Alistan alzas en las tarifas de los servicios públicos

Las tarifas eléctricas de los estratos altos, industrial y comercial van a sufrir un alza considerable por la combinación de la sobretasa de $4 por kilovatio consumido y el 1 % adicional de la contribución que financia la operación de varias entidades de control del sector de los servicios públicos, aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Este incremento, que sentirán en menor grado las familias de los estratos bajos en sus facturas de energía, gas, agua y saneamiento básico, se hará efectivo a partir del último trimestre de 2019 y comienzos de 2020.

La contribución del 1 % busca fortalecer patrimonialmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Su cobro fue autorizado a partir de enero de 2020.

Los responsables del pago de la sobretasa de $4 por kilovatio consumido serán los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, los clientes comerciales e industriales y los consumidores no regulados del servicio de energía eléctrica. Esta sobretasa tendrá vigencia hasta diciembre de 2022, pero los analistas del sector temen que se haga permanente, como ha sucedido con otras cargas, por ejemplo la de los fondos creados en forma temporal.

Esas entidades son el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas (Faer), creado en 2002; el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), de 2006, y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni), creado en 2000, y que, de acuerdo con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

La propuesta inicial era que las tarifas para fortalecer patrimonialmente esos fondos fueran temporales, pero ya se volvieron definitivas y hoy se recauda cerca de $500.000 millones. Con esos recursos se solucionaría el problema de Electricaribe y se evitaría así impactar las tarifas de los consumidores, como sucederá con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las críticas de los gremios

El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, se mostró preocupado por los efectos que van a tener esas dos decisiones sobre las tarifas de los servicios públicos de los consumidores de todos los estratos, pese a considerar que está de acuerdo con la búsqueda “de una solución estructural y definitiva” para el problema que enfrenta Electricaribe y el suministro de energía en la región Caribe.

“Es un hecho que el Congreso de la República aprobó los $4 por kilovatio consumido y esperamos que (la sobretasa) no sea permanente y que se haga un buen uso de dichos recursos”, señaló.

Según la norma, “a partir de la expedición de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, créase una sobretasa nacional de cuatro pesos moneda legal colombiana por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, que será recaudada por los comercializadores del servicio de energía eléctrica y girada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

A continuación explica que la sobretasa será destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio por las empresas de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional.

Uno de los defensores de la propuesta para salvar a Electricaribe es el representante a la Cámara José Darío Pérez, quien recordó que la empresa eléctrica costeña no tiene hoy recursos para comprar energía y representa el 25 % del mercado colombiano. Las empresas del sector eléctrico han considerado importante sanearla y entregarla a un operador que pueda hacer las inversiones requeridas para que acabe con esos aterradores índices de pérdidas negras, técnicas y recaudo de cartera y para que haya un eficiente servicio de administración pública.

“El tema de los $4 para la solución de Electricaribe es necesario por la situación en que está la empresa eléctrica, sin embargo, desde el punto de competitividad en tarifas nos va a afectar”, advirtió Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

Esa sobretasa, explicó, afectará el costo por kilovatio en el país, que está en $250 para el industrial y $450 para usuarios residenciales. “Más o menos entre el 1 y el 1,5 % de la tarifa es lo que se vería incrementado sobre lo que paga hoy en día un usuario”.

A la Superintendencia de Servicios Públicos le corresponde reglamentar el cobro de esa sobretasa, que debe hacerse efectiva en el último trimestre de este año.

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, explicó que “en estos momentos estamos trabajando en el proyecto de resolución reglamentaria y la idea es publicar en dos semanas para comentarios. Lo que se busca es establecer el mecanismo con las empresas para que ellas, una vez tengan observado el consumo, puedan pasar, de acuerdo a su ciclo de facturación, a establecer esos valores dentro de la factura de cada uno de los consumidores”.

Otra carga: la contribución

En el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó aumentar en 1 % la contribución que las empresas de servicios públicos vigiladas pagan a las entidades de control como la CREG, la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esta sobretasa va a nutrir el Fondo de Intervención e impactará las tarifas de la totalidad de usuarios de servicios públicos. Es decir, en adición al cobro de $4 por kilovatio consumido que se cobrará a los estratos altos de la población, la industria y el comercio, los estratos 1, 2 y 3 verán incrementadas sus tarifas de gas, agua y saneamiento básico desde el próximo año, cuando se reglamente el nuevo cobro.

