Cajamarca busca reinventarse más allá de la minería

Flor Alba Castellanos lleva 20 años sacando material de arrastre de la cuenca del río Anaime. Casi todas las mañanas de su vida las ha dedicado a extraer arena lisa para pañete y arena gruesa para ladrillo. Su rutina es agotadora. Se levanta temprano, baja al río, con una pala desentierra la arena de la playa, la amontona, la revisa con cuidado, le quita las piedras, le limpia la basura, la lleva en carretilla hasta un centro de acopio improvisado y la deja secando, escurriendo, “para que pese menos”.

Tiene varios costales que usa para transportar el material desde la orilla hasta la carretera. Mientras conversamos, se echa uno de los bultos al hombro y arranca a subir por un camino empedrado, resbaloso, inexistente. Atraviesa tres pequeños puentes, que ella y su hijo construyeron con troncos de madera, y sube la cuesta entre los árboles. Hace 30 viajes de estos al día. Según sus cuentas, por cada trayecto no alcanza a ganar ni $1.000. “A pesar de todo, nos gusta nuestra profesión”.

Flor Alba Castellanos es una de las 30 mineras artesanales de las veredas de El Rosal y La Fonda en Cajamarca, Tolima, que se verían afectadas por los resultados de la consulta popular del 26 de marzo de este año, en la que el 97 % de los votantes rechazaron los planes mineros en su territorio. A pesar de que la minería es la fuente de ingresos de su familia, Flor Alba está de acuerdo con la consulta, lleva varios años promoviéndola y está convencida de la importancia que tuvo para el empoderamiento de las comunidades y el cuidado del medioambiente en la región. “Primero hay que defender el territorio, el agua, la comida y después defender el trabajo. Si hubiéramos perdido la consulta y AngloGold hubiera empezado a explotar oro en La Colosa, en unos años no habría ni territorio, ni agua, ni comida, ni trabajo”, asegura.

El posible desempleo de estas familias que viven de la minería artesanal es uno de los argumentos que ha dado el alcalde de Cajamarca, Pedro Pablo Marín, para decir que los resultados de la consulta y la posterior salida de AngloGold han afectado la estabilidad económica del municipio.

De acuerdo con Marín, el cierre de operaciones de la multinacional, acompañado de la suspensión del proyecto del túnel de La Línea y de la detención de la construcción de la doble calzada (Ibagué-Cajamarca) dejaron a más de 1.200 personas cesantes y generaron una especie de crisis socioeconómica interna.

En contraste, los datos oficiales de AngloGold dicen que, cuando la compañía decidió retirarse del municipio y liquidar a sus empleados, tenía sólo 180 personas vinculadas directamente, 140 de ellas de Cajamarca. Los habitantes del municipio que trabajaban en el túnel de La Línea y se quedaron sin empleo eran más o menos 300 y las personas que estaban vinculadas a la primera fase de la doble calzada no eran más de 50. Vale la pena aclarar que al menos las obras de infraestructura tienen que arrancar de nuevo.

Esto no es poca cosa, pero, contra todos los pronósticos, parece que las consecuencias económicas del cierre temporal o definitivo de estos tres megaproyectos no han sido tan graves como se creía.

Si bien el desempleo de cerca de 500 habitantes de los 26.000 que habitan el municipio afecta las condiciones de vida de sus familias y genera una relativa desaceleración en el comercio, los distintos sectores de la sociedad de Cajamarca coinciden en que el campo es, al tiempo, el motor de las bonanzas o el origen de las crisis. “Si a los campesinos les va bien, a Cajamarca le va bien, el resto no importa mucho”, aseguró la dueña de una de las peluquerías del municipio cuando le preguntamos por la situación actual de su negocio. Esta opinión la comparten los carniceros, vendedores de abarrotes, las meseras de los restaurantes y la mayoría de la gente del común.

“Nosotros no estamos en crisis ni estamos arrepentidos de haber rechazado la minería en nuestro territorio”, asegura Nancy, dueña de unos hoteles del municipio. Y añade: “La economía de Cajamarca se mueve por el precio de la carga de arracacha y del bulto de fríjol. Cuando funcionaban los tres megaproyectos beneficiaron a muy pocas personas. Ahora que se van sólo las afecta a ellas”.

