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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio un paso decisivo en la investigación abierta en 2021 contra la DIMAYOR y 16 clubes del fútbol profesional masculino colombiano por prácticas anticompetitivas.
El Espectador tuvo acceso al informe motivado en el que la Delegatura para la Protección de la Competencia concluyó que los implicados incurrieron en un esquema coordinado para restringir la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores.
La resolución No. 7692 de 2021 dio origen a una de las investigaciones más complejas en la historia reciente del deporte colombiano. En ella se recopiló evidencia de un “pacto de caballeros” entre los clubes, auspiciado por la DIMAYOR, con el que se vetó a jugadores que salían de sus equipos sin generar beneficios económicos. En esencia, se trató de un acuerdo de no contratación (o no-poach agreement) que afectó directamente la movilidad laboral de los futbolistas.
El informe indica que estas prácticas, desarrolladas entre 2017 y 2020, distorsionaron el mercado laboral del fútbol colombiano y vulneraron el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que prohíbe toda clase de acuerdos que limiten la competencia.
La investigación encontró que la DIMAYOR actuó como garante institucional, promoviendo y legitimando las restricciones a través de comunicaciones entre clubes.
La Superintendencia identificó tres tipos de casos en los que se materializó el veto: cuando un jugador terminaba contrato por falta de pago, cuando salía sin justa causa y cuando simplemente decidía no renovar. En cualquiera de estos escenarios, los clubes desarrollaron unas “listas negras” mediante las cuales eran advertidos para no contratar al jugador implicado, bajo la amenaza de sanciones o represalias deportivas.
Además de la DIMAYOR, los clubes señalados incluyen a Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado, Tigres, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético FC, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza FC. También fueron vinculadas 20 personas naturales, incluidos dirigentes actuales y anteriores como Fernando Jaramillo, Jorge Enrique Vélez y José Augusto Cadena.
“Igualmente, la Delegatura recomienda sancionar a Paola Andrea Salazar Olano, José Fernando Salazar Olano, José Augusto Cadena Mora, Ricardo Hoyos Ángel, José María Campo Alzamora, Óscar Armando Casabón Rodríguez, Ramiro Alberto Ruíz Londoño, Tulio Mario Castrillón Tobón, Jesús Hernando Ángel Montaño, Carlos Mario Zuluaga Pérez, Gustavo Bernardo Moreno Arango, Carlos Alberto Barato Méndez, Carlos Alberto Murillo Giraldo, Roberto Enrique Rodríguez Ruíz, Carlos Orlando Ferreira Pinzón, Jorge Enrique Vélez García y Fernando Jaramillo Giraldo, todos ellos vinculados al trámite administrativo por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado la conducta adelantada, en los términos del numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009″, se lee en el documento.
Finalmente, la Delegatura recomendó archivar la investigación administrativa en contra de Jorge Fernando Perdomo Polanía, expresidente de la Dimayor, por falta de pruebas en su contra.
La Delegatura recomendó sancionar a los clubes y personas implicadas, pero no emitió una sanción directa. La decisión final corresponde al despacho de la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Elainne Rusinque Urrego, que evaluará si impone multas o medidas correctivas. En el pasado, la SIC ya había sancionado a la Federación Colombiana de Fútbol por la reventa de boletas.
El informe también reveló intentos de los implicados por desacreditar testigos y desvirtuar pruebas durante el proceso, así como la presentación de garantías que fueron revocadas por la misma Superintendencia. A pesar de estas maniobras, el documento concluye que el sistema anticompetitivo funcionó como una estructura coherente y persistente, con consecuencias económicas y deportivas claras.
Este no es el único proceso que enfrenta el fútbol colombiano ante la SIC. Desde septiembre de 2024, hay otro pliego de cargos en curso por presunta cartelización en el fútbol femenino, lo que refleja una tendencia preocupante sobre las prácticas laborales dentro del deporte.
La nueva fase del caso incluye la convocatoria a interrogatorio de futbolistas, exjugadores y directivos, y podría derivar en sanciones. De confirmarse las recomendaciones, sería un precedente clave para el respeto del derecho laboral y de la competencia en el ámbito deportivo colombiano.
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