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El futuro de Broadcom, uno de los mayores fabricantes de procesadores y semiconductores del mundo, se acaba de enredar un poco ahora que la administración Trump bloqueó la adquisición de la norteamericana Qualcomm, otro de los grandes jugadores en este sector. Aunque nadie espera que la empresa con sede en Singapur sufra excesivamente por este movimiento, este es un movimiento más del presidente de EE.UU. para ponerle límites al ascenso económico de China.
Lo que sí queda claro es que la seguridad nacional dejó de ser un argumento de defensa militar para convertirse en uno de los mayores instrumentos de política económica de Donald Trump.
En apenas dos semanas, Trump ha impulsado dos grandes medidas económicas invocando razones de seguridad nacional. La primera fue la imposición de aranceles al acero y al aluminio. En este caso, por ejemplo, el presidente aseguró que había un riesgo inminente de afectar la industria militar, pues el aluminio requerido para fabricar aviones de combate sólo es producido en tres instalaciones en el mundo y sólo una de ellas se encuentra en Estados Unidos.
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En el caso de Qualcomm, las razones van desde el miedo a la competencia, la posible ralentización de la entrada de redes 5G al mercado y, claro, que China gane más terreno en el estratégico sector de telecomunicaciones.
Ahora bien, Broadcom no es china, pues está afincada en Singapur y, de hecho, estaba acelerando sus planes para cambiar de domicilio a Estados Unidos como un gesto para congraciarse con la administración Trump y para calmar los temores sobre la intervención china en un sector clave.
El bloqueo a la adquisición, que habría costado unos US$117.000 millones, estaba anunciado de cierta forma. Lo que sorprendió fue la intervención directa de Trump y el momento en el que la hizo. La injerencia de un presidente en asuntos comerciales privados es una especie de animal fantástico en la política estadounidense: ha sucedido cuatro veces en unos 30 años.
Lo que sí resulta algo más normal es que un panel especializado en comercio revise los términos y la conveniencia de entregarle el control de empresas nacionales a extranjeros. Sólo en la administración Trump se han detenido o bloqueado nueve negocios que, en conjunto, habrían llegado a casi US$6.000 millones. En ocho de esos casos, el comprador era una empresa china y, en por lo menos uno, se sospechaba que el inversionista era una fachada para el gobierno chino.
El caso de Qualcomm presenta otras particularidades: el liderazgo de la empresa norteamericana rechazaba la adquisición, pero sus accionistas podrían haberla respaldado, si tan sólo se les hubiera consultado. La intervención del panel de especialistas que revisa estos negocios se dio antes de escuchar la voz de los accionistas, por un lado, y, por el otro, también se atravesó Trump.
Uno de los temores más fuertes en este escenario es la relevancia de Qualcomm en la llegada de las redes 5G, una suerte de cambio de paradigma en la forma, alcance y velocidad con la que podrá ser distribuida la información, en una era en la que ésta es un sinónimo directo de poder y relevancia económica.
En concreto, lo que el panel y Trump temen es que Broadcom (y por ende Qualcomm) pueda desacelerar sus labores en la entrada a este futuro mercado, cediendo terreno así para que competidores, entre ellos empresas chinas, llenen los espacios dejados por Qualcomm.
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Lo cierto en este punto es que las disputas y la desconfianza entre Estados Unidos y China en el campo de telecomunicaciones no es un asunto para nada nuevo. El tema, en uno de sus capítulos más recientes al menos, podría ser rastreado hasta 2013, cuando comenzaron las sospechas de legisladores estadounidenses contra Huawei.
En ese momento, un grupo de agencias gubernamentales recibieron la instrucción de no comprar equipos de telecomunicaciones fabricados por esta compañía, que es vista, por momentos, con demasiada cercanía al gobierno chino (aunque no cuenta con inversión estatal, cabe aclarar).
En enero de este año, Mike Conaway, representante de Texas, presentó una ley para impedir que el gobierno federal realice negocios con Huawei y con ZTE, otro de los gigantes de telecomunicaciones chinos.
El episodio más reciente de las acciones contra Huawei llegó con la negativa de AT&T a comercializar el Huawei Mate 10 Pro, el teléfono de más alta gama de la marca china, que introduce novedades como un procesador de diseño propio pensado para manejar técnicas de inteligencia artificial.
La decisión de AT&T llegó luego de que varios legisladores presionaran a la empresa para no permitir la entrada de Huawei al mercado estadounidense, según reportó en su momento la agencia Reuters, que también asegura que congresistas de EE.UU. le han advertido a varias compañías que tener relaciones comerciales con el fabricante chino puede impedirles hacer negocios con el gobierno federal.
A través de un comunicado, Broadcom aseguró que está analizando la orden y que “no está en absoluto de acuerdo en que la adquisición de Qualcomm propuesta plantee problemas de seguridad nacional”.
Steve Mollenkopf, CEO de Qualcomm, dijo que el intento de toma de control debe ser abandonado totalmente por parte de Broadcom.
A pesar del bloqueo al que habría sido el mayor negocio en el mundo de tecnología, las acciones de las empresas de semiconductores registraban el miércoles un alza, según reportó Bloomberg: a primera hora de la mañana Intel subía 3,6 %., Broadcom se negociaba con un alza de 2,8 % y el índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) subía 1,3 %.