Camilo Andrés Padilla, concejal de Cajamarca por el Polo Democrático Alternativo y defensor de la consulta, afirma que la preocupación del alcalde por una crisis económica es muy discutible. “En el pueblo hubo mucha expectativa por los tres proyectos. Estamos ubicados entre dos ciudades con altos índices de desempleo: Ibagué y Armenia, y por eso con el anuncio de los proyectos llegó mucha gente de afuera con la idea de conseguir plata. Se incrementó el costo de vida, el de los arriendos, de la canasta familiar y ahora que los tres proyectos están frenados, la gente que llegó no tiene mucho que hacer y el costo de vida todavía no ha bajado. Es cierto que hay un problema económico, pero se debe al abandono y a las dificultades del campo, que afectan el comercio en el casco urbano y el transporte, no a estos proyectos”.

Otro factor adicional que devela Padilla es que la mano de obra para trabajar la tierra se encareció gracias a la llegada de los megaproyectos. “Antes de La Colosa, el túnel de La Línea y la doble calzada, el jornal se pagaba a $25.000, ahora está en $40.000. Esto desincentiva la producción agrícola”.

Para Róbinson Mejía, líder del Comité Ambiental por la Defensa del Agua, Cajamarca está en un proceso de transición que deja atrás la minería y se encamina en la senda de una economía agraria sostenible. “En estos momentos, nuestro municipio avanza en la posibilidad de consolidar un modelo económico basado en la producción de alimentos”. El primer paso de esta transformación, según Mejía, fue la consulta popular, y el que sigue busca que Cortolima emita una serie de resoluciones que les dan caducidad a los permisos ambientales otorgados a AngloGold. “Se tienen que derogar las concesiones de agua, los permisos de vertimiento y las autorizaciones de ocupación del cauce”.

Otros líderes del movimiento aseguran que el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de cancelar dos sustracciones de la reserva forestal central en la que está La Colosa, y que el Ministerio de Minas y Energía tiene que derogar la totalidad de los títulos mineros del municipio. “Cajamarca tiene el 86 % de su territorio ocupado con títulos mineros activos, el 13 % en proceso de solicitud, y sólo el 1 % del territorio está libre”, dice Mejía. Según datos de la Agencia Nacional de Minería, en Cajamarca, AngloGold Ashanti posee 15 títulos mineros, Negocios Mineros S. A., uno, y Northem Colombia, otro.

Mientras tanto, los líderes ambientalistas son conscientes de que uno de sus deberes es generar alternativas de desarrollo y progreso que reemplacen los beneficios económicos de la minería. “Cajamarca ha logrado consolidarse como el primer productor de arracacha del mundo, el tercer productor de fríjol del país y es uno de los municipios que más toneladas de comida produce. Todos los días salen camiones para las plazas de mercado de Cali, Medellín y Bogotá, además de Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales. En Cajamarca toda la economía tiene que ver con la cadena productiva del agro”, añade Mejía.

Las cifras del municipio muestran que hay más de 12.000 cajamarcunos trabajando en el campo y que cada finca puede producir entre 10 y 50 empleos directos, dependiendo de la temporada.

Aunque suene paradójico, los ambientalistas, los campesinos y el alcalde están de acuerdo en que la producción tradicional de alimentos no es la única solución para que Cajarcama despegue y la calidad de vida de sus habitantes mejore. “Hay que desarrollar proyectos agroecológicos que se basen en la producción limpia de alimentos y, sobre todo, en darle valor agregado a la materia prima”, asegura el concejal Padilla.

Un ejemplo exitoso de este proceso es la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra). Para Yolanda, una mujer campesina que lleva 15 años trabajando con el proyecto, la clave de la agroecología está en no utilizar ningún tipo de agrotóxico, en transformar los productos y en lograr un equilibrio con el ecosistema. “Tenemos una planta de procesamiento donde la zanahoria recién recogida, por ejemplo, se convierte en galletas, torta y yogur, y así es más rentable. Además, para que la agroecología funcione hay que descubrir que el suelo es un organismo vivo, aprender que las hierbas no son maleza, sino plantas acompañantes con una función específica, y que los moscos, las chapalas, los abejorros y el resto de animales del cultivo no son plagas sino aliados”.

