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Como futbolista en el pasado y ahora desde la presidencia de la Asociación de Futbolistas Profesionales he sido objeto, sujeto y testigo de cómo algunos directivos corrompieron el fútbol desde la FIFA. Y a partir de mayo de este año, gracias a las investigaciones adelantadas por la fiscal norteamericana Loretta Lynch, confirmé cómo se conformó una asociación para delinquir que permitió a varios directivos del organismo recibir sobornos y enriquecerse ilícitamente. De qué forma operaba su cultura mafiosa, que en buena medida terminó acatando la familia del fútbol a través de su estructura de confederaciones nacionales.
Quienes nos habíamos atrevido a denunciar los atropellos y abusos de quienes ejercen el monopolio que se creó para gobernar y administrar al balompié, y abusar de él desde una posición dominante, fuimos en algún momento señalados de ser “terroristas” que queríamos acabar con el fútbol nacional e internacional. Así nos llamaron por exigir el pago de salarios o seguridad social para los futbolistas, por luchar contra el incumplimiento de los clubes. Hoy muchos siguen siendo objeto de discriminación en Colombia o han tenido que irse del país. Por eso el escándalo del Fifagate fue un primer triunfo de quienes hemos luchado por limpiar el fútbol.
En septiembre, en Bruselas, cuando los cimientos de la FIFA ya crujían y se producían las primeras capturas y extradiciones hacia Estados Unidos, ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea se planteó una demanda contra el Estatuto para la Transferencia de Jugadores, acogido en el reglamento de la FIFA, para acabar con los abusos contra los futbolistas. La acción fue producto de un estudio internacional de dos años en los que participé activamente, y aunque la demanda podrá tomarse un par de años más, de prosperar será determinante para proteger a los jugadores como lo que son: trabajadores.
En el fondo, tanto nuestra acción como las investigaciones de la justicia norteamericana apuntan hacia un mismo objetivo. Que la superestructura sin crítica y control que afianzó la FIFA, con la complacencia de algunos altos funcionarios de turno, no siga atentando contra los derechos fundamentales de los futbolistas y la pulcritud del espectáculo. Antes prevalecía el mito de que si alguien se atrevía a vigilar, la FIFA desafiliaba al país y listo. Esta excusa permitió toda clase de atropellos, mientras que se impuso la costumbre de que lo primordial era que la pelota rodara y los aficionados siguieran anestesiados dejando obrar a sus anchas a los zares del fútbol.
Con el paso de los días fuimos testigos de cómo los intocables de la FIFA empezaron a rendir cuentas ante la justicia. Y el lunes 9 noviembre, de la forma como el cerco se cerró alrededor del presidente de la Federación Colombiana, Luis Bedoya. Primero se habló de su renuncia por asuntos personales, pero luego se supo que había viajado a Nueva York para formalizar un acuerdo judicial de entrega de información. La primera semana de diciembre trascendió que había aceptado cargos por fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno. Días antes, por unanimidad, la asamblea de la Dimayor había aprobado una moción de aplauso a su gestión.
Fui testigo de los primeros cambios estructurales en el fútbol y confío en que ayuden a garantizar la transparencia de sus negocios, la protección de los futbolistas y para que los clubes profesionales asuman reformas que fortalezcan la participación democrática. Es claro que la cultura mafiosa que se enquistó por tantos años va a ser difícil de erradicar y seguramente tardará años para que se den cambios totales. Pero nuestra demanda en Bruselas o las investigaciones de la justicia norteamericana van a marcar un precedente para que les hagamos saber a los directivos del fútbol que este maravilloso deporte no es de su propiedad, es de todos.
* Presidente Acolfutpro