Los albaceas abusivos

Stephen Joyce y Lucía Izquierdo no se conocen y también coinciden en que ninguno de ellos conoció de veras al escritor de cuya obra abusa.

Stephen tenía apenas ocho años cuando su célebre abuelo murió de complicación de males en 1941 y Lucía no había nacido cuando su futuro suegro, Miguel Hernández, fue encarcelado por la dictadura franquista hasta que se pudrió en la cárcel en 1942.

Los dos son ejemplos perfectos del folclórico club del albacea literario abusivo. El primero, un hombre vulgar e ignorante, un payaso con poder, ha sido durante más de veinte años el terror de una de las cofradías más orgullosas del mundo crítico: los joyceanos, a los que prohíbe hasta estornudar si no acceden a sus “consejos” inanes, y todo porque alguna vez se sentó en el canto de James Joyce, mientras que doña Lucía pide el oro y el moro por los derechos de Hernández de cara al centenario del año entrante y no se contenta si no es Brad Pitt quien lo encarna en una película.

¡Oh cursilería inmarcesible! Las leyes que protegen los derechos de autor se hicieron para evitar abusos peores que estos: las ediciones piratas, los tirajes inconsultos, las viudas desprotegidas luego de la muerte en la miseria de algún poeta que se volvía famoso, si bien los legisladores se propasaron en el tiempo de protección otorgado y en las armas que pusieron en manos de gente como Stephen y Lucía. Aunque no desciendo de él, creo que como lector tengo una relación más intensa y cercana con Joyce que la de su abusivo nieto.

La idea invocada por Stephen a la hora de destruir miles de cartas que involucran a Joyce y a su hija Lucía (coincidencia), según la cual se debe proteger la intimidad de un hombre que murió en 1941 y cuyos contemporáneos han todos muerto ya, es ridícula. Desaparecido un artista o una persona célebre, conviene proteger la intimidad de algunos allegados durante, qué se yo, treinta años; luego, que se sepa todo.

El problema no es de dinero. Los lectores devotos no vemos ningún problema en que un porcentaje de lo que ganan las ediciones de un autor muerto vaya a parar a sus descendientes por un tiempo. El problema consiste en las decisiones arbitrarias, en las mutilaciones, en la publicación de fragmentos penosos, en la actitud mercachifle de ciertos albaceas. Los autores abusados por sus herederos conforman casi un quién es quién de la gran literatura del siglo pasado: Ted Hughes quemó parte de la obra de Silvia Plath, María Kodama, una señora entre idiota y agalluda, interrumpió la edición de las Obras Completas de Borges en La Pléiade, Dimitri Nabokov acaba de publicar por plata una novela incompleta que le hubiera dado vergüenza a su padre.

Y la lista sigue: Raymond Carver, Julio Ramón Ribeyro, Italo Calvino. Hubo autores, como Truman Capote, que tuvieron el tino de no dejar sus derechos a ningún sobrino agricultor, sino a fundaciones de propósitos loables. Otros pensaban, sin embargo, con un optimismo enternecedor, que eran de veras inmortales. El talento artístico raramente se hereda, y la falta de talento al parecer estimula la codicia.

También se sabe que al genio neurótico a veces lo cuida en su vejez una persona corta de luces (“Francisca Sánchez, acompáñame”). Los excesos descritos parten en últimas de un equívoco: ¿qué más da lo que piense un mediocre como Stephen Joyce sobre su abuelo? Es hora de revisar esa legislación absurda.

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