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De las seis alertas rojas que emitió la Interpol la semana pasada, hasta ahora solo se ha entregado el argentino Alejandro Burzaco, expresidente de la empresa Torneos y Competencias, acusado de haber pagado sobornos para conseguir contratos de comercialización y publicidad de los campeonatos de la FIFA, especialmente de la Copa América. Entre los otros cinco requeridos por la justicia de Estados Unidos, figuran Hugo y su hijo Mariano Jinkis, directivos de la empresa Full Play Group S.A, dedicada al marketing deportivo pero investigada por sus negocios en los derechos de transmisión de partidos de fútbol.
Sus abogados, Jorge Anzorreguy y Francisco Castex, le aseguraron a La Nación de Argentina que sus clientes se encuentran en ese país y que hasta que no se agoten las instancias legales para evitar que vayan a la cárcel, los Jinkis no moverán un dedo para entregarse a las autoridades, como inicialmente había informado el Clarín. "Se trata de delitos que pueden ser excarcelables para la ley argentina y cometidos entre privados", explicó Castex, quien agregó que Mariano Jinkis siempre ha actuado conforme a las normas y que además se debe tener en cuenta que tiene dos hijos pequeños y está casado.
Los Jinkis son buscados por las autoridades por su presunta participación en un esquema de corrupción revelado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI, en el que se da cuenta, por ejemplo, de cómo estos dos empresarios participaron en un esquema de corrupción para obtener el contrato de la transmisión de la Copa América hasta 2023: promoviendo un soborno de US $110 millones entre directivos de la Conmebol y la FIFA. Según EE.UU., de esa cifra ya se pagaron US $40 millones.
El abogado Anzorreguy, por otra parte, aludió al "principio de inocencia y descartó riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte de su cliente”, asegura el diario La Nación. Además de ser buscados por las autoridades norteamericanas, Hugo y Mariano Jinkis enfrentan una denuncia hecha por la AFIP (la DIAN de Argentina), que los acusa de haber cometido los delitos de evasión, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.
Vea el artículo original en La Nación.