Afectados de Estraval recibirán pagos en primer semestre de 2018

Decenas de miles de documentos fueron analizados uno a uno para preparar la audiencia de gran complejidad que fija la hoja de ruta para echar a andar el proceso de Estraval donde fueron afectados colombianos en un sistema de captación ilegal. Los primeros pagos, en dinero en efectivo, a los afectados se prepara para el primer semestre de 2018.

Algunas de las personas de un grupo de ocho involucradas en el proceso solicitaron ser excluidas de la lista de intervenidos por la Superintendencia de Sociedades, que al final no se concretó.  Los trámites “se han adelantado de forma eficiente, a pesar de la gran complejidad que reviste el proceso y del inmenso volumen de documentos que han debido ser analizados”, dijo el superintendente, Francisco Reyes Villamizar.

Señala la entidad de control que para la preparación de esta decisión fueron analizadas más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y se realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados uno a uno los 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la liquidación, dice la entidad de control. Ese número de pagarés pueden alcanzar una suma cercana a los $600.000 millones.

Luego de verificar la situación de cada uno de los comprometidos, la entidad de control decidió mantenerlos intervenidos en el proceso con lo cual el patrimonio de estas personas va a seguir “afecto al pago de las obligaciones con las partes que fueron afectadas en este trámite”, reiteró Reyes.

El funcionario indicó que la apoderada del implicado Cesar Fernando Mondragón argumentó que no se registró captación ilegal y que el proceso no debería seguir. Mientras que el abogado de Juan Carlos Bastidas Alemán admitió las irregularidades, pero que su cliente no sabía.

Desde la realización de dos audiencias públicas (Élite y Estraval) se tiene una hoja de ruta para avanzar, en el primer semestre de 2018, hacia la devolución de recursos a los afectados en la medida en que los activos se vayan recuperando. Se ha establecido que varios de los involucrados tienen activos en Estados Unidos y Panamá. Los dos agentes liquidadores, Luis Fernando Alvarado (Estraval) y María Mercedes Perry en el caso de Élite “vienen desplegando una serie de actividades que van desde la búsqueda de activos en Colombia hasta el reconocimiento de estos procesos por fuera del país”, dijo Reyes.

En el caso de Estraval, el liquidador ha logrado que el trámite que se viene cumpliendo en Colombia sea reconocido por la justicia federal de Estados Unidos. “En este momento un juez federal de La Florida considera que ese trámite, que existe en Colombia es válido y reconoce a la Superintendencia como la autoridad competente y va a darle todas las posibilidades de activos al liquidador”, dijo el funcionario.   

Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías. El juez resolvió que los pagarés libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados, destaca la entidad de control.

Dentro el proceso de recuperación de bienes fueron intervenidas varias cooperativas: Coocredimed, Coomuncol, Coomundocrédito, Coovenal  y Sigescoop.

Decenas de miles de documentos fueron analizados uno a uno para preparar la audiencia de gran complejidad que fija la hoja de ruta para echar a andar el proceso de Estraval donde fueron afectados colombianos en un sistema de captación ilegal. Los primeros pagos, en dinero en efectivo, a los afectados se prepara para el primer semestre de 2018.

Algunas de las personas de un grupo de ocho involucradas en el proceso solicitaron ser excluidas de la lista de intervenidos por la Superintendencia de Sociedades, que al final no se concretó.  Los trámites “se han adelantado de forma eficiente, a pesar de la gran complejidad que reviste el proceso y del inmenso volumen de documentos que han debido ser analizados”, dijo el superintendente, Francisco Reyes Villamizar.

Señala la entidad de control que para la preparación de esta decisión fueron analizadas más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y se realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados uno a uno los 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la liquidación, dice la entidad de control. Ese número de pagarés pueden alcanzar una suma cercana a los $600.000 millones.

Luego de verificar la situación de cada uno de los comprometidos, la entidad de control decidió mantenerlos intervenidos en el proceso con lo cual el patrimonio de estas personas va a seguir “afecto al pago de las obligaciones con las partes que fueron afectadas en este trámite”, reiteró Reyes.

El funcionario indicó que la apoderada del implicado Cesar Fernando Mondragón argumentó que no se registró captación ilegal y que el proceso no debería seguir. Mientras que el abogado de Juan Carlos Bastidas Alemán admitió las irregularidades, pero que su cliente no sabía.

Desde la realización de dos audiencias públicas (Élite y Estraval) se tiene una hoja de ruta para avanzar, en el primer semestre de 2018, hacia la devolución de recursos a los afectados en la medida en que los activos se vayan recuperando. Se ha establecido que varios de los involucrados tienen activos en Estados Unidos y Panamá. Los dos agentes liquidadores, Luis Fernando Alvarado (Estraval) y María Mercedes Perry en el caso de Élite “vienen desplegando una serie de actividades que van desde la búsqueda de activos en Colombia hasta el reconocimiento de estos procesos por fuera del país”, dijo Reyes.

En el caso de Estraval, el liquidador ha logrado que el trámite que se viene cumpliendo en Colombia sea reconocido por la justicia federal de Estados Unidos. “En este momento un juez federal de La Florida considera que ese trámite, que existe en Colombia es válido y reconoce a la Superintendencia como la autoridad competente y va a darle todas las posibilidades de activos al liquidador”, dijo el funcionario.   

Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías. El juez resolvió que los pagarés libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados, destaca la entidad de control.

Dentro el proceso de recuperación de bienes fueron intervenidas varias cooperativas: Coocredimed, Coomuncol, Coomundocrédito, Coovenal  y Sigescoop.