El proyecto de decreto ley que propone el Ministerio de Agricultura en el marco de la reforma rural integral, acordada con las Farc en La Habana, ha suscitado críticas de múltiples sectores de la sociedad. Mientras representantes de la empresa privada y el sector productivo, como el Consejo Gremial Nacional y Fedegán, han puesto el grito en el cielo al considerar que la propiedad privada está en riesgo, organizaciones sociales ven la iniciativa como una afrenta para el acceso a tierra por parte de campesinos pobres. (Lea ¿Proyecto de ley de tierras contradice el Acuerdo de Paz?).
El Ministerio y sus entidades, por su parte, llevan dos semanas socializando el contenido en diferentes ciudades del país, recibiendo observaciones, pero defendiendo el fondo del articulado. Sin embargo, dentro del mismo Gobierno hay divergencias, pues desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz se han manifestado las inquietudes con respecto a lo acorde que va el proyecto de decreto ley con lo pactado con las Farc y firmado en el Teatro Colón de Bogotá. (Lea Proyecto de decreto ley pone la tierra en debate).
Uno de los más recientes conceptos emitidos al respecto es el de la mesa de expertos que se contempló conformar en el Acuerdo Final para que hiciera recomendaciones de reformas normativas y de política sobre los asuntos de tierras y desarrollo rural, y que está conformada por académicos de la Universidad de los Andes, de la Universidad Externado y de Eafit. Si bien en el ejercicio de revisión de la propuesta gubernamental que hicieron los expertos se reconocen aspectos positivos, como que se quieran corregir las falencias de la actual reforma agraria –Ley 160 de 1994-, el mensaje de la mesa es claro: la propuesta de ley excede la materia del contenido del Acuerdo con las Farc.
Así lo afirma la mesa de expertos en una carta conocida por este diario y dirigida al Ministerio de Agricultura. Allí, además, advierte que el borrador de decreto ley para el ordenamiento social de la propiedad propone profundas reformas que afectarían los derechos de pequeños, medianos y grandes productores. Y remata diciendo que si el gobierno decide no acotar el alcance del proyecto a lo acordado en La Habana, sería inconveniente usar la figura de aprobación por decreto ley, pues eso lesionaría la legitimidad del proyecto.
Cada institución publicó, además, un informe sobre sus visiones y recomendaciones sobre el proyecto de decreto ley. En específico, entre los puntos en común está la consideración de que sería un error derogar por completo la Ley 160 de 1994. A pesar de los múltiples problemas en su aplicación, la mesa cree que “existe un mínimo consenso social entorno a ésta y un gran esfuerzo reglamentario que es necesario conservar con el fin de hacer operativa la nueva reforma”. En resumen, sería un desgaste tumbar por completo todo el marco normativo. En contrapropuesta, plantan derogar solo lo necesario.
Otro de los aspectos que tocan los académicos es la falta de protagonismo del catastro rural multipropósito, una de las tareas pendientes del país y que sería una herramienta valiosa para tener un ordenamiento rural eficiente, para lo cual incluso se expidió un Conpes en 2016, con $2,6 billones hasta 2023. “Se debe incluir este aspecto como eje esencial de la nueva ley para garantizar un ordenamiento rural eficiente a nivel territorial”, dice el informe de la mesa conformada por Los Andes, Eafit y el Externado.
A los académicos les preocupa, además, que los campesinos no siempre sean prioridad en el acceso a tierra; que a las comunidades no se les abran espacios suficientes para participar de los procesos de ordenamiento social de la propiedad; que queden flancos abiertos para que actores privados y públicos puedan amañar o tener injerencia negativa a la hora de aplicar la ley; que la atención se centre en la tierra desconociendo otros elementos para el desarrollo rural y, además, creen que se debe incluir explícitamente la prioridad de los procesos de restitución de tierras.
A la mesa también la ocupa la inquietud sobre la figura de expropiación de dominio para garantizar los acuerdos de paz. “Se debe eliminar esta figura. Es muy amplia que se presta a muchas interpretaciones, que otorgaría un poder excesivo a la Agencia Nacional de Tierras y que lesionaría la seguridad jurídica de la propiedad. No es necesario incluir las causales de expropiación de dominio. Estas figuras están regladas en la Constitución y otras leyes”, resumen los académicos.
Finalmente, entre otros asuntos, proponen actualizar la medida de referencia que existe en el país sobre la cantidad de tierra que deben tener las familias campesinas para hacerse a una vida digna, conocida como la Unidad Agrícola Familiar, y prestar más atención al enfoque de sostenibilidad ambiental en todo el proyecto.
El articulado que busca atender el ordenamiento de las tierras en Colombia está en discusión ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en donde participan representantes de las Farc y del Gobierno. El objetivo es llegar a una propuesta en común en esa Comisión. Lo cierto es que este sábado termina en Bogotá el ciclo de socialización del proyecto por parte del Gobierno, al tiempo que las críticas sobre el articulado parecen llover de todos los sectores diferentes al ejecutivo.