Según la líder de Apacra, en Cajamarca el comercio de abonos y pesticidas, cada año, mueve $9.000 millones; en sus cifras, el presupuesto del municipio no alcanza a los $6.000 millones. “Vender veneno es más rentable que ser alcalde”.

Por su parte, el alcalde Marín, aunque no conoce a Yolanda, está de acuerdo con ella. “Nosotros tenemos una vocación agrícola ancestral, pero hemos estado en el olvido, no hemos tenido ningún apoyo directo del Gobierno Nacional que nos ayude a tener una política agraria seria. Tenemos que formar y tecnificar a los campesinos para que el campo sea más rentable”.

Aunque el presupuesto de la Alcaldía sea limitado y los megaproyectos de infraestructura están frenados, el mandatario asegura que va a hacer todo lo posible para cambiar los problemas por oportunidades. “Nos estamos concentrado en cobrar los impuestos que nos corresponden, especialmente en el tema de infraestructura. En este momento estamos adelantando procesos contractuales para cobrar cerca de $8.000 millones que se le adeudan al municipio”. Como afirma Marín, con ese dinero, que se le está reclamando a cerca de 80 empresas que no han pagado sus obligaciones tributarias, se van a financiar proyectos como el acueducto de Cajamarca, la asociatividad de los campesinos y proyectos de ecoturismo.

Los habitantes y las autoridades han reconocido que haberle dicho no a la minería no significa decirle no al desarrollo ni al progreso socioeconómico. Al contrario, esa decisión, que en principio dividió a la comunidad, puede ser una ocasión para impulsar el desarrollo de la región. Como reconocen los líderes ambientalistas y el alcalde del municipio, es momento de sacar a flote el sentido de pertenencia de todos los cajamarcunos “Vamos a cambiar la cara de Cajamarca, aun cuando el Gobierno no nos quiera dar la mano. El mensaje es que en estos momentos debemos unirnos, explorar opciones, no olvidar a los campesinos y apostarle a convertir a Cajamarca en la despensa agrícola de Colombia”, finaliza el alcalde Marín.

Aunque parezca improbable, los polos opuestos de esta discusión se encuentran en este punto. Mejía, líder ambientalista, también sueña con que Cajamarca sea la despensa agrícola de Colombia.

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Flor Alba Castellanos lleva 20 años sacando material de arrastre de la cuenca del río Anaime. Casi todas las mañanas de su vida las ha dedicado a extraer arena lisa para pañete y arena gruesa para ladrillo. Su rutina es agotadora. Se levanta temprano, baja al río, con una pala desentierra la arena de la playa, la amontona, la revisa con cuidado, le quita las piedras, le limpia la basura, la lleva en carretilla hasta un centro de acopio improvisado y la deja secando, escurriendo, “para que pese menos”.

Tiene varios costales que usa para transportar el material desde la orilla hasta la carretera. Mientras conversamos, se echa uno de los bultos al hombro y arranca a subir por un camino empedrado, resbaloso, inexistente. Atraviesa tres pequeños puentes, que ella y su hijo construyeron con troncos de madera, y sube la cuesta entre los árboles. Hace 30 viajes de estos al día. Según sus cuentas, por cada trayecto no alcanza a ganar ni $1.000. “A pesar de todo, nos gusta nuestra profesión”.

Flor Alba Castellanos es una de las 30 mineras artesanales de las veredas de El Rosal y La Fonda en Cajamarca, Tolima, que se verían afectadas por los resultados de la consulta popular del 26 de marzo de este año, en la que el 97 % de los votantes rechazaron los planes mineros en su territorio. A pesar de que la minería es la fuente de ingresos de su familia, Flor Alba está de acuerdo con la consulta, lleva varios años promoviéndola y está convencida de la importancia que tuvo para el empoderamiento de las comunidades y el cuidado del medioambiente en la región. “Primero hay que defender el territorio, el agua, la comida y después defender el trabajo. Si hubiéramos perdido la consulta y AngloGold hubiera empezado a explotar oro en La Colosa, en unos años no habría ni territorio, ni agua, ni comida, ni trabajo”, asegura.

El posible desempleo de estas familias que viven de la minería artesanal es uno de los argumentos que ha dado el alcalde de Cajamarca, Pedro Pablo Marín, para decir que los resultados de la consulta y la posterior salida de AngloGold han afectado la estabilidad económica del municipio.

