La tarea nacional de mejorar la regulación

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“Resolver el reto de la productividad pasa también por contar con regulación de calidad”, afirmó hace poco Rosario Córdoba Garcés, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, en una columna en Portafolio. Y más adelante señaló: “Hay al menos dos frentes en los cuales es esencial que el actual Gobierno avance de manera decidida: consulta pública de proyectos regulatorios y Análisis de Impacto Normativo (AIN)”. 

Sobre la consulta pública, el centro de la propuesta es la adopción de un período de treinta días y el establecimiento de un Sistema Único de Consulta Pública. Y en relación con el Análisis de Impacto Normativo, definido en la columna como “la estimación rigurosa de los costos y beneficios de la regulación y su comparación frente a otras alternativas de política pública”, la propuesta se enfoca en hacerlo obligatorio para la rama Ejecutiva y en la creación de una instancia que coordine la calidad de los AIN de normas “cuyo impacto sea potencialmente significativo”.

Concuerdo con la columna de la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, entidad que ha tenido un liderazgo importante en el posicionamiento de la mejora regulatoria en la agenda nacional. Y quisiera llevar la conversación sobre este tema hacia la pregunta sobre cuál debería ser el rol de las universidades para que la consulta pública y el AIN, efectivamente, puedan ser útiles para el bienestar.

Aplicar la consulta pública y el AIN no es tarea sencilla. En el Reino Unido, por ejemplo, en el período que va desde 1998 hasta 2007, las evaluaciones de la National Audit Office (NAO) y de la British Chambers of Commerce (BCC) sobre la calidad de los Análisis de Impacto Regulatorio han revelado muchas debilidades, como señalan Baldwin, Cave y Lodge. En sus muestras, la NAO encontró problemas en la identificación de los objetivos de la regulación, ausencia de alternativas al proyecto regulatorio bajo examen, preparación tardía para impactar la decisión, precarias valoraciones de costos y beneficios e incluso percepción de los AIN como ejercicios con poco rigor por parte de quienes toman las decisiones. Por su parte, la BCC encontró valoraciones de costos sin evidencia importante, que solo en el 10 % de los AIN se había contemplado la opción de no regular y que en su mayoría no contemplaban mecanismos de revisión (sunset clauses).

De hecho, los mismos autores explican que existe evidencia de que los AIN pueden desincentivar el desarrollo de diseños regulatorios acordes con lo que se ha denominado “regulación inteligente”. La regulación inteligente, por ejemplo, promueve la combinación de instrumentos; sin embargo, los AIN tienden a incentivar que los funcionarios se decidan por soluciones más simples, con el propósito de hacer el AIN con facilidad. Los AIN son ejercicios costosos, que tienden a entrar en conflicto con racionalidades regulatorias diferentes de la eficiencia y con las dinámicas políticas (por ejemplo, cuando el AIN arroja conclusiones desfavorables en relación con una promesa de campaña).

Frente a este retador contexto, mi propuesta es que las universidades participemos mucho más activamente en la mejora regulatoria en Colombia, aprovechando el camino abierto por el DNP, la OCDE y organizaciones como el Consejo Privado de Competitividad. En primer lugar, creo que tenemos una responsabilidad importante en el rápido desarrollo de capacidades de análisis y diseño regulatorio no solo en el sector público, sino también en los equipos a cargo de estas tareas en las empresas y en las organizaciones de ciudadanos. Esto podría mejorar mucho el nivel del diálogo sobre proyectos regulatorios. En segundo lugar, creo que nos corresponde impulsar aquellos proyectos de investigación que se enfoquen en problemas regulatorios concretos. Y, en tercer lugar, creo que deberíamos convertirnos en los grandes proveedores de información para la actividad regulatoria. 

*Ph. D. de la Universidad de Oxford. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.