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En el último día de la presente legislatura, el Congreso terminó de aprobar tres proyectos que tienen duras implicaciones fiscales y que, además, involucran sectores con necesidad de grandes reformas, como salud y pensiones.
El primero de estos tiene que ver con el cambio de horario para la aplicación del recargo nocturno, de 10:00 p.m. se pasa a 9:00 p.m. El segundo baja el porcentaje en aportes de salud que deben hacer los pensionados (12% a 4%) y el tercero reduce en 150 el número de semanas que las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos deben acumular para pensionarse; el escenario en este último caso quedaría en 1.150 semanas y 57 años de edad.
La aprobación en Congreso, sin embargo, no implica necesariamente una celebración para los grupos que se benefician con estos cambios, pues es probable que el presidente Juan Manuel Santos objete las iniciativas y que incluso algunas de éstas se caigan por vicios de procedimiento en su proceso de debate.
Por ejemplo, en el caso de la ampliación de las horas con recargo nocturno, los industriales manifestaron, a través de la Andi, que esto podría poner en riesgo 35.000 empleos en el país, una cifra nada despreciable. La reducción de aportes a salud para pensionados implica un costo fiscal de más de $3 billones, según las cuentas del Ministerio de Hacienda.
La suerte de estos proyectos se definirá en unas semanas, en las que el Gobierno tendrá que sopesar las promesas hechas en campaña (como la del recargo nocturno, que se había proyectado desde las 6:00 p.m. en un principio), sus posibilidades fiscales y el descontento que generaría entre varios sectores dar marcha atrás en alguna de estas iniciativas.