A cumplirle a la justicia, sin tanta pataleta

Una segunda instancia para Andrés Felipe Arias no puede ser interpretada como una hecatombe. Si la decisión de la condena en primera instancia es tan sólida, lo de esperar es que una segunda instancia esté de acuerdo y el resultado sea el mismo. / Foto: EFE

Cuando la institucionalidad se encuentra amenazada por voces que la acusan de sesgos inexistentes, las cortes no pueden perder el tiempo en discusiones ególatras sobre cuál de ellas tiene la razón. La pelea pública entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional solo sirve para darles herramientas a los abogados del exministro condenado Andrés Felipe Arias, cuya estrategia va a seguir siendo desacreditar a la justicia colombiana bajo la narrativa del mártir perseguido.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está molesta. Muy molesta. Tanto es así que, en un acto inusual para las instituciones, expidió un comunicado donde dice que “acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria (de la Corte Constitucional) que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años contra Arias”. Allí también se hacen críticas al cambio jurisprudencial en el tribunal constitucional y, en general, se demuestra un inconformismo que se lee como caprichoso. ¿Dónde queda la dignidad de la Rama Judicial?

El problema no es que los magistrados de la CSJ estén en desacuerdo con los de la Constitucional. Tienen, por supuesto, derecho a sus opiniones. Sin embargo, cuando la estrategia del uribismo y de los defensores de Arias es acusar de “política” a la Corte Suprema y usar cualquier excusa para deslegitimarla, estos choques son inoportunos y dañinos. ¿De qué sirve, en últimas, la pataleta?

Ya la defensa de Arias anunció que buscará recusar magistrados que no sean “neutrales”. Esto, en el marco de un discurso que, como mencionamos esta semana, no pretende atacar los hechos innegables del caso (el robo en el marco de Agro Ingreso Seguro, programa que el entonces ministro supervisaba), sino envenenar el pozo y seguir posicionando la idea de una persecución. Ante eso, la respuesta de la institucionalidad tiene que ser la total transparencia, la garantía de los derechos procesales y un juicio justo y eficiente.

Una segunda instancia para Andrés Felipe Arias no puede ser interpretada como una hecatombe. Incluso si otros casos se reabren, como es probable, la Corte debe atenderlos con la rigurosidad a la que nos tiene acostumbrados. La mejor manera de fortalecer la justicia es con decisiones claras, bien sustentadas y expedidas en derecho. Si la decisión de la condena en primera instancia es tan sólida, lo de esperar es que una segunda instancia esté de acuerdo y el resultado sea el mismo. ¿Habrá desgaste institucional? Sin duda, pero también se habrá resuelto el gran debate sobre el derecho a segunda instancia de los aforados.

No debe permitirse que la tesis de la prescripción procesal se imponga. Ahora que se reabren los procesos, la CSJ debe garantizar que todos los casos tengan decisiones de fondo. Sería lamentable para el país, para la democracia y para la lucha contra la impunidad que ahora, por tecnicismos, personas condenadas queden en libertad sin haber tenido un juicio completo. Por eso, el actuar de los magistrados de la Corte Suprema debe ser rápido y preciso.

Hay quienes desean aprovechar esta coyuntura para despedazar la reputación de las cortes. Les conviene en su estrategia política. Ante eso, la respuesta debe ser la de una institucionalidad respetuosa de las leyes, de la Constitución y de las garantías fundamentales que todo ciudadano tiene en un juicio. Lo demás es ruido innecesario.

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