De acuerdo con Marín, el cierre de operaciones de la multinacional, acompañado de la suspensión del proyecto del túnel de La Línea y de la detención de la construcción de la doble calzada (Ibagué-Cajamarca) dejaron a más de 1.200 personas cesantes y generaron una especie de crisis socioeconómica interna.

En contraste, los datos oficiales de AngloGold dicen que, cuando la compañía decidió retirarse del municipio y liquidar a sus empleados, tenía sólo 180 personas vinculadas directamente, 140 de ellas de Cajamarca. Los habitantes del municipio que trabajaban en el túnel de La Línea y se quedaron sin empleo eran más o menos 300 y las personas que estaban vinculadas a la primera fase de la doble calzada no eran más de 50. Vale la pena aclarar que al menos las obras de infraestructura tienen que arrancar de nuevo.

Esto no es poca cosa, pero, contra todos los pronósticos, parece que las consecuencias económicas del cierre temporal o definitivo de estos tres megaproyectos no han sido tan graves como se creía.

Si bien el desempleo de cerca de 500 habitantes de los 26.000 que habitan el municipio afecta las condiciones de vida de sus familias y genera una relativa desaceleración en el comercio, los distintos sectores de la sociedad de Cajamarca coinciden en que el campo es, al tiempo, el motor de las bonanzas o el origen de las crisis. “Si a los campesinos les va bien, a Cajamarca le va bien, el resto no importa mucho”, aseguró la dueña de una de las peluquerías del municipio cuando le preguntamos por la situación actual de su negocio. Esta opinión la comparten los carniceros, vendedores de abarrotes, las meseras de los restaurantes y la mayoría de la gente del común.

“Nosotros no estamos en crisis ni estamos arrepentidos de haber rechazado la minería en nuestro territorio”, asegura Nancy, dueña de unos hoteles del municipio. Y añade: “La economía de Cajamarca se mueve por el precio de la carga de arracacha y del bulto de fríjol. Cuando funcionaban los tres megaproyectos beneficiaron a muy pocas personas. Ahora que se van sólo las afecta a ellas”.

Camilo Andrés Padilla, concejal de Cajamarca por el Polo Democrático Alternativo y defensor de la consulta, afirma que la preocupación del alcalde por una crisis económica es muy discutible. “En el pueblo hubo mucha expectativa por los tres proyectos. Estamos ubicados entre dos ciudades con altos índices de desempleo: Ibagué y Armenia, y por eso con el anuncio de los proyectos llegó mucha gente de afuera con la idea de conseguir plata. Se incrementó el costo de vida, el de los arriendos, de la canasta familiar y ahora que los tres proyectos están frenados, la gente que llegó no tiene mucho que hacer y el costo de vida todavía no ha bajado. Es cierto que hay un problema económico, pero se debe al abandono y a las dificultades del campo, que afectan el comercio en el casco urbano y el transporte, no a estos proyectos”.

Otro factor adicional que devela Padilla es que la mano de obra para trabajar la tierra se encareció gracias a la llegada de los megaproyectos. “Antes de La Colosa, el túnel de La Línea y la doble calzada, el jornal se pagaba a $25.000, ahora está en $40.000. Esto desincentiva la producción agrícola”.

Para Róbinson Mejía, líder del Comité Ambiental por la Defensa del Agua, Cajamarca está en un proceso de transición que deja atrás la minería y se encamina en la senda de una economía agraria sostenible. “En estos momentos, nuestro municipio avanza en la posibilidad de consolidar un modelo económico basado en la producción de alimentos”. El primer paso de esta transformación, según Mejía, fue la consulta popular, y el que sigue busca que Cortolima emita una serie de resoluciones que les dan caducidad a los permisos ambientales otorgados a AngloGold. “Se tienen que derogar las concesiones de agua, los permisos de vertimiento y las autorizaciones de ocupación del cauce”.

Otros líderes del movimiento aseguran que el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de cancelar dos sustracciones de la reserva forestal central en la que está La Colosa, y que el Ministerio de Minas y Energía tiene que derogar la totalidad de los títulos mineros del municipio. “Cajamarca tiene el 86 % de su territorio ocupado con títulos mineros activos, el 13 % en proceso de solicitud, y sólo el 1 % del territorio está libre”, dice Mejía. Según datos de la Agencia Nacional de Minería, en Cajamarca, AngloGold Ashanti posee 15 títulos mineros, Negocios Mineros S. A., uno, y Northem Colombia, otro.

