:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/mWmLMW8zPb2th0BGd90I-ntDN2E=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/FNI4BUYHVFCB7D3PQFEUZ5CV6M.jpg)
El juicio contra una red de dopaje sanguíneo en el ciclismo comenzó este lunes en Madrid con el aplazamiento al martes de la declaración del doctor Eufemiano Fuentes, el presunto cerebro de la trama que no se plantea revelar los nombres de los deportistas con quien trató.
La jueza Julia Patricia Santamaría decidió posponer la declaración de Fuentes después que las cuestiones previas procesales, con las que comenzó el juicio, duraran más de lo previsto.
En las mismas, celebradas a puerta cerrada, las distintas partes y la magistrada hablaron "del objeto del juicio y de las peticiones de dos partes acusadoras", dijo a AFP el abogado de Fuentes, Julián Pérez-Templado.
Una de ellas pidió tener acceso a las muestras de sangre incautadas durante la operación conocida como Puerto y otra parte acusadora solicitó poder acceder al "ordenador del señor Fuentes" en las islas Canarias, según el letrado.
Pérez-Templado no aclaró qué partes acusadoras, de las seis personadas en el caso, hicieron estas solicitudes.
El abogado aseguró que Fuentes defenderá el martes que con su actividad "no se produjo nigún perjuicio para la salud pública de nadie" y que no se plantea identificar a sus clientes "aparte de los nombres que ya han trascendido".
Fuentes, que llegó al juzgado de lo penal de Madrid en medio de una nube de fotógrafos, será así el primero de los cinco acusados en declarar el martes.
Tras él, lo harán su hermana Yolanda, exresponsable médica del equipo ciclista Comunidad Valenciana, y los exdirectores deportivos Manuel Saiz (Liberty), Vicente Belda (Kelme) y José Ignacio Labarta (Comunidad Valenciana).
Según el fiscal, Saiz, Labarta y Yolanda Fuentes, contrataban los servicios de Fuentes y del médico José Luis Merino Batres (que no es juzgado por padecer Alzheimer, ndlr) "a cambio de una remuneración económica" para que llevaran a cabo autotransfusiones sanguíneas con el fin de aumentar el rendimiento de los deportistas.
Todos ellos se enfrentan a una pena de dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación acusados de un "delito contra la salud pública" y no de dopaje, ya que éste último no era entonces delito en España.
Este hecho evitó que hubiese deportistas entre los acusados, aunque varios ciclistas declararán como testigos en los próximos días.
Entre ellos figura el español Alberto Contador, el italiano Ivan Basso o el alemán Jorg Jaksche, entre otros.
El secretario de Estado para el deporte español, Miguel Cardenal, dijo, en declaraciones a la radio Cope, que se tiene que aplicar la legislación vigente en su momento.
Las autoridades españolas "somos los primeros interesados en llegar hasta el final" en este caso, aseguró.
La Operación Puerto estalló el 23 de mayo de 2006 cuando Fuentes y otras cuatro personas fueron detenidos por la Guardia Civil en una operación contra el dopaje, antes de ser puestos en libertad unos días más tarde.
Los registros efectuados entonces se saldaron con el decomiso de 200 bolsas de sangre, documentación relativa a prácticas dopantes de ciclistas y material de congelación y de centrifugación.
Durante la instrucción, el juez Antonio Serrano cerró el caso en dos ocasiones en 2007 y 2008 alegando que cuando ocurrieron los hechos no existía una ley contra el dopaje en España y que el nivel de Eritropoyetina (EPO) detectado en las bolsas de sangre atribuidas a los ciclistas citados en el escándalo no constituía un riesgo para la salud.
Pero, la Audiencia Provincial de Madrid obligó en sendas ocasiones al magistrado a reabrir el caso tras los recursos de la fiscalía, asegurando que había "indicios de la comisión de un delito contra la salud pública".