Contralor General advierte serios vacíos en Plan Nacional de Desarrollo

Seria advertencia sobre las falencias que presenta el Plan Nacional de Desarrollo, que será votado por las Comisiones Económicas del Congreso este jueves, hizo el contralor General, Egardo Maya Villazón, al presentar un análisis técnico y financiero sobre la propuesta del Gobierno.

Preocupante resultó para el jefe del organismo de control de las finanzas públicas que el crecimiento proyectado de la economía no esté sustentado sobre variables como precio del petróleo, café, producción petrolera y tasa de cambio. 

También se incorporan recursos del sector privado sobre los cuales no hay garantía de inversión, advierte el informe radicado en el Congreso por el contralor General. Tampoco está definida una estrategia para garantizar que el Estado pueda responder a futuro por el pago de las pensiones.

La iniciativa de Maya Villazón contempla:

1. Metas estratégicas poco claras

Las acciones planteadas por el Plan son aisladas ya que no se proponen programas integrales que generen ejes estratégicos que marquen el rumbo por el cual avanzará el país en los próximos años. Y el Plan no es específico en proponer soluciones para necesidades nacionales como por ejemplo el modelo y la financiación del programa de las 100 mil becas presentado en la campaña del presidente, el contrabando, la evasión, o el hacinamiento carcelario. Al no quedar consignadas acciones claras para estos problemas en el Plan, no hay certeza de cómo podrían atenderse eficientemente.

2. Dudas sobre la estrategia de financiación del Plan

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no están claros los supuestos macroeconómicos y esa omisión genera dudas sobre la estrategia de financiación del Plan. Las metas de crecimiento económico deben sustentarse en proyecciones de variables tales como la tasa de cambio del peso frente al dólar, el precio del café, el precio del petróleo y la producción de petróleo, sin embargo en el PND entregado al Congreso de la República no están planteadas.

-El Plan de Desarrollo anterior, con una senda económica estable y un claro crecimiento de los ingresos de la Nación preveía recursos totales por $633 billones (pesos constantes de 2014) y aun así obtuvo un recorte de $6 billones de pesos a finales del año pasado y se necesitaron minireformas tibutarias para financiarlo.

La propuesta del Plan actual alcanza los $703,9 billones (pesos constantes de 2014), es decir 11,2% más que el Plan anterior, con una participación de los recursos del Gobierno Central del 36.7%, el sector privado del 34,2% y los recursos del Sistema General de Participaciones con 18,9%. Claramente el mayor esfuerzo del Gobierno estará limitado por el panorama restrictivo de las finanzas públicas que ya obligaron a reducir en una primera fase los recursos del Plan y a realizar un aplazamiento presupuestal de otros $6 billones en 2015, adicionalmente se han conformado un grupo que trabajara en una nueva reforma tributaria para los próximos años.

3. El Plan Nacional de Desarrollo tiene fuentes de financiación inflexibles como el SGP y regalías

Otra preocupación sobre la financiación del plan son las fuentes con destinación específica como el Sistema General de Participaciones o el Sistema General de Regalías, pues son recursos que no pueden ser usados en actividades nuevas o diferentes a las estipuladas por la Ley. También se incorporan recursos del sector privado sobre los cuales no hay garantía de inversión y se plantean aportes de las entidades territoriales que son difíciles de coordinar con el nivel central.
-La estrategia de Movilidad Social requiere una redefinición de su financiación, ya que la estrategia cuenta con el Sistema General de Participaciones por $132,8 billones como la principal fuente de recursos cuyo uso es para nómina docente y otros gastos de funcionamiento. Es poco probable que con la inflexibilidad de estos recursos se contribuya a mejorar el acceso a la educación y la calidad educativa. Igual recomendación aplica para los recursos del Sistema General de Participaciones en salud.

4. Muchas disposiciones del articulado no tienen “conexión directa” con las metas del Plan Nacional de Desarrollo

El Plan debe respetar su integralidad y no extralimitarse en reglar acciones que no son de su competencia como la Ley Estatutaria de Salud y el mismo Control Fiscal.

