Tribunal Superior de Bogotá tiene la última palabra
contenido-exclusivo

Aplicaciones de transporte: regular o no regular...

Ciudades en todo el mundo ajustan su relación con plataformas de servicios de movilidad, como Uber, a partir de leyes que buscan nivelar las oportunidades del mercado, pero también servir mejor a los usuarios. Ausencia de regulación perjudica a todos los actores.

Getty Images.

No son días fáciles para Uber, ni en Colombia, ni en varios otros lados: la empresa enfrenta problemas regulatorios en algunos de sus mercados más importantes, como Londres, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles (en general el estado de California).

En algunos de estos sitios, las autoridades están comenzando a redefinir la relación laboral entre los conductores y la plataforma (que ha sido cobijada hasta ahora bajo el término “socios”), para buscar otorgarles a estos las protecciones laborales de cualquier empleo por fuera de la llamada “economía colaborativa”. En otros, los reguladores proponen nuevos impuestos y cargas para nivelar un poco más el campo de juego entre la plataforma y otras modalidades de transporte, así como percibir más ingresos para las arcas públicas.

En Colombia, una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la suspensión del servicio, aunque la medida fue apelada por la empresa ante el Tribunal Superior de Bogotá y, por lo tanto, la plataforma puede seguir operando hasta que no allá un fallo en firme.

Le sugerimos: Ordenan suspender la prestación del servicio de Uber en Colombia

Londres, quizás el mayor mercado de Uber para Europa (con unos 45.000 conductores asociados), podría cerrarle definitivamente las puertas a la plataforma, luego de que la autoridad de transporte de la ciudad (TfL) negara la renovación de la licencia de operación de la empresa, debido a problemas de seguridad relacionados con los usuarios. “Estamos comprometidos con los londinenses y estamos trabajando estrechamente con TfL para abordar sus inquietudes y solicitudes, tal como lo hemos hecho desde 2017”, dijo Jamie Heywood, gerente general de Uber para esa región a través de un comunicado.

Ahora bien, estas no son las mejores noticias para una empresa, pero, visto desde una perspectiva más amplia, al menos una que va más allá de los intereses corporativos, hay aspectos positivos. De fondo, los problemas regulatorios de Uber hablan de cómo las autoridades y las sociedades buscan llegar a mejores términos con modelos de negocios que han alterado por completo el ecosistema de la movilidad (llámese Uber, Didi, Lyft o como se quiera). Pero para llegar a este punto hubo que pasar por una primera regulación que integrara nuevas ideas de economía, trabajo y movilidad para ofrecer más opciones a los usuarios (uno de los puntos más importantes en esta conversación).

Todo lo anterior aplica para los ejemplos de mercados mencionados acá, con la notable excepción de Colombia, pero del país hablaremos luego.

Ciudades como México, Londres y varias otras de Estados Unidos (Chicago, Seattle y Nueva Jersey, por ejemplo) incorporaron regulaciones para permitir la operación legal de plataformas de movilidad compartida, como Uber. Y en el camino le otorgaron más opciones al usuario (así como al mercado). Pero haciendo esto también crearon retos y problemas nuevos que, en cierta medida, buscan ser corregidos con la ola regulatoria de estos tiempos.

Las empresas de la economía digital, por su propia naturaleza y quizá por haber escuchado demasiadas veces aquello de “muévete rápido y rompe cosas”, son reacias a los movimientos regulatorios y suelen caracterizarlos bajo la luz de freno a la innovación y atraso para los consumidores. Y en ciertos casos pueden tener razón: en Colombia, algunos observadores (que ni siquiera tienen fichas en ese juego) han puesto la medida de la SIC justo en esas categorías. Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional, dijo en Twitter que “la orden de suspensión de Uber me recuerda la narración de Alexander von Humboldt a su paso por nuestro país en 1801: una ordenanza prohibió ampliar el camino de Honda a Bogotá para que pudieran pasar las mulas, ante una protesta de los cargueros por temor a perder su trabajo”.

Pero esta visión también tiene sus sombras, principalmente que los intereses sociales vienen antes que el avance de una empresa (y que su margen de utilidades). Gary Hamel, uno de los consultores empresariales con más reputación global, dice: “Los negocios no tienen ningún derecho divino de existir. Son simplemente una creación social. Tienen que negociar sus permisos con la sociedad; lo que pueden y no pueden hacer”.

Bajo esta perspectiva, como ya se dijo, lo positivo es tener regulaciones que apunten a balancear los intereses corporativos con las necesidades y los problemas de una comunidad. En últimas, se trata de tener una visión más compleja sobre cómo integrar nuevas formas de economía con los modelos clásicos de producción. Henrique Schneider, economista y autor del libro Creative Destruction and the Sharing Economy, argumenta que las acciones regulatorias sectoriales desaceleran el paso de la innovación e incluso pueden acabar con ella.

En Barcelona, por ejemplo, el gobierno local aprobó, a principios de este año, una legislación que impone una suerte de tiempo de espera de quince minutos entre el pedido de un usuario y el acceso al servicio de transporte; esto en una ciudad con tiempos promedio de desplazamiento de poco más de 23 minutos.

El enfoque de Schneider apunta hacia reformular las reglas de juego de ambos modelos, entendiendo que ambos tienen problemas diferentes y se sostienen bajo distintas premisas. Pero la idea de fondo se mantiene en la necesidad de intervenciones por parte de los reguladores.

La decisión de la SIC es apenas un eslabón más en casi la única categoría de acción regulatoria en Colombia sobre el tema: el castigo, bien sea a través de multas, sanciones o demandas.

Desde noviembre de 2015, el Ministerio de Transporte creó la categoría de taxis de lujo para intentar solucionar los líos creados en el panorama de movilidad con la operación de plataformas como Uber. La reciente decisión de la SIC habla elocuentemente sobre los alcances de esa medida para lograr su cometido.

Visto desde este lado, la ausencia de un marco regulatorio que reconozca la incorporación de la economía colaborativa en el campo de la movilidad (y que aspire a corregir sus deformidades) parece beneficiar solo a las firmas de abogados.

Mauricio Toro, congresista que impulsa un proyecto para regular plataformas como Uber, se declaró en contra de la decisión de la SIC, entre otras cosas, porque podría vulnerar el principio de neutralidad de red (el tráfico de la red no puede ser discriminado) si se les ordena a los operadores de telefonía suspender la aplicación. Este, por cierto, también ha sido el argumento de fondo del Ministerio TIC en el tema Uber.

En una carta abierta, Uber pidió a las autoridades crear una regulación para los servicios que ofrece. “Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades”, se lee en el documento.

Como han comentado varios analistas, el impulso de regulación debería extenderse a reformular el esquema de funcionamiento de los taxis, en especial el sistema de cupos. Este, debido a su escasez por diseño, privilegia el control de grandes capitales por encima de los beneficios para los conductores; o sea, es un negocio para pocos.

De fondo, regular servicios como Uber no es imposible, no hay obstáculos insalvables en el sistema, como bien lo demuestran las ciudades y los países que han tomado el toro por los cuernos. Parafraseando a John Lennon, se podría que la ilegalidad se acabó, si así lo quieren.

897413

2019-12-26T11:36:27-05:00

article

2019-12-27T07:19:40-05:00

[email protected]

none

Santiago La Rotta - @Troskiller

Economía

Aplicaciones de transporte: regular o no regular...

51

7989

8040

1