Las Farc no se han ido de San Vicente

Después de 10 años de la retoma militar por parte del Estado, este próspero pueblo sigue acosado por las Farc y la delincuencia común.
Las Farc no se han ido de San Vicente

Por las mismas calles que recorrían cerca de 17.000 habitantes y cientos de guerrilleros de las Farc hace 13 años, transcurre hoy presurosa la vida de 60.000 pobladores y decenas de militares y policías. El pueblo no es el mismo, dicen todos. No se trata solo de la explosión demográfica que ya tiene a este municipio con un angustioso déficit de servicios y un asfixiante problema de movilidad. “Quedamos con una marca de por vida: todos somos guerrilleros”, se quejan los sanvicentunos.

Y le recuerdan a este país desmemoriado que en octubre de 1998 fue el presidente Andrés Pastrana el que ordenó, sin consultarles a sus pobladores, que San Vicente del Caguán sería centro de los diálogos con la guerrilla y que haría parte de los 42.000 kilómetros desmilitarizados junto a Macarena, Vistahermosa, Uribe y Mesetas.

Hasta ese momento, San Vicente del Caguán no era más que un punto en el mapa de Colombia que muchos buscamos para saber dónde quedaba. Se desconocía su vocación ganadera, su bella geografía que se extiende en 22.000 kilómetros y que bordea entre la cordillera, la sabana y la selva amazónica. Algo se sabía de los frecuentes ataques de la guerrilla. Apenas se rumoraba que su tierra albergaba petróleo.

Y así llegaron todos. Primero los periodistas, luego los funcionarios estatales; les siguieron los curiosos, los políticos y dirigentes de todos los pelambres y hasta personajes como la reina Noor de Jordania y el presidente de la Bolsa de Nueva York. Al mismo tiempo se veían deambular civiles, guerrilleros vestidos de civil, civiles familiares de guerrilleros, civiles que querían ser guerrilleros, civiles que pedían a los guerrilleros la libertad de sus familiares. Los llamaron “turistas del despeje”.

La gran novedad fue ver guerrilleros uniformados y armados ejerciendo autoridad en un casco urbano. La atracción fueron las guerrilleras que se maquillaban coquetas mientras lucían terciado su AK-47. Lo más doloroso fue tener que doblegarse ante la autoridad de los ilegales. Algunos habitantes salieron en desbandada, unos regresaron a sacarle jugo a “la bonanza de la paz”. Otros no dudaron que sería la oportunidad para sus negocios y otros, tal vez los más, se quedaron resignados, mascullando su inconformidad.

Fueron 1.166 días de convivencia obligada, con varios amagos de ruptura entre las partes. Cada crisis del proceso les significaba a los habitantes de San Vicente una dosis de angustia. Se temía que el día que se levantaran de la mesa sobrevendría una guerra sin cuartel. Por eso aquella noche del 20 de febrero de 2002, cuando el presidente Pastrana anunció el fin de la zona desmilitarizada, la histeria se tomó las calles. Las gentes corrían sin sentido de un lugar a otro, muchos sacaron su trasteo sin rumbo definido, el único cajero electrónico del pueblo no dio abasto y otros se apresuraban a botar por el río motos, carros y cuanto elemento pudiera delatar algún asomo de ilegalidad.Esa misma noche los aviones y helicópteros artillados amenazaron con levantar los techos de los que se quedaron, nadie durmió con el traqueteo de los disparos. Al día siguiente, el comercio abrió tarde, mientras los primeros soldados entraban a pie. La desconfianza era mutua. La retoma del Estado resultó traumática, aumentaron los hostigamientos, la desaparición y el asesinato de pobladores (nadie tiene cifras porque el inspector de la Policía tuvo que irse, amenazado), y el encarcelamiento de los presuntos colaboradores de las Farc.

Julián Rodríguez es taxista. Pasó ocho meses en La Picota acusado de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo y después fue exonerado de los cargos. Su pecado, expresa, fue transportar por igual a guerrilleros y civiles. Al fin y al cabo todos pagaban por un servicio, pero en la Fiscalía tenían fotos donde él, o alguien que se le parecía, posaba con pistola al cinto; lo presentaron ante los medios como el Culebro.

“Me dolió mucho”, dice, porque en el pueblo sabían que antes del fin del despeje las Farc le mataron a un hermano y meses después tuvo que abandonar un pedacito de tierra porque la guerrilla lo sacó corriendo. Por el daño que le hicieron, demandó al Estado y los jueces fallaron a su favor. Su caso no fue el único. Solo el día que lo capturaron, en marzo de 2003, cayeron otros cuatro hombres.

La zozobra fue generalizada, los primeros dos años fueron los más críticos. El alcalde, los concejales y otros funcionarios tuvieron que irse a Florencia, amenazados por las Farc, mientras los combates espantaban campesinos de la zona rural. Se desarrollaba el Plan Patriota con toda intensidad. Los paramilitares, que habían esperado agazapados en pueblos vecinos, entraron sin previo aviso.

¿Cómo se explica que en medio de esa situación la población hubiera crecido de 9 a 46 barrios en estos ocho años? José Antonio Penagos, presidente de la Federación Departamental de Ganaderos, dice que el despeje les dio a ellos la oportunidad de pactar, con anuencia del mismísimo Manuel Marulanda, la comercialización de las reses en el pueblo sin tener que ir hasta Florencia a dejar las ganancias. Un par de meses antes del fin del proceso lograron concretar la idea.

“Nuestro pueblo siempre ha sido ganadero y gracias a eso su economía ha sobrevivido a todas las contingencias”, aclaran. Desde que fue colonizada por segunda vez hace 70 años, esta zona ha sido ganadera (la colonización cauchera fracasó). En los años setenta, Gonzalo Rodríguez Gacha montó su imperio en Caquetania (en una de sus pistas aterrizó Pastrana, siendo candidato, para pactar con Marulanda el despeje), mientras las Farc tejían su base social y la convertían en corredor para pasar a la Serranía de la Macarena, en el Meta.

