Pulso por el poder en Millonarios

Desde los días en que surgió el proyecto Azul y Blanco, que hace tres años le dio otra identidad a Millonarios, incluyendo su estrella 14 en 2012, no había tanta expectativa frente a una asamblea de socios. Esta reunión se realizará hoy y, salvo circunstancias de última hora, llega cargada de noticias: termina la era de Juan Carlos Ortiz como máximo accionista del club, el inversionista Gustavo Serpa se va a convertir en el hombre del poder económico mayoritario y el Estado vuelve a tomar posición en las arcas del equipo.

El panorama que se advierte tiene una primera explicación. Estaba cantado que los líos judiciales de Juan Carlos Ortiz con Interbolsa, y en especial con el Fondo Prémium, iban a repercutir en la composición accionaria del club. Aunque Ortiz siempre dijo que sólo era dueño del 5% del equipo, la Superintendencia de Sociedades descubrió que su participación era del 15%. Esos recursos están ahora en poder del Estado, como parte del “memorando de entendimiento” entre el organismo oficial y el polémico inversionista bogotano.

Dicho acuerdo, técnicamente denominado “plan de desmonte”, obligó a Ortiz, como persona intervenida por la Superintendencia de Sociedades, a entregar su propiedad accionaria en el club. Entre otros aspectos, porque es el requisito mínimo exigido por el Estado para que, a su vez, el empresario busque una negociación con la Fiscalía respecto a las acusaciones en su contra. De esa manera, el interventor Alejandro Revollo Rueda llega hoy a la asamblea de Millonarios representando el 15% de las acciones del club.

Durante 14 años, entre 1997 y 2011, el Estado estuvo inmerso en las arcas de Millonarios, en razón a que el 29,15% del equipo fue objeto de extinción de dominio por tener origen su capital en los negocios ilícitos del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Esa intervención terminó cuando surgió el proyecto Azul y Blanco y el equipo quedó en manos de 4.125 nuevos socios. Entre ellos, Juan Carlos Ortiz, cuyos problemas con el Fondo Prémium trajeron al Estado de regreso a las decisiones económicas de la institución.

Esa variable produjo en los últimos días un acuerdo de socios que se podría formalizar hoy en la asamblea. La idea es que ante el cambio en la composición accionaria de la sociedad por los problemas de Ortiz, se produzcan dos hechos: la renuncia de todos los miembros de la actual junta directiva y la composición de una nueva, encabezada por el interventor de la Superintendencia de Sociedades, Alejandro Revollo, y la presencia de otros socios mayoritarios, empezando por el inversionista del grupo Amber, Gustavo Serpa.

Para nadie es un secreto que Serpa, dueño del 24% de las acciones del club, había quedado muy incómodo desde la última asamblea en que, por errores suyos, se quedó por fuera de la junta directiva. Además, pronto salieron a relucir sus públicas diferencias con Juan Carlos Ortiz. De prosperar el acuerdo de socios suscrito en los últimos días, Serpa entraría a cumplir su objetivo de socio mayoritario y directivo del club, con otros integrantes de su entera confianza y plena disposición a ser el impulsor de la capitalización del club.

Si prospera el acuerdo, con el interventor del Estado, Alejandro Revollo, y Gustavo Serpa llegarían el empresario de la firma de cueros Tauroquímica, Fernando Triana; la actual gerente de Publicaciones Semana, Helena Mesa, y el presidente de la empresa Telefónica, Alfonso Gómez, quien ya había estado en la primera junta directiva de Azul y Blanco. Como suplentes estarían el exdirectivo de la aerolínea Viva Colombia, Fred Jacobsen; los empresarios Fernando y Eduardo Jaramillo, y el presidente de la firma Pizano, Enrique Camacho.

Hasta ahí la aparente solución del tema Ortiz. Sin embargo, en caso de prosperar el acuerdo de socios, se van a encontrar con un presente económico apremiante. El descuadre financiero está cercano a los $5.000 millones y por ahora los apoyos financieros son mínimos. A pesar de que el equipo dio utilidades en 2013, a los problemas de Ortiz se sumó el costo del giro deportivo y administrativo que decidió dar el club. En otras palabras, la salida de Hernán Torres y su equipo técnico y la del presidente Felipe Gaitán fueron costosas.

No sólo por el valor de estas indemnizaciones, sino por la incorporación del grupo español, encabezado por el director deportivo José Portolés y el técnico Juan Manuel Lillo. Un estimado reciente calcula en $4.874 millones el costo anual del actual cuerpo técnico. La preocupación mayor son los costos de Portolés. Aunque su plan estratégico 2014-2018 apunta a convertir la marca Millonarios en un modelo exitoso en lo deportivo y lo económico, las arcas de club no aguantan para lo que cuesta desarrollarlo a plenitud.

A los reparos por el excesivo costo de Portolés y su proyecto, y la falta de un gerente en propiedad, se suman las urgencias deportivas. Es casi un hecho que el goleador Dayro Moreno se va en junio porque la única forma de conservarlo sería comprando su pase. Para la misma época terminan los contratos de los extranjeros Modeste M’Bami y Wesley Lópes, y no está claro si se puede renegociar el contrato con los españoles. Es decir, la nueva junta directiva tendrá que encarar un problema de liquidez económica que no da espera.

En estos términos, la asamblea de Millonarios que hoy delibera al norte de Bogotá se advierte crucial para el futuro inmediato de la institución capitalina. La noticia es que, por los coletazos judiciales del tema Interbolsa y el Fondo Prémium, el Estado vuelve a meter sus narices en las decisiones del club. De paso, Juan Carlos Ortiz pierde el pulso con Gustavo Serpa, quien llega pisando firme y con la chequera dispuesta a girar lo que convenga. El dilema es saber hasta cuánto, porque hoy la olla está raspada. 

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@norbeyquevedo