“En estos momentos, la Superintendencia está recibiendo la información financiera de las empresas, con base en la cual se hacen los cálculos de la contribución”, explicó Avendaño.

La entidad de control se encuentra estudiando los cálculos sobre el monto en que se verán impactadas las tarifas de la totalidad de usuarios de servicios públicos.

Castañeda considera que el cambio sobre la base con la cual se cobran las contribuciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones de regulación va a impactar también a las empresas generadoras durante tres años. “El golpe (en las tarifas) puede ser significativo”, advierte el presidente de Andeg.

Para Asocodis, este tema preocupa en materia tarifaria de competitividad, pues “si bien es cierto que el impacto dependerá de los presupuestos que presenten esas instituciones, el impacto podría ser mucho mayor que los $4 por kilovatio que se aprobaron para los estratos altos”.

Los gremios y el Gobierno se encuentran evaluando el choque de estas decisiones sobre las tarifas.

“Los $4 van directamente a la tarifa y la contribución también. Los costos que se pagan por funcionamiento para las comisiones, como a la Superintendencia, en la fórmula tarifaria hacen parte del costo unitario de la prestación de servicios y por ello, sin duda alguna, afectan al usuario final”, dijo José Camilo Manzur.

El dirigente gremial insistió en que la contribución aplica para todos los usuarios de servicios públicos. “No conocemos la magnitud del impacto porque toca hacer el estimativo con todas las empresas, pero todo va a depender del presupuesto que presenten”, señaló el presidente de Asocodis. (De interés: Superservicios, preocupado por impacto de cargo fijo en tarifa de energía).

El Congreso aprobó que a partir del 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 se autoriza el cobro de una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Aclara que esa contribución se cobrará a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El traslado de los recursos de las cuentas de la Superintendencia al Fondo Empresarial estará exento del gravamen a los movimientos financieros. Del cobro de la sobretasa se salva el servicio de transporte masivo que se mueva con energía eléctrica. (De interés: Colombianos pagan US$1 millón diario por restricciones eléctricas: Asoenergía).

Las tarifas eléctricas de los estratos altos, industrial y comercial van a sufrir un alza considerable por la combinación de la sobretasa de $4 por kilovatio consumido y el 1 % adicional de la contribución que financia la operación de varias entidades de control del sector de los servicios públicos, aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Este incremento, que sentirán en menor grado las familias de los estratos bajos en sus facturas de energía, gas, agua y saneamiento básico, se hará efectivo a partir del último trimestre de 2019 y comienzos de 2020.

La contribución del 1 % busca fortalecer patrimonialmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Su cobro fue autorizado a partir de enero de 2020.

Los responsables del pago de la sobretasa de $4 por kilovatio consumido serán los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, los clientes comerciales e industriales y los consumidores no regulados del servicio de energía eléctrica. Esta sobretasa tendrá vigencia hasta diciembre de 2022, pero los analistas del sector temen que se haga permanente, como ha sucedido con otras cargas, por ejemplo la de los fondos creados en forma temporal.

Esas entidades son el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas (Faer), creado en 2002; el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), de 2006, y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni), creado en 2000, y que, de acuerdo con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

La propuesta inicial era que las tarifas para fortalecer patrimonialmente esos fondos fueran temporales, pero ya se volvieron definitivas y hoy se recauda cerca de $500.000 millones. Con esos recursos se solucionaría el problema de Electricaribe y se evitaría así impactar las tarifas de los consumidores, como sucederá con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las críticas de los gremios

El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, se mostró preocupado por los efectos que van a tener esas dos decisiones sobre las tarifas de los servicios públicos de los consumidores de todos los estratos, pese a considerar que está de acuerdo con la búsqueda “de una solución estructural y definitiva” para el problema que enfrenta Electricaribe y el suministro de energía en la región Caribe.

“Es un hecho que el Congreso de la República aprobó los $4 por kilovatio consumido y esperamos que (la sobretasa) no sea permanente y que se haga un buen uso de dichos recursos”, señaló.

Según la norma, “a partir de la expedición de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, créase una sobretasa nacional de cuatro pesos moneda legal colombiana por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, que será recaudada por los comercializadores del servicio de energía eléctrica y girada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

A continuación explica que la sobretasa será destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio por las empresas de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional.