Al cotejar las disposiciones instrumentales contenidas en el Proyecto de Ley del Plan 2014-2018, con la parte programática y general del mismo, puede observarse que se presentan disposiciones que no cuentan, a primera vista, con un soporte de coherencia y conexión directa con las metas, objetivos y programas que el proyecto formula; o que exceden la capacidad del plan como incorporar temas que modifican la Ley Estatutaria de salud.
En este sentido, el Congreso en la deliberación y discusión del Plan de Desarrollo debe revisar con mucho detenimiento las normas propuestas que violarían los preceptos antes indicados.

-Por otra parte, las bases del Plan recogen algunas iniciativas que afectan de manera directa el quehacer misional de la CGR que deben ser analizadas y valoradas en la discusión emprendida por el Congreso de la República, específicamente, en el pilar de Buen Gobierno.

El Plan no puede hacer una transferencia de las actividades enmarcadas en el Sistema Nacional para el Control Fiscal (SINACOF) de la CGR a la Auditoría General de la República, lo cual hace que la Contraloría pierda un espacio fundamental, cuando es el órgano superior de control fiscal.

Por su parte los artículos 136, 166 y 183 abren espacio para adelantar reformas regulatorias en el ámbito contable, presupuestal, financiero y estadístico, de obligatoria aplicación para todas las entidades incluyendo las de orden territorial, abordando temas de competencia de la Contraloría y que estarían en contravía de la propuesta del Plan de unificar reportes y sistemas de información fragmentando a las entidades del Gobierno con los organismos independientes como la CGR. En otras palabras el máximo órgano en materia de estadísticas fiscales es la Contraloría General de la República (CGR).

5. La competitividad está desarticulada

-En vías, es necesario contar con los datos estadísticos, proyecciones y análisis de las demandas de tráfico, la articulación de los distintos modos de transporte, los cálculos de los volúmenes y la distribución de las cargas que movilizarán los corredores fluviales, férreo y carretero hasta 2018.

-En agua potable el Plan no prevé nuevas estructuras de prestación de servicios ni desarrollo de esta infraestructura en las zonas rurales, lo cual es fundamental.

-Se advierte la ausencia de un plan específico para aumentar la autosuficiencia en materia de hidrocarburos y suplir la demanda creciente de gas.

-En turismo hay una carencia de metas y acciones, que permitan atacar los problemas en las diferentes regiones y promover el país como un destino turístico sostenible y sustentable.

6. No está definida una estrategia para responder a futuro por el pago de pensiones

No está definida una estrategia para garantizar que el Estado pueda responder a futuro por el pago de las pensiones, situación preocupante cuando se destinan al año $34 billones del Presupuesto General de la Nación para atender esta obligación. Igualmente el Plan no define reglas para las cuotas pensionales de otro tipo de entidades que no hacen unidad de caja con el Presupuesto General de la Nación.

7. La transformación del campo no plantea soluciones a problemas históricos

-El modelo de transformación del agro debe tener en cuenta a los pequeños agricultores que derivan su sustento de esta actividad y debe generar estrategias que les permitan seguir vigentes en el agro y los nuevos esquemas productivos.

-Para la estrategia de tierras el Gobierno debe elaborar el inventario actual de los baldíos de la nación con el objetivo de identificar cuáles son adjudicables y cuáles no, cuáles se encuentran bajo la categoría de ecosistemas de especial protección y reconocer la presencia legítima de las comunidades étnicas en estos territorios. Adicionalmente se deben revisar y mejorar los procedimientos para proveer los terrenos oportunamente.

8. Baches en Defensa y Justicia

La descongestión judicial es de vital importancia para el Sector Justicia, por ello preocupa a la CGR, la ausencia de metas e indicadores de seguimiento relacionados con la disminución de los inventarios finales de procesos; la reducción en las cargas de trabajo de los jueces de la República; los índices de evacuación de procesos; y, la disminución de los índices de congestión.

Para el sector de Defensa y Seguridad no se contemplan gastos extraordinarios como ocurrió en el cuatrienio anterior. Se estima un gasto total de $115.6 billones a pesos constantes de 2014.

