«Con $360.000 millones al año se protegen 7.500 colombianos», director de la Unidad Nacional de Protección
Tan pronto me abre la puerta de su apartamento, las paredes de ladrillo con pósters pop art con rubias coloridas me hablan de un hombre soltero descomplicado. Todo a su alrededor tiene un aire moderno, la mesa blanca, la lámpara de pie muy roja y el sofá negro muy bajo. Sin embargo, hay algo extraño y pesado que se sale de ese universo de muebles claros y ligeros. Está ahí sobre la chimenea como un ojo lúgubre en un rostro risueño. Es un pequeño cuadro con un discreto marco dorado y adentro un pedazo de tela raído y pintado. Mi anfitrión, como en cualquier visita guiada de museo, frente a la obra, ilustra a su público: «Es un regalo de una de las primeras personas que mi papá, Alberto Villamizar, logró liberar en calidad de zar antisecuestro, después de lo que vivimos con mi mamá y mi tía, quienes también estuvieron secuestradas. Al salir del cautiverio, Francisco Ruiz le hizo ese cuadro y, como mi papá falleció en el 2007, yo lo heredé y lo tengo ahí como recuerdo de él y de su trabajo por los secuestrados».
De su papá también recuerda la mañana del 22 de octubre de 1986, frente a su casa, abajo de la carrera 15 con 104, cuando «Los priscos», los sicarios de Pablo Escobar, dispararon una ráfaga de treinta tiros contra el carro de su papá. Milagrosamente ninguna bala lo impactó, pese a que el carro de la Cámara no era blindado. Y, para completar la historia, un par de detectives del DAS que estaban a pocas cuadras haciendo un allanamiento, sacaron corriendo a los sicarios. Eso fue tres años antes del asesinato de Galán, casado con su tía, Gloria Pachón, y cuatro antes del secuestro, en 1990, de su mamá, Maruja Pachón.
«Entonces, conviví desde chiquito con escoltas del DAS, los aprendí a conocer desde que tenía diez años y me marcó profundamente la desprotección en la que estuvieron tantos colombianos valientes que lucharon contra la mafia, como Rodrigo Lara y todos los jueces, policías, periodistas, tantas personas que murieron… Para mí es un enorme honor poder trabajar, desde la Unidad Nacional de Protección, en la búsqueda por todos los medios posibles de una Colombia mejor, que no se parezca a la de los ochentas y principios de los noventas».
¿La gente qué le dice cuando lo identifica como cabeza de la Unidad Nacional de Protección?
Mucha gente me dice: «Usted es un yuppie, un burócrata de escritorio en Bogotá, a usted qué le van a importar las víctimas, usted no sabe qué es vivir la violencia». Esa es un poco la actitud de la gente, y yo digo que lo hacen de buena fe, porque ellos no tienen por qué saber mi pasado.
¿De cuántos colombianos se encarga usted de que no les pase nada?
A mí no me gusta pensar que soy el único responsable porque esta es una labor estatal donde participan muchas entidades, por ejemplo la Policía Nacional, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, pero sí hay una cabeza visible que está encargada de coordinar y estructurar todo el sistema de protección.
¿Cuánto colombianos protegen hoy?
Tenemos en este momento cerca de 7500 colombianos que tienen algún tipo de protección nuestra.
¿Cuántos en Bogotá?
La gente cree que nuestro trabajo se concentra en Bogotá porque la gente ve una cantidad de esquemas de protección, pero la gran mayoría de esos esquemas no son nuestros, son escoltas privados o escoltas de la Policía, de altos funcionarios. La mayoría de nuestros protegidos, más del noventa por ciento, está en zonas remotas y humildes del país, en los municipios más pequeños y apartados.
¿Cuántos de sus protegidos tienen escoltas?
De los 7500 colombianos con protección, 2500 más o menos tienen escoltas.
¿Cuántos escoltas maneja?
Aproximadamente estamos hablando de 3200.
¿De dónde salen tantos?
Nosotros tenemos un grupo de escoltas que son exdetectives del DAS, que fueron incorporados a la Unidad y ahora tienen el grado de oficial de protección. También contratamos el servicio de escoltas y tenemos en este momento cerca de 2800 escoltas contratados a través de empresas privadas.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
La inmensa mayoría de los escoltas son hombres, es una profesión históricamente enfocada a los hombres. Es un medio muy machista y yo he hecho un esfuerzo grande por vincular más mujeres. Lamentablemente creo que hay cerca de cincuenta mujeres únicamente en este momento. Ojalá si alguna mujer está leyendo este artículo y le parece interesante, se acerque a la Unidad y busque vincularse como escolta.
