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A mitad de marzo se suspendió el fútbol profesional colombiano para evitar la propagación delCOVID-19 en el país. Los jugadores, como la mayoría de los ciudadanos, se encerraron en casa a intentar mantener la forma física bajo el seguimiento del cuerpo técnico y médico de sus respectivos clubes. Los jueces han intentado hacer lo mismo, por su cuenta, pues, según explican, no han tenido el acompañamiento de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
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Según explicó el referí Luis Sánchez, ni la Dimayor ni ningún ente de control del balompié nacional se puso en contacto con ellos para indagar sobre su situación. “Solo nos enviaron una encuesta en la que nos preguntaban cuánto dependíamos del arbitraje y si teníamos la disposición de estar concentrados cincuenta días en un lugar. Ni una llamada para saber cómo estamos en lo económico ni en lo humano”.
Y es que los árbitros colombianos manifestaron su inconformidad con las autoridades del balompié en el país, porque no los tuvieron en cuenta durante el proceso de realización del protocolo que contiene las medidas sanitarias que se implementarán para la reanudación de la liga profesional, en un país que no cuenta con una agremiación que vele por sus derechos, como ocurre en Bolivia, Perú y Venezuela. En los demás países del continente sí hay asociaciones de árbitros organizadas y con reconocimiento de las autoridades deportivas y de gobierno.
Los árbitros, quienes consideran que para los directivos una agremiación no es necesaria y solo les generaría más gastos, también mostraron su molestia porque en la actual coyuntura la FCF recibió dinero de FIFA y Conmebol y a ellos no les llegó ningún tipo de ayuda. Recalcaron que ya están acostumbrados, pues nunca han tenido garantías en cuanto a la seguridad social se refiere y muchos se sostienen únicamente con lo que perciben por cada partido del que participan. Sánchez dijo que un juez principal recibe $2 millones por encuentro y uno de línea, $1’400.000.
En varias ocasiones se ha generado en el entorno del fútbol colombiano el debate sobre la necesidad de profesionalizar a los árbitros. Sin embargo, la discusión siempre se diluye. Algunos de los hombres que tienen la misión de impartir justicia dentro de los terrenos de juego prefieren que las inconformidades que expresan no salgan a la luz pública bajo su nombre y aseguran que a los directivos no les conviene que su actividad crezca, porque consideran el arbitraje un gasto más que una inversión y no dimensionan su importancia para el desarrollo del deporte.
El exreferí y analista Rafael Sanabria apoya ese tesis, aunque cree que a los árbitros les ha faltado carácter para reclamar y asegura que la actual crisis por la pandemia sería un buen momento para alzar su voz. Sanabria también dijo que con la presencia de Ímer Machado en la Comisión Arbitral “no se puede esperar nada”, pues considera que es el que menos respalda a sus excolegas.
Lo cierto es que luego de hablar mucho de las medidas sanitarias para futbolistas, entrenadores, directivos, personal periodístico y logístico para los partidos, apenas la semana pasada la Comisión Arbitral comunicó que el protocolo “cobija a los a los árbitros”, que la Dimayor asumirá su implementación y que “en materia de arbitraje abarca las categorías masculina y femenina”. La Comisión también informó que se establecen “análisis médicos para los árbitros designados”, que ellos “deben adelantar las medidas de autocuidado” y, finalmente, que “los costos del protocolo de bioseguridad para los árbitros del fútbol profesional colombiano serán asumidos por la Dimayor”.
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No obstante, según José Borda, analista arbitral, eso no es suficiente, porque debería existir un protocolo único para los referís. “Hasta la Federación Boliviana lo sacó”. El documento que menciona Borda establece de manera detallada cuál debe ser el estado de salud de los jueces antes de la reanudación del fútbol, cómo debe ser su actuar en las concentraciones, los camerinos, durante los partidos y después de ellos. “Aquí son descarados. Estaban esperando que saliera el protocolo, pero nunca hablaron de la situación de los árbitros”, agregó Borda.
El protocolo para que la pelota vuelta a rodar en canchas colombianas ya salió y efectivamente se refiere de manera superficial al comportamiento que deben tener los árbitros. En el texto del paquete de medidas se menciona que los camerinos de los jueces deben contar con sillas, mesas, lavamanos, duchas, sanitarios, vestidores y puerta. Además se referencia el debido traslado de los árbitros al escenario del juego, que las planillas deben ser tramitadas de manera digital, que se debe mantener el tablero electrónico en constante desinfección y que el comisario de campo verificará que en los vestuarios haya agua y jabón. No mucho más.
Se prevé que el fútbol profesional colombiano retorne en agosto. Por ahora, la inconformidad de los árbitros es latente. Una vez más se sienten desprotegidos y, en medio de esta atípica situación, anhelan que su situación laboral mejore.