9. El modelo del Plan no es verde sostenible

En materia ambiental, existe un esfuerzo por articular y darle consistencia al Plan a través de la estrategia “envolvente” del Crecimiento Verde que, sin embargo, se traduce en un listado de planes, programas y estrategias, sobre las cuales no se presentan metas cuantificables, ni indicadores y que, en consecuencia, no permitirán al Gobierno ni a la CGR, adelantar el proceso de seguimiento y evaluación de logros.

En síntesis, los recursos, las estrategias, y las metas propuestas en el PND, no alcanzan para que el modelo de desarrollo del País se vista realmente de un verde sostenible.

10. Las estrategias regionales suponen una intervención del Gobierno Nacional en el ámbito territorial

A lo largo del proyecto del PND se crean fondos en los diferentes sectores con fuentes de recursos nacionales y territoriales que centralizan recursos y podrían debilitar la autonomía de los entes territoriales. Un ejemplo es el Fondo de Infraestructura Educativa que recoge recursos de regalías trasladando la financiación de los proyectos territoriales hacia el Ministerio de Educación Nacional, organismo de carácter eminentemente planificador y coordinador, más no ejecutor.

Seria advertencia sobre las falencias que presenta el Plan Nacional de Desarrollo, que será votado por las Comisiones Económicas del Congreso este jueves, hizo el contralor General, Egardo Maya Villazón, al presentar un análisis técnico y financiero sobre la propuesta del Gobierno.

Preocupante resultó para el jefe del organismo de control de las finanzas públicas que el crecimiento proyectado de la economía no esté sustentado sobre variables como precio del petróleo, café, producción petrolera y tasa de cambio. 

También se incorporan recursos del sector privado sobre los cuales no hay garantía de inversión, advierte el informe radicado en el Congreso por el contralor General. Tampoco está definida una estrategia para garantizar que el Estado pueda responder a futuro por el pago de las pensiones.

La iniciativa de Maya Villazón contempla:

1. Metas estratégicas poco claras

Las acciones planteadas por el Plan son aisladas ya que no se proponen programas integrales que generen ejes estratégicos que marquen el rumbo por el cual avanzará el país en los próximos años. Y el Plan no es específico en proponer soluciones para necesidades nacionales como por ejemplo el modelo y la financiación del programa de las 100 mil becas presentado en la campaña del presidente, el contrabando, la evasión, o el hacinamiento carcelario. Al no quedar consignadas acciones claras para estos problemas en el Plan, no hay certeza de cómo podrían atenderse eficientemente.

2. Dudas sobre la estrategia de financiación del Plan

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no están claros los supuestos macroeconómicos y esa omisión genera dudas sobre la estrategia de financiación del Plan. Las metas de crecimiento económico deben sustentarse en proyecciones de variables tales como la tasa de cambio del peso frente al dólar, el precio del café, el precio del petróleo y la producción de petróleo, sin embargo en el PND entregado al Congreso de la República no están planteadas.

-El Plan de Desarrollo anterior, con una senda económica estable y un claro crecimiento de los ingresos de la Nación preveía recursos totales por $633 billones (pesos constantes de 2014) y aun así obtuvo un recorte de $6 billones de pesos a finales del año pasado y se necesitaron minireformas tibutarias para financiarlo.

La propuesta del Plan actual alcanza los $703,9 billones (pesos constantes de 2014), es decir 11,2% más que el Plan anterior, con una participación de los recursos del Gobierno Central del 36.7%, el sector privado del 34,2% y los recursos del Sistema General de Participaciones con 18,9%. Claramente el mayor esfuerzo del Gobierno estará limitado por el panorama restrictivo de las finanzas públicas que ya obligaron a reducir en una primera fase los recursos del Plan y a realizar un aplazamiento presupuestal de otros $6 billones en 2015, adicionalmente se han conformado un grupo que trabajara en una nueva reforma tributaria para los próximos años.

