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La Contraloría General de la República (CGR) respondió al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien el pasado 30 de agosto solicitó a la entidad tomar control y levantar las revisiones fiscales que hizo la Contraloría de Antioquia desde 2016 hasta hoy en, por lo menos, 18 municipios del departamento. Esa petición se dio en el marco del escándalo de corrupción que rodea al exjefe del ente de control regional, Sergio Zuluaga.
La CGR respondió a la solicitud que a través de una carta hizo el mandatario departamental advirtiendo que “el control fiscal que puede ejercer la Contraloría General de la República sobre recursos endógenos de entidades territoriales (Antioquia), tiene carácter absolutamente excepcional”, dice un comunicado de la CGR.
Añadió que jurídicamente no es viable para la Contraloría General revisar todo lo hecho por la Contraloría de Antioquia en años pasados. Hacerlo “implicaría el vaciamiento de sus competencias, además de la transgresión a la presunción de legalidad de las actuaciones de las autoridades públicas, pues las únicas autoridades que pueden pronunciarse sobre la legalidad o no de las mismas, son los jueces de la República”, explicó la CGR
El gobernador Pérez había solicitado eso a la Contraloría con el fin de que “no queden impunes actuaciones que puedan haber sido corruptas”.
“Conviene recordar que la Contraloría General no es superior jerárquico o funcional de las Contralorías Territoriales, ni goza de poder preferente y en ese orden, no puede revocar sus decisiones ni de oficio ni a solicitud de parte”, agregó la entidad liderada por Carlos Felipe Córdoba, a quien iba dirigida la carta del gobernador Pérez.
“Por lo anterior, no se posible acceder a lo la solicitado por el gobernador de Antioquia, en cuanto a declarar un control preferente sobre lo actuado por la Contraloría Departamental desde el año 2016 y levantar fenecimientos de cuentas, en relación con más de 16 municipios del departamento”, concluyó la CGR.