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La Contraloría General de la República reveló recientemente la afectación económica que generó el colapso del puente Quebrada Blanca, en el municipio de Otanche, Boyacá, el pasado mes de mayo a tan solo tres meses de haber sido entregada la obra.
Los cálculos que hace la entidad revelan una pérdida de inversiones del Estado, además de un presunto detrimento patrimonial, cercano a los $10.792 millones. Lo llamativo del caso es que la Contraloría afirma que al parecer el acontecimiento se debió, en gran parte, a errores de ingeniería relacionados a fallas en los supuestos de diseño y en las revisiones de la etapa de pre-construcción.
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Lo anterior le permite decir a la entidad que el incidente se pudo haber evitado si los errores se hubieran detectado a tiempo por medio de una revisión adecuada.
A su vez el ente de control señaló que la responsabilidad de lo sucedido puede relacionarse a la entidad encargada del proyecto, el Fondo de Adaptación, los contratos de la obra y la interventoría del puente.
“Al atender una denuncia sobre el tema presentada por el Senador León Rigorberto Barón, el organismo de control encontró además que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma $502 millones 994 mil pesos, con lo cual el detrimento total llega a los $11.294 millones”, agregó la Contraloría.
Se conoce que antes de presentarse el colapso, se había emitido una advertencia sobre el desplazamiento del puente, no obstante, no se realizaron las gestiones para adelantar las acciones de prevención o mitigación de la amenaza.
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Sumado a todo lo anterior, la Contraloría pudo evidenciar que para el diseño final de la estructura no se tuvo en cuenta los conceptos técnicos, antecedentes geológicos, riesgos de inestabilidad de la zona y los colapsos anteriores que tuvieron otras obras.
“Los estudios y diseños Fase III no cumplieron con la finalidad esperada, al no brindar un diseño que se ajustara a las condiciones y necesidades del sitio, situación que redundó en el colapso de la estructura”, comunicó la Contraloría al director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá Durán.
Se calcula que por esta razón hay un presunto detrimento patrimonial superior a los $395 millones, que corresponde al valor de los estudios y diseños para este sector.
“Las funciones de interventoría ejercidas sobre este contrato presentaron deficiencias por cuanto no advirtieron todas las situaciones descritas anteriormente, que incidieron en el colapso de la estructura, generando un posible detrimento al erario por un valor de $107 millones 186 mil pesos, correspondiente al costo de la interventoría de los diseños del puente Quebrada Blanca”, agregó.
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En conclusión, para el ente de control, el incidente no se debió a un súbito fenómeno natural sino a una remoción en la masa local detectado en estudios anteriores que pudo haber sido controlado adecuadamente. En pocas palabras el riesgo era uno previsible.
“Era un riesgo previsible y controlable, y las debilidades presentadas en el diseño y la ejecución del proyecto generaron la materialización de los riesgos asociados, lo cual repercutió en un detrimento de los recursos públicos, y el incurrir en inversiones posteriores que no estaban contempladas, lo cual también se constituye en presunto detrimento patrimonial”, concluyó la contraloría.