¿El mayor inconveniente del manejo de los escoltas?
Muchos están formados en esa lógica de la Colombia de hace diez o quince años, entonces mantienen una actitud muy agresiva y prevenida. Poco a poco les hemos ido enseñando que se puede proteger sin agresividad frente a la ciudadanía.
¿Qué es lo que tiene que hacer un escolta?
Es importante destacar que el único papel del escolta es garantizar que la persona mantenga su integridad y su vida. Muchas veces a los escoltas los ponen a cargar bolsas y eso entorpece su labor porque si el escolta tiene las manos ocupadas no puede reaccionar. Muchas veces los ponen a hacer trámites personales, los ponen de asistente personal, de hacer consignaciones en el banco, a sacar al perro. Nosotros en la Unidad hemos combatido estas prácticas porque eso genera dependencia a los esquemas. Queremos dignificar la labor del escolta.
¿Qué incluye el servicio de escolta?
Nosotros damos un apoyo muy completo, desde lo logístico, que incluye el combustible, el costo de los peajes, el mantenimiento de los carros, el seguro de los carros hasta la dotación lógica del personal, que incluye el chaleco antibalas y su arma de dotación. Ellos reciben viáticos para cuando viajan con el protegido y tienen que dormir por fuera y pagar un hotel y comer. Los escoltas también deben tener a la mano medios de comunicación para que estén en permanente contacto con el protegido.
¿A quiénes escoltan?
Hay un grupo importantísimo, por su tamaño y su relevancia, de líderes sindicales, que vienen a ser quinientos. Hay un número similar, más o menos, de defensores de derechos humanos. Hay otro grupo importante de servidores públicos, de los cuales los más conocidos son escoltados por la Policía. También hay un número importante de periodistas protegidos. Cerca de ochenta comunicadores tienen protección nuestra. Doscientas personas divididas entre líderes de tierras y líderes de víctimas cuentan con esquemas de protección.
¿Los líderes sindicales son la gran masa?
Líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
¿Y el grupo más pequeño?
Periodistas, son relativamente pocos.
¿Y qué hacen con el resto de protegidos?
No todos tienen carro blindado y escolta. Hay unos que solamente, por su nivel de riesgo, reciben un apoyo para reubicarse fuera de la zona de riesgo por un tiempo. También hay una labor muy bonita que no es tan conocida y es la que hacemos con comunidades indígenas y afrocolombianas. Nosotros como Unidad de Protección trabajamos de la mano con la Guardia Indígena en el Cauca, les damos entrenamiento y dotación. Ellos no aceptan escoltas armados ni carros blindados, sino que su propia guardia indígena los proteja. Hoy estamos protegiendo cuatro resguardos del pueblo Nasa y muy pronto serán dieciocho, o sea, la totalidad de ese pueblo en el departamento del Cauca, que son cerca de 180 00 indígenas.
¿Qué clase de dotación les dan a los indígenas?
Ellos han pedido un bastón de mando, que es el símbolo de la guardia indígena, un chaleco que llamamos tipo periodista, con el escudo de la guardia, también botas pantaneras, carpas para que puedan acampar en un sitio y prestar guardia permanentemente. Tienen machetes que no usan como arma occidental sino como herramienta de trabajo para quitar maleza.
¿De cuánta plata estamos hablando para proteger a 7.500 colombianos?
Empezamos con 120.000 millones al comienzo del gobierno del presidente Santos y ya vamos en 360.000 millones al año.
¡¿Son casi mil millones diarios?!
Exactamente, es un taxímetro de más o menos mil millones de pesos diarios en protección.
Y esos mil millones diarios, ¿en qué se gastan?
Lo más costoso son los escoltas, tenemos una nómina en este momento de cerca de 3200 y cerca de 2000 vehículos, entre blindados y no blindados. También, a ciertas comunidades indígenas y afrocolombianas, donde no hay carreteras, les damos lanchas, mulas y caballos para que se transporten.
¿Eso es una medida de protección?
Sí. Los dos factores más críticos para reducir la vulnerabilidad de un individuo o de un grupo es garantizar su movilidad y su comunicación. Una persona o un grupo de personas que esté inmóvil o incomunicado es altamente vulnerable. Entonces hay que garantizar su movilidad y su comunicación, de cualquier forma posible.
¿Hay otros gastos?
Nosotros damos los apoyos de reubicación. Pasajes aéreos para sacar a la gente de emergencia de un sitio, chalecos blindados. A diferencia de muchas entidades del estado, el 94 % de nuestro presupuesto se va en proteger y apenas el 6 % se va en gastos de funcionamiento interno de la entidad.
