Daniel Ortega y la pandemia en Nicaragua

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En momentos en que la región sigue enfrentando los embates de la pandemia, Nicaragua sufre los efectos de la indolencia de un gobierno negacionista. La forma con la cual Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han asumido el manejo del COVID-19 tiene al país sumido en una gran crisis. Mientras el dictador se ha escondido en algún sitio, y mantiene un silencio que solo rompe ocasionalmente, los hospitales y las morgues, en contravía de la verdad oficial, no dan abasto con las personas infectadas y fallecidas.

Hace unos días, un grupo de 645 profesionales de la salud habían alertado sobre la gravedad de la situación que estaban viviendo en los hospitales y clínicas privadas, donde los casos de pacientes con síntomas similares a los del COVID-19 aumentaban de manera preocupante. Expresaron que, “en el momento de inicio del ascenso de la curva de casos graves, aún es posible realizar acciones de mitigación que reduzcan el catastrófico impacto en la tasa de letalidad y en el sistema de salud”. El gobierno continúa sin tomar medidas drásticas. La Organización Panamericana de la Salud pidió a Nicaragua que acatara las medidas de distanciamiento social y la aplicación de más pruebas. No se ha hecho nada. El martes anterior, y ante la imposibilidad de ocultar lo que sucede, el régimen aceptó que el número de contagios pasó de 25 a 254 en una semana. Los expertos saben que la cifra es mucho mayor. El médico Carlos Quant, infectólogo, dijo que este “es un aumento exponencial del 140 % diario. Es una progresión rápida que puede duplicarse en dependencia de las medidas de contención que tomen (…). En otros países la curva se duplica cada tres o cuatro días, pero aquí es un incremento cada 24 horas”.

Hace unas semanas las autoridades emitieron una serie de disposiciones mediante las cuales se prohibió emitir diagnósticos de casos, mientras no tuvieran la certificación del Ministerio de Salud, único autorizado para el análisis de las pruebas. Dado que no se conocen los resultados, no se sabe qué sucedió con las 26.000 pruebas rápidas que fueron donadas al país. Por este motivo, se coloca como causa del deceso: “Neumonía atípica”. Las personas fallecidas son sepultadas mediante entierros exprés, generalmente en la noche o al amanecer. A los mismos no asisten los familiares y hay presencia policial. Como lo mencionó en un reciente artículo, en El País de España, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez: “Vivimos algo así como una lucha de clases sanitaria, con lo que el virus se ha vuelto un asunto ideológico. Negar que exista en Nicaragua, un deber revolucionario; prevenir contra su diseminación, una maquinación de la derecha”.

Desde que comenzó a mencionarse el peligro que se cernía sobre el mundo, y en especial para los países en vías de desarrollo, Ortega fue uno de los primeros en sumarse a la lista de jefes de Estado que de manera irresponsable minimizaron o ignoraron los avisos. Junto a sus pares de Estados Unidos, México y Brasil, prefirió acusar a quienes advertían de las graves consecuencias que traería la pandemia. En el caso concreto de Nicaragua, tanto el dictador, como su esposa, verdadero poder detrás del poder, convocaron marchas masivas para demostrar que el pueblo nicaragüense no les tenía miedo a los vaticinios de aquellos que llamaban a la puesta en práctica de medidas inmediatas de prevención y contención. En algunas de sus declaraciones públicas tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo instaron a los nicaragüenses a seguir trabajando y a no ponerles atención a las noticias negativas.

Las consecuencias de la actitud de Ortega y Murillo, como lo han señalado diversos analistas, tienen al país sumido en una situación que va a continuar empeorando con el paso de los días. Todavía están a tiempo de reconocer su error e iniciar una campaña masiva para enfrentar una pandemia que terminó por salírseles de las manos. Tienen que asumir las consecuencias.

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