Habla la jueza que casó la primera pareja gay en Colombia

Carmen Lucía Rodríguez es católica, comulga todos los domingos y defiende su decisión por estar ajustada a la ley.  
Habla la jueza que casó la primera pareja gay en Colombia

En las puertas de un vetusto edificio de la calle 16 con carrera séptima, Carlos Hernando Rivera y Gonzalo Ruiz Giraldo recibieron una lluvia de arroz. Cobijados por una tímida sonrisa, se declararon felices porque tras veinte años de convivencia y una batalla jurídica sin precedentes en el país, se acababan de convertir, el pasado 24 de julio, en la primera pareja de homosexuales en unirse en una boda civil.

 

Los dos acababan de estampar orgullosos su firma en el contrato que elaboró la jueza 67 civil Carmen Lucía Rodríguez y que, con la solemnidad que amerita, les leyó y explicó durante más de tres horas.

 

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Carlos Rivera y Gonzálo Giraldo viven juntos hace más de veinte años. Despúes de la ceremonia, viajaron a Cuba a pasar su luna de miel

Foto: David Campuzano

 

Mientras la pareja anunciaba a los medios de comunicación que se iba de luna de miel a Cuba, esta bogotana de 56 años siguió con su trabajo sin darse cuenta de que afuera del edificio estallaba un enfrentamiento entre defensores y opositores del llamado matrimonio igualitario. Su decisión había desatado una lluvia de críticas y la ira de organizaciones que se declaran “defensoras de la familia” y del procurador Alejandro Ordóñez, quien se opone al matrimonio entre parejas del mismo sexo.

 

Carmen Lucía Rodríguez vive en una especie de burbuja. Hace muchos años decidió no escuchar ni leer noticias. Por eso aquel miércoles siguió estudiando expedientes y proyectando fallos sin ser consciente de la tormenta que había causado. Su rigidez había llegado al extremo de prohibirles a sus funcionarios, por escrito y verbalmente, atender a los periodistas o reportarle a ella las noticias alrededor de su decisión.  

 

Ya había pasado un mal rato porque unas horas después de proyectar su fallo supo que la presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango, tenía una copia. Fue tal su indignación que al día siguiente renunció a ese gremio, porque “no podía seguir afiliada a una entidad que no respeta la ley”.

 

De hecho, la jueza Rodríguez cree que esa filtración provocó una ola de amenazas en contra de su vida y la de los contrayentes. “Yo me muero el día que me toque, pero ¿con qué cara la administración de justicia le responderá a la sociedad? ¡Todo por la impertinencia de una jueza que dice representarnos!”.

Su vehemencia puede sonar exagerada, pero todo en la vida de esta mujer, de ancestros santandereanos, es así: radical. 

 

Ella misma se reconoce como exigente hasta la exasperación. En 2004, cuando pasó de ser jueza en lo penal a jueza civil, y sorprendida por los altos niveles de corrupción en esa rama, no tuvo reparo en pegar letreros en el juzgado pidiéndole al público y a los abogados no ofrecer dinero a los funcionarios. Para no dejar dudas, dejó explícita en el manual de funciones la prohibición de aceptar pagos. Se lamenta porque ha visto cómo los funcionarios que ha declarado insubsistentes por indicios de corrupción o por ineptitud, pasan a otros juzgados. 

 

Ella le achaca su rigidez a la educación que recibió de las monjas carmelitas. Y dice amar a Dios por encima de todas las cosas, se declara practicante, va a misa y comulga todos los domingos. Aun así no cree que su decisión vaya en contra de sus principios. Todo lo contrario. “Yo fui criada respetando a los demás sin importar cómo piensen o de qué estrato social provengan. Un cura amigo me dijo un día que cada vez que llegara un usuario a mi despacho le debía garantizar un juicio justo, no como el que le hicieron a Jesús”.

 

Bajo esa premisa defiende su decisión. Y cuenta que cuando recibió la solicitud de Carlos y Gonzalo, lo primero que hizo fue imprimir el fallo de la Corte Constitucional y, al siguiente domingo, ir al parque a leerla. Al final del día tenía claro lo que debía hacer.

 

En el último año, la decisión de casar a personas del mismo sexo se convirtió en “una papa caliente” que ninguna entidad del Estado quería resolver. Por una demanda ciudadana, la Corte Constitucional emitió el año pasado un fallo que para muchos se quedó corto. 

 

En primer lugar, aceptó que se estaban violentando los derechos de las personas del mismo sexo que querían unirse para formar una familia, y le ordenó al Congreso legislar en esa materia. Le dio plazo hasta el 20 de junio de este año para eliminar lo que consideró “déficit de protección que afecta a estas parejas”. Después de esa fecha, los notarios y los jueces estaban llamados a solemnizar estas uniones, aunque no se podrían llamar matrimonios.

 

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Carmen es bogotana y abogada con especialización en derecho penal y ciencias forenses en derecho constitucional

Foto: Gustavo Martínez

 

De allí en adelante, se generó un vacío institucional. El Congreso no legisló y los notarios se negaron a reconocer las uniones en esos términos. Se trenzaron en una fuerte pugna verbal desde el Procurador y el Fiscal General, hasta los congresistas, los activistas, los notarios, y representantes de la Iglesia Católica.

 

En medio de este ambiente, la jueza Rodríguez se sentó a proyectar su fallo. “Mi interpretación es que el déficit de protección de las personas que querían casarse se solucionaba casándolos, no por el contrato de matrimonio, sino por un contrato innominado, y ese contrato produce los mismos efectos civiles que el matrimonio civil”.

 

Una vez escribió el documento, sin consultarlo como hace siempre, siguió con su trabajo sin darle mayor trascendencia. “Yo nunca pensé en si el sacerdote que me da la comunión me iba a sancionar. Yo no he pecado, no tengo que ir a confesarme, no he contrariado a la Iglesia”. 

 

Y cuenta que se puso feliz el día que el papa Francisco –la semana pasada– aseguró que no juzga a las personas del mismo sexo que se aman. Se sintió afortunada por la casualidad de que el pontífice hubiera hecho semejante afirmación justo en estos momentos.

 

Se ríe contando que la acusaron de lesbiana y aunque prefiere evitar la confrontación, deja varias cosas en claro: que le duele la posición del Procurador, que respeta mucho al Fiscal y que le tienen sin cuidado las investigaciones que cursan en su contra en el Consejo Superior de la Judicatura. “Cada quien hace su trabajo”, dice.

 

Le queda una inmensa duda: ¿Por qué si otros jueces recibieron solicitudes antes o al mismo tiempo que ella, no se conocen sus decisiones? 

 

Y se atreve a hilvanar una respuesta: “Se mueren del susto porque el Procurador los tiene amenazados con llevarlos al tribunal celestial. No los juzgo, cada quien es dueño de su propio miedo”.