Esa función de protección, ¿es una función heredada del DAS?
Nosotros heredamos funciones de tres entidades. El DAS hacía protección y, como desapareció, asumimos la tarea de protección que ellos hacían. El Ministerio del Interior manejaba directamente un programa de protección que asumimos nosotros, y la Policía Nacional hacía estudios de riesgo para definir quién requiere protección; ahora los estudios de riesgo los hacemos nosotros.
¿Hay algo parecido en otros países a la Unidad Nacional de Protección?
Cuando el Gobierno iba a crear esto, se hizo un estudio de parte del Ministerio del Interior en el que se miró la experiencia de 27 países donde pudiera haber algo parecido. La conclusión fue que no hay nada comparable en ninguna otra parte del mundo. Porque los países que podrían tener esto no lo necesitan, y los países que lo necesitan, no tienen la capacidad institucional. Hay países centroamericanos que tienen unos niveles de homicidio y de violencia muy altos, pero no tienen los recursos para hacerlo.
¿Su trabajo se activa a partir de la amenaza?
Hay varias formas de activarlo. Se puede activar a través de una amenaza contra alguien o también, en algunos casos, hay contextos de riesgo sin necesidad de que haya una amenaza directa. Hay alcaldes en municipios tan azotados por la violencia de la guerrilla que es necesario protegerlos así no haya una amenaza directa; alcaldes en el Cauca, Caquetá, Putumayo, Arauca... Tenemos ciento veinte alcaldes ahorita con protección fuerte de la Unidad.
¿Cómo sabe si una amenaza es cierta?
Nosotros analizamos todas las amenazas que nos reportan, la gran mayoría, por ejemplo, de los panfletos que circulan son apócrifos. No son hechos por la organización o por la estructura que se identifica en el panfleto. Hemos identificado que algunos panfletos son firmados por las llamadas Águilas Negras y este grupo, según la Policía y la Fiscalía, no existe, son símbolos que se escogen para generar pánico y terror.
¿Hay muchas amenazas falsas?
Hay un fenómeno, y es triste decirlo, que se presenta en Colombia, que es el tema de las autoamenazas. Hay personas que tienen protección o que quieren tenerla, y para lograrlo se envían a sí mismos mensajes de texto o panfletos para soportar la solicitud de protección; algunas de estas personas ya han sido judicializadas.
¿Qué motivaciones tiene alguien para querer tener escoltas?
Como por mucho tiempo en Colombia hubo tantas amenazas y atentados, prácticamente toda la gente importante en política, en derechos humanos, en periodismo, tenía protección. Entonces, cuando se retira la protección en cierta forma algunos sienten que están perdiendo ese estatus de importancia. Por otra parte, hay gente que lamentablemente ve en esto un factor de comodidad, tener un vehículo y un conductor a cargo del Estado. Y, para rematar, como nosotros dentro del abanico de medidas de protección también otorgamos subsidios de reubicación o de transporte, no falta el que pretende solucionar su problema económico. Todo sin demeritar que hay personas que realmente están en riesgo y que realmente requieren la protección.
¿Es fácil retirarle a alguien la protección?
No es fácil retirar la protección cuando ya la han tenido bastante tiempo, porque realmente eso genera un gran sentimiento de inseguridad cuando uno ha estado protegido y de repente tiene que enfrentarse a vivir el mundo como cualquier ciudadano.
Puede crear adicción.
Un poquito, cierta dependencia.
¿Existe la moda de querer tener escolta?
No voy a dar nombres, pero sí he identificado casos de personas que, un poco llevadas por el boom de los escoltas, buscan tenerlos para sentirse más importantes.
¿Es fácil desactivarlos?
A veces sí y a veces no. Nosotros operamos bajo el principio de la buena fe, entonces tratamos de creerles cuando manifiestan graves amenazas. Si con las verificaciones que hacemos se logra detectar alguna anomalía, retiramos el esquema, pero muchas veces no es fácil.
¿Cómo acabar con esa moda inútil y nefasta?
Pues yo creo que hay personas que han hecho un esfuerzo grande. Por ejemplo, yo destaco el papel de Daniel Samper Ospina en Soho y su campaña de denuncia contra el abuso de los escoltas. Hay que hacer un cambio cultural. Ojalá logremos que en Colombia tener escoltas deje de ser un símbolo de estatus.
¿Qué es lo más complicado de su trabajo?
Nuestra gran responsabilidad es mantener con vida a las personas amenazadas, pero en el día a día, en la cotidianidad, le confieso que es más desgastante lidiar con las personas que no requieren protección y a quienes hay que retirársela o negársela cuando la piden.
