Celulares subirían 48% sin cláusula de permanencia

Tres de las palabras que más generan incomodidad entre los usuarios de telefonía móvil son “cláusula de permanencia”: ese período mínimo de tiempo (por lo general 12 meses) que una persona tiene que convenir con un operador celular y que se activa al firmar el contrato de prestación de servicio que acompaña la compra o reposición de un teléfono. Una realidad que, a diciembre de 2012, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), vivían buena parte de los 9,43 millones de abonados pospago en Colombia.

El representante conservador David Barguil busca dejar en el olvido esta condición con su proyecto de ley para eliminarla de los contratos de telefonía móvil, el cual fue aprobado en su primer debate en la Comisión Sexta de Cámara. “Es el punto de partida para fortalecer la competencia en el sector, porque en su período de permanencia las compañías tendrán que operar bajando sus tarifas y ofreciendo mejores servicios”, indicó el congresista.

De avanzaren el trámite legislativo y convertirse en ley, tendría un impacto inmediato en los bolsillos de los usuarios: un alza del 48% en los precios de los equipos. Así lo demuestra un estudio realizado por la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), el gremio de los operadores celulares, y la consultora Malagón Martínez, realizado con 87 referencias de teléfonos vendidas en el mercado local.

“Es una iniciativa muy torpe, porque las cláusulas han permitido que más personas de los estratos bajos adquieran un celular nuevo”, asegura Rodrigo Lara, presidente de Asomóvil, y agrega que el margen de ganancia para los operadores por cuenta de la venta de teléfonos es de tan sólo 8%: “Esa cifra termina diluyéndose debido al subsidio concedido en contraprestación a la permanencia mínima de un usuario. Si el proyecto prospera, se elimina tanto la cláusula como el beneficio y los precios suben. Eso afectará la penetración de la tecnología en el país”.

Además de brindarle mayor libertad al consumidor para contratar con el operador de su preferencia un determinado servicio móvil (permitiéndole eliminar unilateralmente el vínculo), la iniciativa plantea separar los contratos de servicio de los de compra de equipos. De convertirse en ley sería un hito dentro de los mercados emergentes, pues, de acuerdo con Asomóvil, los operadores de 73 países de África y Asia operan bajo la figura de permanencia mínima. Y en Europa, el 67% de los clientes firman una cláusula de al menos 24 meses.

Dentro de la industria móvil ha crecido el escepticismo y el rechazo contra un proyecto que ven redactado a la medida del sector retail. “El quid del asunto es que las grandes superficies quieren apropiarse de la venta de teléfonos celulares, que hoy realizan los operadores. Casos como los de Éxito, que además de operador móvil virtual ofrece compras a crédito, demuestran que tienen la infraestructura necesaria. Sólo les falta la autorización de venta”, señaló un alto ejecutivo del sector que pidió la reserva de su nombre.

Acusaciones que son desmentidas por el autor del proyecto de ley, para quien las cláusulas distorsionan, precisamente, los precios de los celulares: “Los terminales ofrecidos por los operadores están sobrevalorados en referencia con el precio de fabricación en China y el de venta en Estados Unidos. Eso es una mentira. El proyecto propone un mercado abierto, en donde el usuario pueda adquirir un equipo con base en una tarifa competitiva”.

Tres de las palabras que más generan incomodidad entre los usuarios de telefonía móvil son “cláusula de permanencia”: ese período mínimo de tiempo (por lo general 12 meses) que una persona tiene que convenir con un operador celular y que se activa al firmar el contrato de prestación de servicio que acompaña la compra o reposición de un teléfono. Una realidad que, a diciembre de 2012, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), vivían buena parte de los 9,43 millones de abonados pospago en Colombia.

El representante conservador David Barguil busca dejar en el olvido esta condición con su proyecto de ley para eliminarla de los contratos de telefonía móvil, el cual fue aprobado en su primer debate en la Comisión Sexta de Cámara. “Es el punto de partida para fortalecer la competencia en el sector, porque en su período de permanencia las compañías tendrán que operar bajando sus tarifas y ofreciendo mejores servicios”, indicó el congresista.

De avanzaren el trámite legislativo y convertirse en ley, tendría un impacto inmediato en los bolsillos de los usuarios: un alza del 48% en los precios de los equipos. Así lo demuestra un estudio realizado por la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), el gremio de los operadores celulares, y la consultora Malagón Martínez, realizado con 87 referencias de teléfonos vendidas en el mercado local.

“Es una iniciativa muy torpe, porque las cláusulas han permitido que más personas de los estratos bajos adquieran un celular nuevo”, asegura Rodrigo Lara, presidente de Asomóvil, y agrega que el margen de ganancia para los operadores por cuenta de la venta de teléfonos es de tan sólo 8%: “Esa cifra termina diluyéndose debido al subsidio concedido en contraprestación a la permanencia mínima de un usuario. Si el proyecto prospera, se elimina tanto la cláusula como el beneficio y los precios suben. Eso afectará la penetración de la tecnología en el país”.

Además de brindarle mayor libertad al consumidor para contratar con el operador de su preferencia un determinado servicio móvil (permitiéndole eliminar unilateralmente el vínculo), la iniciativa plantea separar los contratos de servicio de los de compra de equipos. De convertirse en ley sería un hito dentro de los mercados emergentes, pues, de acuerdo con Asomóvil, los operadores de 73 países de África y Asia operan bajo la figura de permanencia mínima. Y en Europa, el 67% de los clientes firman una cláusula de al menos 24 meses.

Dentro de la industria móvil ha crecido el escepticismo y el rechazo contra un proyecto que ven redactado a la medida del sector retail. “El quid del asunto es que las grandes superficies quieren apropiarse de la venta de teléfonos celulares, que hoy realizan los operadores. Casos como los de Éxito, que además de operador móvil virtual ofrece compras a crédito, demuestran que tienen la infraestructura necesaria. Sólo les falta la autorización de venta”, señaló un alto ejecutivo del sector que pidió la reserva de su nombre.

Acusaciones que son desmentidas por el autor del proyecto de ley, para quien las cláusulas distorsionan, precisamente, los precios de los celulares: “Los terminales ofrecidos por los operadores están sobrevalorados en referencia con el precio de fabricación en China y el de venta en Estados Unidos. Eso es una mentira. El proyecto propone un mercado abierto, en donde el usuario pueda adquirir un equipo con base en una tarifa competitiva”.