Fracasó reunión entre Gobierno, agremiación y jugadores de fútbol

Tras varias horas de discusión, el encuentro terminó sin acuerdo y la suerte de los futbolistas sigue siendo muy incierto.

Luego de que en marzo de 2007 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ordenara al Gobierno Nacional dar cumplimiento al pliego de peticiones de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) con su empleador (equipos de fútbol), finalmente el Gobierno Nacional se reunirá este martes con los representantes de los jugadores.

Fabián Vargas encabezará la delegación que visitará el despacho del ministro Diego Palacio, en la que se buscará estrechar las diferencias que existe entre equipos y jugadores en la firma de un pacto colectivo en el que se respeten los derechos de los jugadores.

Actualmente al menos 10 equipos de fútbol no se encuentran a paz y salvo en el pago de los salarios a los jugadores, sin mencionar que son varios los que deben varios meses de la seguridad social de los futbolistas.

El caso más sonado actualmente es el del América de Cali, en donde los jugadores ya anunciaron que si no les abonan algo de la deuda que tiene el equipo con ellos (siete quincenas) no viajarán a Cúcuta para cumplir con el juego correspondiente a la primera jornada del torneo Finalización 2009.

Lo que se busca con la firma del pacto colectivo es evitar precisamente arbitrariedades de ese tipo y que se respeten todos los derechos laborales de los jugadores, situación que metería en cintura a los equipos.

La citación es una decisión sin precedentes en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los clubes profesionales de fútbol.

El Ministerio de Protección Social citó a los responsables de los 36 equipos que compiten hoy en Colombia, para que se adelanten conversaciones respecto a la negociación del pliego de peticiones laborales que fue presentado por los jugadores de los diferentes clubes, y que apunta a convertirse en la firma de un pacto colectivo que regule las relaciones de trabajo.

La citación fue hecha por la directora general de Inspección, Vigilancia y Trabajo del Ministerio de Protección Social, Luz Stella Veira de Silva, y a cada uno de los responsables de los clubes profesionales se les manifiesta que, en el evento de no poder asistir, deben enviar un delegado con plenos poderes para actuar. El objetivo es que, en acatamiento a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el caso de los jugadores de fútbol se garantice el derecho a la negociación colectiva.

Los antecedentes de esta inusual reunión están relacionados con la queja que en 2007 presentó ante la OIT la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en relación con presiones, actos de discriminación y vulneración de los derechos laborales de los futbolistas profesionales. La OIT tomó nota atenta del caso y pidió explicaciones al Gobierno. El Ejecutivo contestó argumentando que el Ministerio de Protección Social ha venido cumpliendo con su deber de concertar soluciones en los conflictos de trabajo.

Sin embargo, en su momento añadió: "El Gobierno lamenta que el Comité de Libertad Sindical no haya tenido en cuenta los anexos sobre los cuales se evidencian las acciones que ha venido adelantando el Ministerio en este caso". Y reconoció que los futbolistas, a través o no de Acolfutpro, pueden adoptar un pliego de peticiones y su negociación deberá realizarse en los términos dispuestos en el Código Sustantivo de Trabajo. En otras palabras, a través de la firma de un pacto colectivo para los jugadores.

De igual modo, la reunión entre el Gobierno y los 36 clubes profesionales de fútbol, apunta igualmente a darles respaldo a las investigaciones que emprendió la Procuraduría General de la Nación desde mayo de 2008, para determinar, no solamente qué está haciendo Coldeportes respecto a su labores de control en el fútbol colombiano, sino también cómo está hoy el tema laboral de los jugadores, el manejo de los dineros en el interior de los equipos y cómo se distribuyen las acciones en los clubes profesionales, entre otros aspectos.

De hecho, El Espectador conoció los términos de una carta dirigida por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda tanto al ministro de Protección Social Diego Palacios como al director de Coldeportes, Evert Bustamante, el pasado 8 de junio, en la que les pide actualizar la información disponible respecto a los reclamos de Acolfutpro y, en general, todos los aspectos pertinentes a la preservación de los derechos de trabajo y de negociación colectiva de los jugadores profesionales de fútbol en Colombia.

Este diario conoció que la Procuraduría General ha cumplido cabalmente con su propósito, y de manera paralela a las indagaciones de la Superintendencia de Sociedades, está consolidando un completo informe para demostrar que más allá de los apremios laborales y de seguridad social que hoy afectan a un alto número de jugadores, en el interior de los equipos las irregularidades administrativas son tantas que se hace necesario que el Estado intervenga legalmente la actividad de fútbol rentado.

Lo mismo que antes...

Hace 20 años no hubo campeón en el fútbol profesional colombiano. Por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, el gobierno Barco canceló el torneo local y ordenó a la Superintendencia de Sociedades investigar en qué andaban entonces los clubes de fútbol.

Ese estudio demostró, en 42 páginas, lo que todo el mundo sospechaba: la mayoría de los clubes profesionales violaban las normas de funcionamiento de los equipos.

Han pasado dos décadas y al parecer el tema no ha cambiado mucho. La única novedad es que ahora los jugadores parecen más agremiados que antes.