Yhonny Ramírez ganó tutela en pelea entre Chicó y Millonarios

Una jueza civil dispuso que los problemas contractuales de los jugadores son un asunto de la justicia ordinaria colombiana y no de los órganos privados creados por los entes del fútbol.

El jugador de Millonarios Yhonny Ramírez ha sido pieza clave en la línea titular del equipo de Hernán Torres. / Gustavo Torrijos - El Espectador
El jugador de Millonarios Yhonny Ramírez ha sido pieza clave en la línea titular del equipo de Hernán Torres. / Gustavo Torrijos - El Espectador

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no está facultada para administrar justicia, y a pesar de que al momento de la inscripción de un jugador a un club, éste se someta al reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol, dicha facultad no significa desconocer la Carta Política o las leyes. De esta manera, una jueza civil dirimió en favor del jugador Yhonny Ramírez el pleito que hoy sostiene con los organismos rectores del fútbol nacional frente a la pelea que por sus derechos deportivos se libra entre Millonarios y Chico.

En consecuencia, la jueza 13 Civil Municipal de Bogotá, Ibeth Maritza Porras, ordenó a la Colfútbol y a la Dimayor que, en un término improrrogable de 48 horas, deje sin efectos dos decisiones a través de las cuales se habían declarado competentes para admitir una demanda del Boyacá Chicó contra el jugador y el equipo Millonarios, en desarrollo de la controversia por la transferencia del deportista antioqueño. La funcionaria recalcó que las diferencias contractuales son asunto de la justicia ordinaria y no de los organismos del fútbol.

La pelea entre Yhonny Ramírez y Millonarios contra el Boyacá Chicó y su dueño, Eduardo Pimentel, se originó desde que ambos clubes, a principios de 2012, celebraron un convenio deportivo de cesión personal de préstamo por un año, con opción de compra, por $500 millones. En dicho contrato, en su cláusula décima, se pactó que cualquier diferencia en su interpretación sería dirimida por las instancias competentes de la Dimayor. En ese contexto se presentó el conflicto laboral a finales del año pasado.

El lío se dio cuando Ramírez, al constatar que Chicó había incumplido con varias de sus decisiones laborales y aportes a seguridad social, acudió ante Coldeportes, Colfútbol y la misma Dimayor con una carta declarándose jugador libre. En esas condiciones, bajo la premisa de que negociaba con un jugador dueño de sus derechos, Millonarios lo inscribió para el torneo 2013. De inmediato Pimentel presentó reclamación ante la Dimayor, exigió el pago de la opción de compra al equipo bogotano y pidió sanciones adicionales.

En concreto, el dueño del Chicó pidió, además de los $500 millones de la transferencia, $100 millones más a título de pago por indemnización como compensación por los perjuicios sufridos. Además, demandó que se le impusiera al jugador la prohibición de participar en cualquier partido oficial durante seis meses y a Millonarios que se le impidiera la inscripción de jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, durante dos años. Las pretensiones del Chicó fueron presentadas ante la Dimayor.

El 1° de marzo de 2013 la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor admitió la demanda. Yhonny Ramírez presentó recurso de reposición argumentando la prevalencia de la Constitución sobre las normas de la Dimayor. Este organismo, el 11 de marzo, no repuso su determinación y aunque le autorizó seguir jugando con Millonarios, prosiguió con la causa. Entonces Ramírez apeló y la Comisión del Estatuto rechazó su alegato recordando la esfera privada del fútbol organizado y los órganos creados para preservar esta independencia.

Con el respaldo del director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Carlos González Puche, el volante de Millonarios Yhonny Ramírez presentó tutela, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo y al acceso a la justicia. Ayer, la tutela se resolvió a su favor y la jueza 13 civil concluyó que “la función pública de administrar justicia corresponde a la Rama Jurisdiccional y excepcionalmente a otros organismos como el Congreso o los Tribunales de Arbitramento, pero no a la Dimayor.

De manera concreta, la jueza recalcó que el debido proceso, consagrado en la Constitución, es claro en advertir que toda persona debe ser juzgada por jueces competentes y, en este caso, la Dimayor no tiene esas facultades para dirimir un conflicto laboral. Si bien el jugador se sometió al reglamento, que disponía que cualquier diferencia debía ser solucionada por los órganos rectores del fútbol, esta prerrogativa no puede desconocer la Carta Política ni mucho menos contrariar los valores y principios contenidos en los derechos fundamentales de la Constitución.

La jueza dejó en claro que las pretensiones distintas a las diferencias contractuales, es decir, aquellas relativas a asuntos deportivos, puede quedar a potestad de la Dimayor. Pero todo lo que tenga que ver con protección de derechos como trabajador, únicamente lo puede solucionar la justicia. Al conocerse la decisión, el abogado Carlos González observó que seguramente la tutela será impugnada y llegará hasta la Corte Constitucional, uno de cuyos integrantes, el magistrado Jorge Iván Palacio, forma parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.

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