Contralor propone reformar términos procesales para evitar impunidad en ‘falsos positivos'

Sentencias y conciliaciones ejecutoriadas entre 2003 y 2009 le han copstado al Estado 2,4 billones de pesos a los contribuyentes.

Llevar a consideración del Congreso de la República una reforma de los términos procesales, de forma tal que se de un tratamiento diferente a los procesos penales de alto impacto frente a las pequeñas causas, con lo cual se evitarían situaciones como la ocurrida en el caso de lo que se ha llamado "falsos positivos", propuso el contralor General de la República, Julio Cesar Turbay Quintero.

"La transparencia en la justicia necesita el cumplimiento estricto de los términos procesales toda vez que ello garantiza a la sociedad el ejercicio idóneo de esta función pública. Para tal efecto podría ser útil la revisión, por parte del Congreso de la República, de algunos de estos términos pues es un hecho notorio que procesos penales de alto impacto no pueden tratarse en la misma forma que pequeñas causas", indicó el contralor.

Dijo que un fiel ejemplo de ello es el sonado caso de los mal llamados ‘falsos positivos', que por su complejidad, sumado a las maniobras dilatorias de algunos abogados, concluyen con el vencimiento de los términos y la consecuente libertad de los sindicados.

Considera la Contraloría General que el Legislativo debe examinar, si en estos eventos estamos frente a términos suficientes, "porque no podemos, en aras de una presunta celeridad, sacrificar la transparencia y efectividad de la justicia", subrayó Turbay Quintero.

La transparencia en la justicia requiere también de la aplicación rigurosa del Régimen Disciplinario para funcionarios judiciales y abogados, argumentó.

En su opinión, "la noble función de administrar justicia debe ir acompañada de un estricto control y la menor falta disciplinaria debe ser sancionada con severidad".

Acabar confrontación entre altas Cortes

Turbay Quintero consideró que un mecanismo que puede resultar eficaz para evitar la confrontación entre las altas cortes de la justicia, podría ser revisar el tema de la tutela contra sentencias de los órganos de cierre (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura).

"De esta forma, se contrarrestaría el que, por ejemplo, las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia fueran objeto de revisión mediante tutelas por otras corporaciones, lo cual permitiría el reconocimiento de la especialidad de cada jurisdicción", explicó el contralor.

Demandas contra el Estado

Otro aspecto en el cual la Contraloría General de la República ha encontrado debilidades en el aparato judicial, y que abre posibilidades a prácticas corruptas, es el elevado nivel de demandas en contra de las entidades estatales, especialmente por las altas cuantías que éstas representan y que ponen en riesgo las finanzas públicas al llegar a convertirse en un gasto insostenible en el corto y mediano plazo.

Al convertirse estas demandas, en fallos o sentencias contra las entidades públicas, dichas obligaciones entran a presionar la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación para pagar anualmente las sumas judicialmente reconocidas.

En el periodo 2003-2009, se ejecutaron recursos presupuestales por valor de 2.4 billones de pesos de 2009, por concepto de sentencias y conciliaciones ejecutoriadas, recordó el contralor Turbay Quintero.

Estos recursos habrían sido destinados a otros sectores que proporcionaran mayor bienestar a la sociedad, si se promoviera la prevención del daño antijurídico y además se contara con una verdadera y eficiente defensa jurídica del Estado, manifestó.

De esos 2,4 billones de pesos, el sector Defensa, Justicia y Seguridad es el más representativo, con 66% de la ejecución ($1.6 billones).

De acuerdo con la Contaduría General de la Nación, a septiembre 30 de 2009, los registros contables relacionados con las demandas en contra de las entidades estatales, tanto del orden nacional como territorial, presentaban pretensiones por 749 billones de pesos, es decir 154% del PIB colombiano del mismo año ($486 billones).

Esta cifra tan exorbitante, está explicada principalmente por la existencia de un proceso contra el Ministerio de Agricultura por 595 billones de pesos, que aparece registrada en sus estados contables con corte a 2008.

 

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