La otra guerra de Trump

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La peligrosa guerra de poderes entre Donald Trump e Irán ha opacado otra insospechada batalla interna del mandatario, con consecuencias incalculables para los sectores vitivinícolas y de restauración de Estados Unidos y el Viejo Mundo.

El detonante es un tributo digital anunciado por la Unión Europea para gravar los ingresos de firmas como Apple, Google, Facebook y Amazon, que explotan su mercado sin pagar tributos. Para Trump, esa decisión es injusta. Y también tacha de desleal el programa de incentivos otorgados por la UE a Airbus, la compañía aeronáutica europea.

Por todo esto, Trump introdujo en octubre un arancel del 25 % contra productos del Viejo Continente, que incluyen vinos de origen francés, español y alemán. Peor aún, acaba de subirles la presión con una propuesta más draconiana: un arancel del 100 %.

Aunque Trump y sus asesores creían que la estrategia favorecería, principalmente, a las bodegas californianas, estas mismas han rechazado el anuncio señalando que el gravamen causaría estragos incalculables en los negocios de vinos, restaurantes y de hospitalidad. Se trata de un mercado valorado en más de US$3.000 millones. Sorprendidos, se preguntan: ¿por qué Trump siempre elige la confrontación en vez del diálogo?

Algo que el presidente y sus asesores tampoco quieren ver es que la comercialización de vinos y productos gastronómicos depende de redes globales compartidas, tanto en términos de transporte como de distribución. Una tarifa del 100 % afectaría de raíz a muchas de estas compañías.

Los mismos bodegueros norteamericanos –a quienes Trump creía estar ayudando– dependen de estas plataformas para llegar a los mercados locales e internacionales. Con varias de ellas colapsadas o cerradas, el futuro del propio sector vitivinícola norteamericano estaría en riesgo.

Además, el consumidor local, acostumbrado a un entorno de libre competencia, vería reducida la oferta, con el agravante de que los pocos productos disponibles alcanzarían precios exorbitantes. Esto llevaría a un retroceso en la calidad y complejidad de los productos disponibles, así como a un cambio de hábitos de consumo.

Colombia ha vivido un viacrucis similar desde la introducción de la nueva Ley de Licores en 2016.

Los incrementos impositivos contemplados por dicha norma aniquilaron más de un centenar de empresas y provocaron desempleo en un sector especializado, además de concentrar el negocio en productos masivos de bajo costo, desmejorando la oferta de valor de la gastronomía colombiana, justo cuando se hablaba de convertirla en un nuevo motor del turismo.

Ante el fracaso del nuevo sistema, las gobernaciones departamentales han solicitado modificar la ley, pues sus regiones, que supuestamente iban a verse favorecidas con los nuevos tributos, han experimentado, por el contrario, un retroceso.

Y esto es porque los consumidores, que siempre actúan con sentido común frente a lo que amenaza sus bolsillos, optaron por comprar menos y más barato, o por no comprar. Y tal comportamiento ha mermado de manera directa los ingresos del aparato impositivo del sector.

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