Reformitis mortal

No estoy de acuerdo con Daniel Coronell, Antonio Caballero y Cecilia Orozco, quienes piensan que la sentencia de la Corte Constitucional en favor de la convocatoria al referendo reeleccionista es pan comido.

Aparte de que podría aflorar por ahí el síndrome Iguarán, que consiste en la relativa independencia de más de un nombrado o ternado por Uribe al que luego no puede destituir, estamos ante una encrucijada decisiva y esto podría afectar el criterio de los magistrados, vengan de donde vengan. Por eso me parece más útil discutir los criterios de fondo que la Corte debería sopesar en ésta, la decisión más importante que ha enfrentado en casi veinte años de vida, que hacer vana futurología.

Los magistrados de la actual Corte, idóneos o débiles, hacen las veces de una junta de médicos a cargo de una paciente en grave peligro. Ahora bien, si la Constitución del 91 está en cuidados intensivos no es solo por el maquiavelismo orondo de los Valencia Cossios y por el desprecio del presidente Uribe, sino por la dramática facilidad con la que ha sido reformada en estos años.

Jorge Orlando Melo contaba casi 30 reformas, o sea, una y media por año. ¿Puede la Corte, con ello en mente, interpretar de manera laxa los requisitos para reformar la Constitución? Eso equivaldría a darle anticoagulantes a una paciente con una hemorragia masiva, es decir, a matarla. Por lo tanto, el caso más fuerte contra la convocatoria al referendo reside en el obvio despelote que rodeó el proceso legislativo, el cual, no se debe olvidar, hizo tránsito en un Congreso en caos por la parapolítica. Hubo abusos grandes, medianos y pequeños que, sumados, establecen un caso muy dramático de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento.

Sin embargo, la aguda reformitis padecida por la Constitución del 91 ha generado un subproducto inesperado: el abuso se volvió la norma y el desbalance corre el riesgo de volverse irreparable. La Rama Ejecutiva ha entendido con creciente descaro que le favorece debilitar la Constitución y reformarla en provecho propio, lo que pone a la junta de médicos ante una disyuntiva crucial: cada vez la reformitis entraña una mayor amenaza de muerte. La letra del articulado de la carta dice que los magistrados no se pueden pronunciar sobre el fondo de las reformas constitucionales, pero nadie previó que pasarían reformas cuyo objeto sea romperle el espinazo a la carta.

En mi opinión, la Corte ya dio el salto y estableció la jurisprudencia, contraria a la letra, de que una reforma no puede ser sinónimo de sustitución de la Constitución, o sea, de su muerte. Pienso, por ende, que así la Corte halle inconstitucional la ley de convocatoria al referendo por los muchos vicios de procedimiento que los colombianos vimos en vivo y en directo, también debería pronunciarse sobre el fondo, que no es otro que la necesaria supervivencia del régimen democrático y el adecuado balance de poderes.

Viene aquí una paradoja: para que sobreviva la Constitución, se debería impulsar una reforma constitucional que dificulte las futuras reformas constitucionales, aumentando los requisitos, por ejemplo, mediante la exigencia de una mayoría calificada de 2/3 en todos los debates de plenaria de una reforma constitucional.

Ya veremos si se salva o no la enferma muchacha del 91. No olvidemos que todos los colombianos somos, por fuerza, parientes suyos.