Comunidad de Ituango entutela a EPM por afectaciones río arriba de la presa

La acción no ha sido admitida por un juez. En el documento relatan que tuvieron que dejar las playas en las que trabajan a causa del embalse del río Cauca.

Nelson Sierra - El Espectador

Las diferencias que existen entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y familias que aseguran ser afectadas por el embalse de Hidroituango acaban de pasar a manos de la justicia. Como contó El Espectador a finales de mayo pasado, el drama que se vive a raíz de la crisis en el proyecto hidroeléctrico no es exclusivo de las comunidades de la ribera aguas abajo. Aguas arriba hay ciudadanos que afirman haberlo perdido todo luego de que el río Cauca se represó de forma imprevista por la contingencia que se desató a finales de abril en la obra liderada por EPM.

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Un grupo de ciudadanos asentado en el sector conocido comúnmente como Guasimal o ‘El Bombillo’, con la asesoría de un abogado ad honorem y representados por un líder, interpuso una acción de tutela en el municipio de Ituango, justo después de que al sector donde habían instalado sus cambuches llegara una orden de desalojo. EPM solicitó amparo policivo al considerar que su propiedad está siendo perturbada por la ocupación de estas personas. En la notificación, la inspección municipal de Policía especifica que el predio en el que están estas familias se denomina San Juan de Rodas y pertenece a Empresas Públicas.

En su acción, el líder Yamil Higuita, en representación de su comunidad (17 familias), relata que llegaron a ‘El Bombillo’ hace más de dos meses luego de una creciente del río que inundó la playa donde se dedicaban a la minería artesanal. Cuenta que el agua se llevó sus casas, enseres, cultivos y animales, y añade que no fueron incluidos en el censo de familias que en su momento hizo EPM para saber quiénes habitaban en esta zona de influencia del proyecto. Afirma que esa medición se hizo en el puente Pescadero y no en las playas, donde se encontraban trabajando. “A pesar de ello hemos solicitado ser incluidos habiendo recibido siempre una respuesta negativa”.

En el documento, sostiene que la Gobernación de Antioquia, la administración de Ituango, EPM y el consorcio constructor de la obra, CCC Ituango, han vulnerado los derechos a la vida digna, al trabajo, al mínimo vital, entre otros. Cuenta que han vivido de la caridad de las personas que transitan por la zona, que, por cierto, está sobre la vía que del proyecto hidroeléctrico conduce a la cabecera municipal de Ituango. Además, apunta que la atención se ha concentrado aguas abajo, en las comunidades que continúan en riesgo por lo que suceda con la presa.

Para el abogado, Carlos Alberto Calle, la petición más urgente es la de cesar la solicitud de amparo policivo a favor de EPM, pues estas personas aseguran que no tienen adónde ir. Piden, también, que el juez ampare sus derechos, que la alcaldía los proteja y ser incluidos en el censo. Esto es relevante teniendo en cuenta que Empresas Públicas sostiene que las personas impactadas en su actividad económica y que se encuentran en el censo “han sido compensadas de acuerdo con el real impacto”. Higuita, por su parte, expresa en la tutela: “No somos oportunistas”. A la acción anexaron documentación que consideran como pruebas de su actividad, como un certificado de la alcaldía, y de su ubicación en las playas.

En mayo, cuando El Espectador visitó el lugar, integrantes de estas familias afirmaron no tener relación con el movimiento Ríos Vivos, cuya vocería ha resaltado en medio de esta contingencia. “Para uno reclamar sus derechos no necesita inscribirse a ninguna asociación”, dijo Alba Lucía Torres en ese momento. Entonces, consultada sobre la problemática, EPM también en mayo aclaró varios puntos, entre los que se destacan que hubo tres momentos de toma de información: en 2006, 2008 y entre 2009 y 2010, “en los diseños definitivos, se actualizó la información censal.  La metodología fue concertada con líderes, personerías y alcaldes, teniendo en cuenta el calendario económico, el verano y el veranillo”.

En esa respuesta por escrito entregada a El Espectador, EPM afirmó que no ponía en tela de juicio que las personas sean mineras. Sin embargo, “los reclamantes deben soportar por qué no estuvieron en los momentos de la toma de información”.

El vocero Jorge Ignacio Castaño Giraldo, director Ambiental, Social y Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, agregó en mayo pasado “que las playas ocupadas por quienes aducen ser damnificados son propiedad del proyecto y, muchos de ellos, están notificados para de acuerdo con el procedimiento restablecer la propiedad. Otros han sido compensados. Otros tienen la compensación en el juzgado. Otros no están en el censo ni han soportado objetivamente por qué no estaban durante la toma de información”.

En la respuesta concluyó: “El proyecto ha concertado con el 93 % de la población impactada. Sólo faltan 22 mineros, a quienes se les adelanta en proceso de información y de consulta para la concertación y posterior firma del contrato. El proyecto no tiene damnificados en Ituango. Al contrario, previa la situación ocurrida adelantaba el debido proceso para restablecer los bienes de su propiedad, ocupados de manera irregular por estos ciudadanos”.

La administración municipal de Ituango, por su parte, a finales de mayo explicó que con la Secretaría de Minas estaba haciendo un cotejo para ver cuántos de los que se dicen afectados estaban en el sistema reconocidos como barequeros. El alcalde, Hernán Darío Álvarez, señaló en ese momento que era necesario hacer “un estudio profundo” para esclarecer la situación de las personas que se declaran damnificadas. La administración agregó que, debido a que la inundación de las playas impidió hacer la verificación de las afectaciones in situ, no se podía afirmar que todos los albergados son damnificados, pero que se presumía la buena fe en la atención de la emergencia. El Espectador intentó obtener una actualización de esta información por parte de la Alcaldía, pero al momento de esta publicación todavía no habíamos recibido respuesta.

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