Uno de los defensores de la propuesta para salvar a Electricaribe es el representante a la Cámara José Darío Pérez, quien recordó que la empresa eléctrica costeña no tiene hoy recursos para comprar energía y representa el 25 % del mercado colombiano. Las empresas del sector eléctrico han considerado importante sanearla y entregarla a un operador que pueda hacer las inversiones requeridas para que acabe con esos aterradores índices de pérdidas negras, técnicas y recaudo de cartera y para que haya un eficiente servicio de administración pública.

“El tema de los $4 para la solución de Electricaribe es necesario por la situación en que está la empresa eléctrica, sin embargo, desde el punto de competitividad en tarifas nos va a afectar”, advirtió Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

Esa sobretasa, explicó, afectará el costo por kilovatio en el país, que está en $250 para el industrial y $450 para usuarios residenciales. “Más o menos entre el 1 y el 1,5 % de la tarifa es lo que se vería incrementado sobre lo que paga hoy en día un usuario”.

A la Superintendencia de Servicios Públicos le corresponde reglamentar el cobro de esa sobretasa, que debe hacerse efectiva en el último trimestre de este año.

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, explicó que “en estos momentos estamos trabajando en el proyecto de resolución reglamentaria y la idea es publicar en dos semanas para comentarios. Lo que se busca es establecer el mecanismo con las empresas para que ellas, una vez tengan observado el consumo, puedan pasar, de acuerdo a su ciclo de facturación, a establecer esos valores dentro de la factura de cada uno de los consumidores”.

Otra carga: la contribución

En el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó aumentar en 1 % la contribución que las empresas de servicios públicos vigiladas pagan a las entidades de control como la CREG, la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esta sobretasa va a nutrir el Fondo de Intervención e impactará las tarifas de la totalidad de usuarios de servicios públicos. Es decir, en adición al cobro de $4 por kilovatio consumido que se cobrará a los estratos altos de la población, la industria y el comercio, los estratos 1, 2 y 3 verán incrementadas sus tarifas de gas, agua y saneamiento básico desde el próximo año, cuando se reglamente el nuevo cobro.

“En estos momentos, la Superintendencia está recibiendo la información financiera de las empresas, con base en la cual se hacen los cálculos de la contribución”, explicó Avendaño.

La entidad de control se encuentra estudiando los cálculos sobre el monto en que se verán impactadas las tarifas de la totalidad de usuarios de servicios públicos.

Castañeda considera que el cambio sobre la base con la cual se cobran las contribuciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones de regulación va a impactar también a las empresas generadoras durante tres años. “El golpe (en las tarifas) puede ser significativo”, advierte el presidente de Andeg.

Para Asocodis, este tema preocupa en materia tarifaria de competitividad, pues “si bien es cierto que el impacto dependerá de los presupuestos que presenten esas instituciones, el impacto podría ser mucho mayor que los $4 por kilovatio que se aprobaron para los estratos altos”.

Los gremios y el Gobierno se encuentran evaluando el choque de estas decisiones sobre las tarifas.

“Los $4 van directamente a la tarifa y la contribución también. Los costos que se pagan por funcionamiento para las comisiones, como a la Superintendencia, en la fórmula tarifaria hacen parte del costo unitario de la prestación de servicios y por ello, sin duda alguna, afectan al usuario final”, dijo José Camilo Manzur.

El dirigente gremial insistió en que la contribución aplica para todos los usuarios de servicios públicos. “No conocemos la magnitud del impacto porque toca hacer el estimativo con todas las empresas, pero todo va a depender del presupuesto que presenten”, señaló el presidente de Asocodis. (De interés: Superservicios, preocupado por impacto de cargo fijo en tarifa de energía).

El Congreso aprobó que a partir del 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 se autoriza el cobro de una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Aclara que esa contribución se cobrará a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El traslado de los recursos de las cuentas de la Superintendencia al Fondo Empresarial estará exento del gravamen a los movimientos financieros. Del cobro de la sobretasa se salva el servicio de transporte masivo que se mueva con energía eléctrica. (De interés: Colombianos pagan US$1 millón diario por restricciones eléctricas: Asoenergía).