Abogados, expuestos a la corrupción

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Existe cierta tendencia en la sociedad a percibir al abogado como el profesional que, por solucionar el problema del ciudadano, la entidad o la empresa, está dispuesto a todo y puede torcer hábilmente los límites legales para darle la razón a su cliente. Ese defensor de los intereses particulares se percibe como alguien desprendido de toda consideración ética, que camina en el límite de la legalidad y la ilegalidad sin que interese mucho lo que es justo o no. No en vano existe la expresión popular del “abogado del diablo” como aquel que es capaz de hacer cosas incluso en contravía de sus propias convicciones. Y si hablamos de los que administran la justicia, como magistrados, jueces, fiscales  y otros, no escapan al señalamiento de corrupción.

Esta percepción no es gratuita, pues el tribunal de ética de la profesión en Colombia, que opera mediante las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, condenó entre 2017 y 2018 a más de 1.400 abogados con sanciones que fueron desde exclusión de la profesión, hasta la suspensión, censura y multa. ¿Pero en qué ámbitos el abogado puede resultar involucrado en casos de corrupción?

El ejercicio de la profesión

A pesar de que cuando el abogado se encuentra en cualquier labor jurídica ejerce y pone en práctica su profesión, se ha entendido esta expresión como la defensa de intereses particulares ante otros particulares y las autoridades judiciales y administrativas. Aquí encontramos desde los profesionales del derecho que litigan individualmente hasta los que lo hacen en bufetes de abogados de todos los tamaños y especialidades. Dentro de las prácticas más reprochables están aceptar la gestión en casos que ya están llevados por otros colegas sin el respectivo paz y salvo, incurrir en prácticas dilatorias dentro de los procesos, apropiarse del dinero de sus clientes sin hacer la gestión para la que fueron contratados, manipular indebidamente bienes o dineros recibidos en desarrollo de su gestión y aconsejar a sus clientes para realizar actos fraudulentos contra particulares o el Estado.

La administración de justicia

Los actos irregulares que se cometen dentro de la administración de justicia con el fin de sacar ventaja en favor de los intereses particulares involucran a abogados particulares y funcionarios de la administración de justicia y estos hechos han tocado a nuestro país, desde magistrados de las altas cortes hasta funcionarios que manipulan el reparto de procesos. En este catálogo, que generalmente termina en investigaciones penales, se encuentran, entre otros, los delitos de cohecho (soborno), concusión (exigencia de dinero) y prevaricato (pronunciamientos judiciales contrarios a la ley). 

La contratación estatal y la administración pública

Siendo la contratación estatal uno de los focos de mayor corrupción, esta no es ajena a la participación de abogados que incurren en hechos irregulares en dichos trámites. Durante mi experiencia como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, liderando por más de cinco años el denominado caso del carrusel de la contratación en Bogotá, pude percibir que estos hechos se consolidaban en las direcciones jurídicas de las entidades estatales manejadas por abogados. Así mismo existían abogados intermediarios y representantes de contratistas dedicados a darles apariencia de legalidad a los sobornos a través de contratos ficticios de comisión de éxito.

Prevención y ética

No hay duda de que el fenómeno de corrupción tiene raíces en la deficiente formación del individuo en la sociedad por medio de la educación, en el modelo de profesional exitoso que se ha creado y en el sesgo de valores tales como honestidad y justicia, y estos hechos no son ajenos al mundo del derecho. Sin embargo, son también muchos los abogados que como magistrados, jueces, fiscales, funcionarios públicos, litigantes y representantes de intereses públicos y privados actúan con ética, no solo en función de su rol sino en función de la justicia. Y para que sean muchos más abogados así, es indispensable trabajar en modelos educativos cada vez más responsables frente a la sociedad que queremos e igualmente en programas preventivos de corrupción del sector público o privado, en donde los protagonistas sean los mismos profesionales del derecho.

*Abogado penal y docente de la Universidad Externado de Colombia.