto. 

Pero empezó a despertar el espíritu de Galán y su crítica implacable a la corrupción y a las mafias del narcotráfico. Importantes sectores políticos, medios de prensa, investigadores académicos, instituciones judiciales y organismos internacionales pusieron sus ojos en la negociación con los paramilitares y empezaron a cuestionar que se les diera estatus político y a criticar su persistencia en negocios ilegales. Veían con buenos ojos que se desmovilizaran, se desarmaran y se sometieran a la justicia, pero empezaron a descubrir sus nexos profundos con un sector de la clase política y su intención de continuar la cooptación del poder local. Empezaron a destapar verdades dolorosas. Comenzó el juicio a la parapolítica y se inició también la desmitificación de los jefes paramilitares. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación tomaron las riendas del proceso. Uribe se vio obligado extraditar a los principales jefes paramilitares. Los mandos medios desertaron de la negociación y empezaron a conformar las bandas criminales. 

Las guerrillas por su parte se reorganizaron para sobrevivir y buscar la oportunidad de unas negociaciones de paz. Habían perdido la ilusión del triunfo. Sabían que acudiendo a sus viejas tácticas de guerrilla, a la dispersión en pequeños grupos, a la utilización de armas artesanales, a la recomposición de sus relaciones con la población civil en sus territorios tradicionales, podían sostenerse y empezar nuevamente a golpear a la fuerza pública y a presionar a la sociedad y al Estado, pero ya no tendrían ningún chance de llegar al poder por la vía militar. Encontraron en Santos la oportunidad de unas negociaciones de carácter político y la aprovecharon. 

En esas está el país 25 años después de la muerte de Galán. Tratando de desbaratar completamente el gran poder político que alcanzaron las mafias y el crimen organizado e intentando una salida negociada con las guerrillas para superar el conflicto armado que ha sacudido a Colombia en los últimos cincuenta años. La superación del narcotráfico y de la violencia, la construcción de una democracia profunda, lo mismo que la modernización del país, banderas por las que luchó Galán, son aún los grandes retos de la Colombia del siglo XXI. 

 

Fotos: Archivo El Espectador