Sus habitantes se acostumbraron a vivir de cerca el conflicto. El despeje les significó una tregua en la que tuvieron auge los cultivos de uso ilícito, el comercio y la ganadería. Pero después, la venta de base de coca decayó. “La gente no le ‘jala’ a eso, no lo necesitamos”, dice Luis Eduardo López Godoy, del comité de ganaderos del pueblo.

Este hombre, que lleva 25 años como ganadero, acaba de interponer una denuncia penal contra el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, por injuria y calumnia. El pasado 17 de enero, el dirigente gremial dijo que Luis Eduardo era el médico veterinario del Mono Jojoy y que el 70% del ganado que sale del municipio era de la guerrilla.

Con documentos en mano, López y Penagos muestran sus cifras: en época de despeje tenían 780.000 cabezas de ganado. Hoy, son 1’800.000. “Le aportamos a Fedegan el 75% de un salario mínimo diario por cada res que sale a matadero. Eso significa que le entregamos casi 3.000 millones de pesos por las 180.000 cabezas que enviamos al año al matadero. ¿Entonces el señor Lafaurie recibió plata sabiendo que era de la guerrilla?”.

Comentarios como estos les llegan como dardos a los sanvicentunos. Siempre se han sentido solos. Ni antes ni después del despeje han recibido atención del Gobierno nacional. Las principales carreteras o las construyó la guerrilla o las juntas de acción comunal y nunca vieron las inversiones que tanto anunció el gobierno de Pastrana. En la inspección de Los Pozos, donde se construyó Villa Nueva Colombia, la sede de los diálogos, solo quedaron un pozo de agua y una planta eléctrica, cuyo funcionamiento cuesta tres veces más de lo que se recauda por servicios públicos.

Parte de esa sede fue destruida el pasado 11 de enero por tres cilindros bomba que lanzaron las Farc contra la base militar que se instaló en los mismos predios donde guerrilleros y funcionarios del Gobierno se reunían para hacer la paz. Lo que quedó en pie fue saqueado y está en ruinas.

“Después de 10 años nos entregan las instalaciones destruidas”, dice desconsolado Vicente Rojas, rector del colegio de Los Pozos, quien no ha podido solucionar la falta de cinco salones para que los niños no reciban clase debajo de los árboles. Tiene apenas tres para 135 alumnos. La comunidad quiere construir allí un albergue para 100 niños que no han podido estudiar porque viven muy lejos. Algunos sueñan con aportes de las empresas petroleras para su proyecto.

Hace tres años se estableció allí Sinochem Group, compañía estatal china, que tiene a Emerald Energy como su operadora. Hace un año empezaron a sacar crudo de nueve pozos. Desde enero de 2011 han salido más de 314.000 barriles, fuertemente escoltados por unos 350 hombres del Batallón Cazadores, hasta Florencia. Pero Rosemberg Pineda, presidente de la Junta de Acción Comunal, dice que no han visto un solo peso de regalías. “El puesto de salud está cerrado hace siete meses”.

Autoridades y pobladores consideran que el petróleo no les ha traído nada bueno. Los informes de inteligencia del Ejército indican que las Farc han reforzado su presencia para atacar las caravanas presionando el pago de extorsiones (ya van cuatro atentados). El 6 de junio pasado secuestraron a cuatro ciudadanos chinos. Y solo después de mucha presión las petroleras accedieron a contratar mano de obra local. “Nos ven como guerrilleros”, se quejan los campesinos.

El alcalde de San Vicente, Domingo Emilio Pérez, quiere que las petroleras hagan aportes directos para financiar el Plan de Desarrollo que está concertando con las comunidades. “No los queremos aquí, sabemos que se irán y nos dejarán un gran daño ambiental, pero no podemos hacer nada para evitarlo. Pedimos manejo ambiental responsable y dinero para inversión social”.

Tal vez convencidos de que la explotación de petróleo les traerá mayores dividendos, las Farc aumentaron hace unos meses el valor de la extorsión que pagan todos los negocios en San Vicente. Los ciudadanos se movilizan hasta la vereda Guayabal para pagarle a alias Nilson y hasta Monterrey o El Retorno para pagarle a alias la Boruga.Después de 10 años de retoma del Estado, las Fuerzas Militares solo han logrado consolidar la seguridad hasta Los Pozos. Por la carretera destapada que conduce hasta esta inspección hay tres puestos de control del ejército. Son 390 hombres del Comando Específico del Caguán los que vigilan 29 kilómetros de carreteable y sus alrededores. Pero a unos 15 minutos del último retén militar, la presencia de la guerrilla se hace evidente en carteles que recuerdan a Alfonso Cano y al Mono Jojoy.

Los mandos militares aseguran que hacen operativos en profundidad, pero es evidente que la seguridad está garantizada para los complejos petroleros y para el transporte del crudo. Más allá la ley es de los “guerreros”. Los transportadores saben que después de las seis de la tarde no deben transitar por estas vías porque se exponen a pagar un millón de pesos de multa y los motociclistas no usan casco porque les cobran 500.000 de sanción.

San Vicente enfrenta, además, problemas como el aumento de mototaxis y la inseguridad. Las cifras, según el comandante de la Policía, Pedro Peña, han bajado con respecto al año anterior. Desde su oficina, convertida en búnker para albergar 150 policías, cuenta que en 2010 hubo 76 homicidios y que el año pasado la cifra llegó a 49, que la comparación en los hurtos es de 44 a 13 en el mismo periodo. Pero la percepción de los ciudadanos no mejora.