Para alcanzar la igualdad de género se debe, necesariamente, transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer. "Debemos enseñar a los jóvenes a construir relaciones que sean de complementariedad, no de coacción ni violencia" declaró la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Luiza Carvalho.
Alrededor de 60.000 mujeres son asesinadas cada año en Latinoamérica, algo que Carvalho atribuye a una "cultura machista" que se mantiene debido a la connivencia de la sociedad y a unos sistemas de justicia deficientes que lo hacen posible.
"Si la justicia demostrara que tiene capacidad de respuesta y cero tolerancia a la impunidad, esto llevaría a un cambio de actitud", sentenció la directora, quien considera que el hecho de que muchos crímenes quedan sin castigo perpetúa la violencia. También señaló la importancia de trabajar en los vínculos entre hombres y mujeres para acabar con esta lacra, mediante un proceso de concienciación por el que tiene que pasar toda la sociedad.
Muchos hombres creen que acosar a una mujer en la calle, manosearla, amenazarla o mantenerla en una situación de dominio en su propia casa es algo normal, en este sentido, subrayó la necesidad de involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia y educar nuevas masculinidades que promuevan relaciones de igualdad y de equidad y fomenten una cultura en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.
"La educación es fundamental porque refuerza los valores y enseña a los jóvenes cómo comportarse en sociedad", dijo Carvalho, que explicó que en América Latina las mujeres que sufren más violencia son las que tienen entre 15 y 19 años. La mayoría de los feminicidios son prevenibles, puesto que suele haber un patrón de comportamiento violento por parte del varón que se repite con el paso del tiempo hasta terminar en asesinato.
Por eso, llamó a los gobiernos a hacer un esfuerzo por recoger datos que ayuden a cuantificar la violencia y a proveer servicios de calidad a las víctimas que soliciten apoyo. En muchos países de la región existe una ausencia de recursos para responder a esta problemática, por lo que la solución pasa por adoptar compromisos desde los gobiernos y organismos públicos hasta el aparato judicial, que se materialicen en la aplicación de leyes y políticas públicas.
Carvalho destacó el modelo de ciudades seguras, un programa ya implementado en ciudades como Quito y Río de Janeiro, que cuenta con un protocolo de cuidado de áreas públicas, así como de prevención y respuesta al acoso sexual, para que las mujeres se sientan seguras al caminar por la calle o al acceder al transporte público. "En sitios donde la mujer debería sentirse más protegida es donde con mayor frecuencia es víctima de violencia de género", argumentó.
Además, las secuelas del maltrato y el asesinato de mujeres y niñas tienen un costo que paga toda la sociedad, puesto que no sólo conllevan gastos médicos y emocionales, sino también aquellos que afectan tanto a los presupuestos nacionales como a los de los hogares por la pérdida de ingresos y de productividad. "No se valora lo suficiente el aporte y la presencia de la mujer en la sociedad...La promoción de la autonomía física, política y económica de la mujer deben caminar juntas", declaró.
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