¿Cuántas solicitudes tiene hoy en el escritorio?
Llegan un promedio de mil solicitudes de protección al mes. Un volumen alto es de servidores públicos, entre concejales, alcaldes, diputados, personeros...
¿Cuánto tiempo puede llegar a durar un servicio de escoltas?
Pues hay personas que tienen protección hace más de veinte años. Por ejemplo, algunas del M-19, del EPL, una parte del ELN, que fue la Corriente de Renovación Socialista Quintín Lame, todos grupos que firmaron la paz con el Gobierno de principios de los noventas. Estamos hablando de casi 25 años de protección. Nosotros reevaluamos una vez cada año para verificar si se requiere esa protección o no. Lo mínimo que debería durar la protección es un año y no hay límite máximo.
Hablemos de Luis Carlos Cervantes, el periodista asesinado recientemente después de quedar sin escoltas.
Este caso ha sido el más doloroso al que me he enfrentado. Es la única vez en la que hemos tomado la decisión de retirar un esquema de protección y que posteriormente la persona ha sido asesinada, desde que existe la Unidad Nacional de Protección. La información apuntaba a que la decisión lógica era retirar el esquema. Si yo pudiera echar para atrás el tiempo, obviamente, no hubiera tomado esa decisión. Si Luis Carlos Cervantes, el periodista asesinado, nos hubiera manifestado de dónde podrían venir las amenazas, no hubiéramos tomado esa decisión. Pero yo creo que, revisando cuidadosamente ese caso, con base en la información disponible, con base en todo lo que sabíamos y conocíamos de él, era la decisión lógica para tomar en ese momento pero, como le digo, pocas cosas me han producido tanto dolor como esa muerte.
¿Al mes, cuántos esquemas de protección desactivan?
Más o menos unos diez, con vehículo y escoltas, pero se activan veinte.
¿Qué sería lo ideal?
Yo soy de los pocos funcionarios en Colombia que desearía tener menos presupuesto, menos trabajo, menos oficio, ojalá no se necesitara nada.
Menos demanda.
Menos demanda, exacto. Yo sería feliz entregando mi cargo y que, en vez de 7500 colombianos, haya veinte o treinta con protección, como sucede en un país normal, pero mientras se mantengan el conflicto armado y las mafias de narcotráfico, lamentablemente será necesario mantener este programa de protección.
¿Quiénes amenazan?
Hoy por hoy, la mayor cantidad de amenazas viene de las Bacrim, que son los grupos de narcotraficantes herederos del paramilitarismo. En segundo y tercer lugar, yo creo que las guerrillas de las FARC y el ELN. En cuarto lugar está otro tipo de actores, más delincuenciales o inclusive actores políticos. Lamentablemente en Colombia se dan amenazas entre rivales políticos, que puede que no trasciendan. Sin embargo, ha habido homicidios que luego se demuestra que fueron ordenados o motivados por rivales políticos.
¿En Colombia prospera la cultura de la amenaza?
Muchas veces, por las disputas de convivencia entre vecinos, se ha generado esa cultura de amenazar al otro, incluso se disfraza la amenaza como si proviniera de grandes grupos armados para generar más temor. A mí me duele que en Colombia exista la costumbre de amenazar. Hay alumnos que amenazan a los profesores porque los hacen perder una materia.
¿No cree que con la posible firma de la paz con las FARC, se multiplicaría su trabajo?
A algunos de ellos habrá que protegerlos, como se hizo con el M-19 en su momento. Si bien a corto plazo se puede incrementar, repito, el beneficio neto va a ser mucho más positivo que negativo a mediano y largo plazos.
¿Hasta cuándo vamos a necesitar de sus servicios?
Hasta que el presidente lo diga. Una unidad de este tamaño probablemente sea necesaria por lo menos unos cinco años más. Ya después es muy posible que esto empiece a disminuir significativamente.
La gran enseñanza de su trabajo, para usted, hasta hoy.
La gran enseñanza es que hay que combinar el corazón y la razón para poder hacer este trabajo, proteger a quien lo necesita y detectar aquellos que buscan aprovecharse del sistema.
Una persona que coordina la seguridad de tantos protegidos, ¿recibe muchas amenazas?
Nunca he recibido una amenaza directa desde que estoy en el cargo, jamás. Lo que pasa es que tampoco puedo dar papaya, y mal le haría al Gobierno exponer la credibilidad del programa de protección. ¿Qué tal que le pase algo a la persona encargada de proteger? Por eso tengo un esquema mínimo y me siento completamente seguro y tranquilo con ellos, que son hombres profesionales.
Fotos: Inaldo Pérez