La guerra contra las drogas no es obligatoria: órgano de la ONU

En su más reciente informe, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señaló que la aplicación “militarizada” de las leyes sobre drogas no es la única opción.

A poco más de un mes para que la Asamblea General de la ONU discuta la forma como se abordará la problemática de drogas en el mundo, uno de sus órganos, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), afirmó que los tratados vigentes que regulan las sustancias psicoactivas legales e ilegales no exigen la “guerra contra las drogas”.

La afirmación no es la única que en ese sentido hizo la JIFE en su informe anual sobre la fiscalización de sustancias psicotrópicas. La Junta afirmó que “el mundo no está obligado a elegir entre una aplicación “militarizada” de la legislación sobre drogas y la legalización del uso de drogas para fines no médicos (recreativos)”.

La opción ante estos dos extremos –castigo versus legalización- sería, según la JIFE, una política equilibrada que haga de la salud y el bienestar su piedra angular. El informe sostiene que los tres tratados existentes en materia de fiscalización dejan un margen para que los países que los hayan ratificado adapten sus disposiciones.

“Los tratados exigen inequívocamente que el uso de drogas se limite exclusivamente a fines médicos y científicos ¬–dice el documento¬¬–; no obstante, permiten cierta flexibilidad en la adopción de respuestas al comportamiento ilícito”, sobre todo de aquellos delitos menores, como el consumo o la tenencia de pequeñas dosis.

En el informe queda claro que los pactos internacionales de fiscalización no exigen el encarcelamiento de los consumidores de drogas, sino que “obligan a los Estados partes a que penalicen las conductas relacionadas con la oferta”, y los alienta para promover la prevención, el tratamiento y la rehabilitación en lugar de la condena y el castigo.

Para Oscar Palma, director del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario (Bogotá), “la posición de la JIFE está muy en el tono de lo que se ha venido diciendo en cuanto a la efectividad de la guerra contra las drogas, y es que esta no ha sido del todo efectiva, que ha tenido una cantidad de factores derivados, como la violencia en los países productores”.

Si bien en su informe la JIFE cuestiona aquellas posturas que afirman que la guerra contras las drogas ha fracasado, el organismo es claro en cuanto a que esta no puede ser la única estrategia. Para sus 13 miembros, expertos en materia de drogas, las medidas represivas contra los mercados ilícitos pueden exacerbar la violencia.

Según el informe, el aumento de los precios de las drogas ilícitas ¬-que puede ser consecuencia de una mayor restricción de la oferta- si bien podría reducir de la demanda, también puede incrementar los ingresos de los traficantes y, por consiguiente, “acrecentar el incentivo de participar en ese comercio ilícito y de esforzarse por dominarlo”.

Por esto, el enfoque que propone la JIFE y que según el profesor Oscar Palma es el que se ha venido incentivando, tiene que ver con un tratamiento del problema desde una óptica de salud pública y como un problema de desarrollo económico y social en los países sobre todo productores.

Oscar Palma le dijo a El Espectador: “Cuando nos preguntamos por qué las regiones producen drogas, encontramos un factor común. Son regiones aisladas, con baja presencia de instituciones y Estado, y en donde las alternativas de desarrollo son nulas”. Asimismo, afirmó que es necesario entender las causas detrás del consumo para así desincentivarlo.

Por eso, Palma considera que en las próximas sesiones extraordinarias de la Asamblea General de la Naciones Unidas, “la recomendación será incentivar a los países para adoptar esta postura fundamental, y que es un poco más tolerante con el consumo de drogas, sobre todo más suaves”.

Todo parece indicar que en las próximas sesiones extraordinarias de la Asamblea General de la Naciones Unidas, el debate se centrará en generar “medidas prácticas y realistas a fin de proteger a la población de los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas”, como señaló la JIFE.

Estas medidas, afirma Oscar Palma, podrían ser la reconstrucción del Estado y de las comunidades en esas regiones aisladas para frenar la producción, y tal como ha venido ocurriendo, podrían asumir una actitud flexible con el consumo de ciertas sustancias como el cannabis. “No creo que vayan a ir tan lejos de aceptar el consumo, pero sí una postura tolerante”, concluyó el docente.

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Maria Paula Rubiano

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