Mientras tanto, los líderes ambientalistas son conscientes de que uno de sus deberes es generar alternativas de desarrollo y progreso que reemplacen los beneficios económicos de la minería. “Cajamarca ha logrado consolidarse como el primer productor de arracacha del mundo, el tercer productor de fríjol del país y es uno de los municipios que más toneladas de comida produce. Todos los días salen camiones para las plazas de mercado de Cali, Medellín y Bogotá, además de Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales. En Cajamarca toda la economía tiene que ver con la cadena productiva del agro”, añade Mejía.

Las cifras del municipio muestran que hay más de 12.000 cajamarcunos trabajando en el campo y que cada finca puede producir entre 10 y 50 empleos directos, dependiendo de la temporada.

Aunque suene paradójico, los ambientalistas, los campesinos y el alcalde están de acuerdo en que la producción tradicional de alimentos no es la única solución para que Cajarcama despegue y la calidad de vida de sus habitantes mejore. “Hay que desarrollar proyectos agroecológicos que se basen en la producción limpia de alimentos y, sobre todo, en darle valor agregado a la materia prima”, asegura el concejal Padilla.

Un ejemplo exitoso de este proceso es la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra). Para Yolanda, una mujer campesina que lleva 15 años trabajando con el proyecto, la clave de la agroecología está en no utilizar ningún tipo de agrotóxico, en transformar los productos y en lograr un equilibrio con el ecosistema. “Tenemos una planta de procesamiento donde la zanahoria recién recogida, por ejemplo, se convierte en galletas, torta y yogur, y así es más rentable. Además, para que la agroecología funcione hay que descubrir que el suelo es un organismo vivo, aprender que las hierbas no son maleza, sino plantas acompañantes con una función específica, y que los moscos, las chapalas, los abejorros y el resto de animales del cultivo no son plagas sino aliados”.

Según la líder de Apacra, en Cajamarca el comercio de abonos y pesticidas, cada año, mueve $9.000 millones; en sus cifras, el presupuesto del municipio no alcanza a los $6.000 millones. “Vender veneno es más rentable que ser alcalde”.

Por su parte, el alcalde Marín, aunque no conoce a Yolanda, está de acuerdo con ella. “Nosotros tenemos una vocación agrícola ancestral, pero hemos estado en el olvido, no hemos tenido ningún apoyo directo del Gobierno Nacional que nos ayude a tener una política agraria seria. Tenemos que formar y tecnificar a los campesinos para que el campo sea más rentable”.

Aunque el presupuesto de la Alcaldía sea limitado y los megaproyectos de infraestructura están frenados, el mandatario asegura que va a hacer todo lo posible para cambiar los problemas por oportunidades. “Nos estamos concentrado en cobrar los impuestos que nos corresponden, especialmente en el tema de infraestructura. En este momento estamos adelantando procesos contractuales para cobrar cerca de $8.000 millones que se le adeudan al municipio”. Como afirma Marín, con ese dinero, que se le está reclamando a cerca de 80 empresas que no han pagado sus obligaciones tributarias, se van a financiar proyectos como el acueducto de Cajamarca, la asociatividad de los campesinos y proyectos de ecoturismo.

Los habitantes y las autoridades han reconocido que haberle dicho no a la minería no significa decirle no al desarrollo ni al progreso socioeconómico. Al contrario, esa decisión, que en principio dividió a la comunidad, puede ser una ocasión para impulsar el desarrollo de la región. Como reconocen los líderes ambientalistas y el alcalde del municipio, es momento de sacar a flote el sentido de pertenencia de todos los cajamarcunos “Vamos a cambiar la cara de Cajamarca, aun cuando el Gobierno no nos quiera dar la mano. El mensaje es que en estos momentos debemos unirnos, explorar opciones, no olvidar a los campesinos y apostarle a convertir a Cajamarca en la despensa agrícola de Colombia”, finaliza el alcalde Marín.

Aunque parezca improbable, los polos opuestos de esta discusión se encuentran en este punto. Mejía, líder ambientalista, también sueña con que Cajamarca sea la despensa agrícola de Colombia.

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