Pablo Felipe Robledo, el cazador de los carteles empresariales
Lleva dos años luciéndose como superintendente de Industria y Comercio. Varios medios de comunicación dijeron que el 2013 había sido su año, pero este abogado externadista, que ha crecido bajo el ala política del vicepresidente Germán Vargas Lleras, se superó. Tuvo muchos méritos para mostrar, pero sin duda el más sonoro y por el que pasará a la historia, fue haber descubierto y denunciado –en agosto y luego en noviembre– la presunta existencia de dos carteles: el de los pañales desechables para bebé y el del papel higiénico. Eso significa, ni más ni menos, que levantó pliego de cargos a siete empresas por violar el régimen de competencia para aumentar artificialmente el precio de esos productos durante quince años y fijar su calidad y formas de comercialización.
Semejantes anuncios no dejaron de levantar ampolla. Las empresas investigadas se quejaron porque se enteraron de los procesos por los medios de comunicación. Y dijeron que no era necesario publicitar un levantamiento de pliego de cargos cuando no hay aún una sanción en firme. Pero Robledo no está hecho para mirar atrás. Asegura que la SIC tiene más presente que pasado y defiende su gestión. Al fin y al cabo las cifras lo favorecen. Gracias a que le aumentaron el presupuesto a la entidad –de 38 000 millones en 2009 a 120 000 millones este año– hoy tiene el doble de empleados que hace dos años. Pero lo que más destaca son las herramientas legales que le han otorgado y gracias a las cuales pudo poner en marcha el programa de beneficios por colaboración para desmantelar los carteles. La empresa que confiese y aporte pruebas puede salvarse de pagar una multa que sobrepasa los 60 000 millones de pesos. Antes, la multa era de mil millones, cifra exigua para una gran compañía.
Tras la reestructuración de la SIC, se creó una dirección de atención a consumidores en telecomunicaciones. Eso se ha traducido en que las multas a las empresas del sector por fallas en la atención de sus usuarios pasaron de 25 000 millones de pesos, los años anteriores, a 100 000 millones de pesos este año. Y para el año entrante quiere más: contarle al país si existen o no carteles del cemento o del azúcar, lograr la baja sustancial de los precios en pañales y papeles higiénicos y demás, y seguirles la pista a otros tres presuntos carteles más.