1.060 establecimientos han sido cerrados por turismo ilegal en 2017

Agencias de viaje, alojamientos y restaurantes hacen parte de los negocios que han cerrado por incumplir normas de prestación de servicios turísticos.

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Este año se registró una cifra récord en el combate contra el turismo ilegal. Los resultados dan cuenta del cierre de 1.060 establecimientos que prestaban sus servicios sin cumplir con las normas que regulan las actividades turísticas.

Según el informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), del total de los establecimientos sancionados, 1.004 son alojamientos, 38 agencias de viajes, 13 restaurantes, tres empresas alquiladoras de vehículos, un centro recreacional y una empresa de transporte especial.

Se cree que estos cierres representan cerca del 4% del total de los 26.794 prestadores de servicios turísticos que se encuentran en el Registro Nacional de Turismo (RNT) actualmente, sin contar los informales.

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El Ministerio aclaró que estos operativos no se hicieron con base en las cifras del RNT sino por un sistema aleatorio que permite la inspección general de los prestadores de una zona escogida del país.  

En 2016 hicimos ocho cierres. Este año ya vamos en 1.060 con el apoyo de la Policía Nacional de Turismo y gracias al nuevo Código de Policía, que han sido fundamentales para poner en marcha las Brigadas por la legalidad que viene desarrollando el Ministerio”, afirmó la ministra María Lorena Gutiérrez.

En total, 91 operativos realizados durante 2016 y 2017, permitieron la apertura de 1.631 investigaciones preliminares a prestadores de servicios turísticos que presuntamente han incumplido las normas.

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Para la viceministra de turismo, Sandra Howard, lo que se busca con estas acciones es que prestadores de servicios turísticos se acojan al marco normativo vigente, para de esa manera, garantizar la calidad en la prestación y responsabilidad con los turistas nacionales e internacionales.

Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a las autoridades locales para la promoción de la legalidad con el fin de cumplir lo acordado en el nuevo Código de Policía que establece ejercer acciones disciplinarias en contra de los prestadores que no cumplen con los requisitos para operar.