“Buscamos acabar con la corrupción”: presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia

Rafael Mejía lidera la entidad en la que se negocian productos y servicios al menor precio posible. Quien presidió la SAC durante 15 años, aún ve alarmantes niveles de importación de alimentos.

Rafael Mejía pasó de presidir la Sociedad de Agricultores de Colombia a la Bolsa Mercantil, en octubre de 2016. / Archivo

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) es una entidad privada, en la que instituciones tanto públicas como privadas, a través de comisionistas, pueden comprar productos y servicios: alimentos, tecnología, mobiliario, etc. Eso sucede mediante una subasta inversa; es decir, en la que los proveedores pujan al bajar el precio hasta ganarse el negocio. Eso, según cifras de la BMC, le ha ahorrado al Estado unos $63.000 millones entre enero y abril de este año.

Entre otras operaciones, también funge como gestor del mercado de gas, con el registro de todos los contratos del sector. A la presidencia de esta entidad, fuente de información y aliada del sector agropecuario, en octubre del año pasado llegó Rafael Mejía, después de estar, durante 15 años, al frente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). En diálogo con El Espectador, explica los cambios que realizó en la entidad y sus percepciones sobre el desempeño del agro.

Cuando llegó, ¿cómo encontró el funcionamiento de la Bolsa?

He estado en la Bolsa en la junta y como presidente de la junta dos años. Es una entidad en la que hubo que hacer un plan de emergencia entre octubre y diciembre, que funcionó muy bien, para después empezar entre enero y abril. Primero, uno tiene que ver qué existe para hacer negocios, para que, cuando lleguen, se puedan procesar y controlar. Se creó la Vicepresidencia de Estudios Económicos y Estructuración de Negocios. Ya estaba la Vicepresidencia Comercial, en la que se concretan los negocios que sean rentables; luego entra la Vicepresidencia de Operaciones, para que el negocio que llega sí se pueda trasladar. Finalmente, la Vicepresidencia de Administración y Financiera. Antes sólo estaban la Vicepresidencia Comercial y la de Administración.

¿Por qué fue necesario un plan de emergencia?

Se hizo porque veíamos que el cierre del balance de 2016 no sería el más adecuado. Hoy, el balance de marzo, comparado con el de 2016, da cuenta de que en activos se incrementa el 12 %, a $78.000 millones, el pasivo sube sólo el 6 % y el patrimonio se incrementa en 13 %. No hay pasivos financieros con bancos. Los ingresos operacionales suben un 9 %, bajamos gastos en 20%, los resultados se incrementan en 202 %. El total es que, en los primeros tres meses del año, se sube de $664 millones a $2.248 millones de utilidad, con un aumento en patrimonio y activos, y se disminuyen pasivos.

¿Y en todo 2016?

La utilidad estuvo alrededor de $9.000 millones, de los cuales la mitad se fue en pagar impuestos y el restante para contrarrestar pérdidas acumuladas, que se disminuyeron en un 50 %.

¿Por qué hay tanto énfasis en el mercado de compras públicas?

Entre enero y abril, hubo un presupuesto de $795.000 millones. Ya en la rueda se negociaron por $731.000 millones; es decir, el Gobierno se ahorró $63.000 millones en esas operaciones, en una forma transparente. Este mercado está combatiendo la corrupción. En los últimos años hemos tenido 38.650 operaciones por $5,4 billones negociados.

¿Cómo es el procedimiento?

Primero, hay una verificación de inscripción en Sibol, el sistema donde están los productos. Si no están los productos, se inscriben. Todo empieza con una carta de intención de la entidad pública, se hace una ficha técnica de negociación y otra de producto; un certificado de disponibilidad presupuestal, acto administrativo de apertura de proceso, carta y fichas aprobadas, que no se cambian. Puede haber varios oferentes, pero la ficha técnica no se cambia. Se reciben y se responden observaciones, se selecciona al comisionista. Todo se publica. La bolsa verifica todas las condiciones, y los que entran en la negociación es porque cumplieron todo. Ya en la rueda, no están ni los compradores ni los vendedores, sino los comisionistas. Algo fundamental para la transparencia es que hay pluralidad de oferentes, que pujan para bajar el precio. Pero no se cambia ni la cantidad ni la calidad de lo que se va a comprar. Si vemos que hay un solo oferente en una operación, se le cuenta a la entidad del Estado, para no ir. La entidad acepta o no. 

¿Hay máximos y mínimos para esa fluctuación de precio?

Para las negociaciones hay que tener garantías de que no haya precios ficticios, eso quiere decir que no haya alguien participando para hacer que el mercado se baje y luego eso no sea una negociación verdadera. Para eso tenemos bandas que se basan en precios y garantías. Cada vez que el precio va bajando y se rompe una banda, se para el mercado para que el mercado pueda recalcular las garantías y así se pueda garantizar que al precio final sí se responderá. Cuando hay incumplimiento de alguna de las partes, tenemos un comité arbitral. Son personas externas y expertas. La mayoría de veces las controversias se solucionan acá, no hay que acudir a juzgados ni nada. Es in situ.

¿Cómo le ha ido trabajando un poco más de cerca con el Gobierno que cuando estaba en la SAC?

Igual de bien. Tanto la SAC como la BMC son entidades privadas. Las relaciones con los gobiernos han sido, son y deben ser serias y respetuosas, pero dando las opiniones de forma educada cuando sea necesario

El sector del agro fue el mejor en el último dato del PIB, pero las importaciones de alimentos también están disparadas. ¿Cómo ve esa dicotomía?

El crecimiento del 7,7 % de la agricultura en el PIB tiene que ver con que el café creció sobre el 11 %, y este aporta más del 50 % de los ingresos del PIB agropecuario. Cualquier efecto positivo o negativo del café se nota de inmediato. También crecieron los cereales; ahí está el arroz, que ha tenido un desarrollo y estamos autoabastecidos. Hay que analizar cada producto. En cuanto a importaciones, son un desastre. Han estado entre 11 y 12 millones de toneladas anuales durante los últimos años. Vemos que el esfuerzo que se hizo entre el Gobierno y el sector privado con el Plan Colombia Siembra no ha sido suficiente y hay que seguir haciéndolo. Está creciendo a mayor velocidad la importación que la oferta. Se desaprovechó una reforma tributaria para generar incentivos y que se invierta en el campo. La inflación, que iba bajando muy bien, se va a parar por dos motivos: por oferta y por el problema de las lluvias que han sido más intensas de lo previsto. Se dañan los cultivos y, además, incide el costo del transporte entre las diferentes zonas. Eso me tiene preocupado.

 

 

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