Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “la trata de personas es un delito que se caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de explotación que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena y matrimonio servil, entre otros, sin importar el género, edad o lugar de origen de las posibles víctimas”.
Desde Ginebra, Suiza, la ministra de trabajo, Alicia Arango, anunció que el país no fue incluido en la lista definitiva de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso y trata de personas.
“Ello implica que el país no fue llamado a rendir informes en La Conferencia Internacional del Trabajo”, aseguró la jefe de la cartera laboral al referirse al evento que se realizará del 10 al 21 de junio en Suiza, al que son convocados delegados de 187 países.
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Arango destacó este hecho como “un logro” para el país, y el resultado de las acciones en las que el Gobierno ha venido trabajando para combatir este delito “garantizando así los derechos humanos y el empleo digno y decente”.
La OIM asegura que Colombia es considerado como un país de origen de víctimas de trata de personas, principalmente en modalidades de explotación sexual, trabajos forzados y matrimonio servil. Esta realidad, asegura, la ha combatido desde el 2001 mediante el Programa Integral de Lucha contra la Trata de Personas que busca prevenir, asistir a las víctimas y descentralizar las políticas públicas emitidas para mitigar esta problemática.
En enero del presente año este medio comunicó un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el que se muestra que, entre 2016 y julio de 2017, 128 personas fueron detectadas como víctimas de trata de personas. De estas, 79 sufrieron explotación sexual, 16 fueron víctimas de trabajos forzados, nueve fueron obligadas a casarse, seis fueron forzadas a mendigar y seis fueron sometidas a esclavitud.
“En Colombia es considerado como delito penal el trabajo forzoso y está proscrito por la Constitución Política. Para nuestro país la trata de personas es un fenómeno de naturaleza y efectos globales que deriva en flagrantes violaciones a los derechos humanos, razón por la cual, el Gobierno Nacional reafirma su total rechazo a este fenómeno delictivo y reitera su decidido compromiso de enfrentarlo de manera integral”, concluyó Arango.
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