3. El Plan Nacional de Desarrollo tiene fuentes de financiación inflexibles como el SGP y regalías

Otra preocupación sobre la financiación del plan son las fuentes con destinación específica como el Sistema General de Participaciones o el Sistema General de Regalías, pues son recursos que no pueden ser usados en actividades nuevas o diferentes a las estipuladas por la Ley. También se incorporan recursos del sector privado sobre los cuales no hay garantía de inversión y se plantean aportes de las entidades territoriales que son difíciles de coordinar con el nivel central.
-La estrategia de Movilidad Social requiere una redefinición de su financiación, ya que la estrategia cuenta con el Sistema General de Participaciones por $132,8 billones como la principal fuente de recursos cuyo uso es para nómina docente y otros gastos de funcionamiento. Es poco probable que con la inflexibilidad de estos recursos se contribuya a mejorar el acceso a la educación y la calidad educativa. Igual recomendación aplica para los recursos del Sistema General de Participaciones en salud.

4. Muchas disposiciones del articulado no tienen “conexión directa” con las metas del Plan Nacional de Desarrollo

El Plan debe respetar su integralidad y no extralimitarse en reglar acciones que no son de su competencia como la Ley Estatutaria de Salud y el mismo Control Fiscal.

Al cotejar las disposiciones instrumentales contenidas en el Proyecto de Ley del Plan 2014-2018, con la parte programática y general del mismo, puede observarse que se presentan disposiciones que no cuentan, a primera vista, con un soporte de coherencia y conexión directa con las metas, objetivos y programas que el proyecto formula; o que exceden la capacidad del plan como incorporar temas que modifican la Ley Estatutaria de salud.
En este sentido, el Congreso en la deliberación y discusión del Plan de Desarrollo debe revisar con mucho detenimiento las normas propuestas que violarían los preceptos antes indicados.

-Por otra parte, las bases del Plan recogen algunas iniciativas que afectan de manera directa el quehacer misional de la CGR que deben ser analizadas y valoradas en la discusión emprendida por el Congreso de la República, específicamente, en el pilar de Buen Gobierno.

El Plan no puede hacer una transferencia de las actividades enmarcadas en el Sistema Nacional para el Control Fiscal (SINACOF) de la CGR a la Auditoría General de la República, lo cual hace que la Contraloría pierda un espacio fundamental, cuando es el órgano superior de control fiscal.

Por su parte los artículos 136, 166 y 183 abren espacio para adelantar reformas regulatorias en el ámbito contable, presupuestal, financiero y estadístico, de obligatoria aplicación para todas las entidades incluyendo las de orden territorial, abordando temas de competencia de la Contraloría y que estarían en contravía de la propuesta del Plan de unificar reportes y sistemas de información fragmentando a las entidades del Gobierno con los organismos independientes como la CGR. En otras palabras el máximo órgano en materia de estadísticas fiscales es la Contraloría General de la República (CGR).

5. La competitividad está desarticulada

-En vías, es necesario contar con los datos estadísticos, proyecciones y análisis de las demandas de tráfico, la articulación de los distintos modos de transporte, los cálculos de los volúmenes y la distribución de las cargas que movilizarán los corredores fluviales, férreo y carretero hasta 2018.

-En agua potable el Plan no prevé nuevas estructuras de prestación de servicios ni desarrollo de esta infraestructura en las zonas rurales, lo cual es fundamental.

-Se advierte la ausencia de un plan específico para aumentar la autosuficiencia en materia de hidrocarburos y suplir la demanda creciente de gas.

-En turismo hay una carencia de metas y acciones, que permitan atacar los problemas en las diferentes regiones y promover el país como un destino turístico sostenible y sustentable.

6. No está definida una estrategia para responder a futuro por el pago de pensiones

No está definida una estrategia para garantizar que el Estado pueda responder a futuro por el pago de las pensiones, situación preocupante cuando se destinan al año $34 billones del Presupuesto General de la Nación para atender esta obligación. Igualmente el Plan no define reglas para las cuotas pensionales de otro tipo de entidades que no hacen unidad de caja con el Presupuesto General de la Nación.

7. La transformación del campo no plantea soluciones a problemas históricos

-El modelo de transformación del agro debe tener en cuenta a los pequeños agricultores que derivan su sustento de esta actividad y debe generar estrategias que les permitan seguir vigentes en el agro y los nuevos esquemas productivos.

-Para la estrategia de tierras el Gobierno debe elaborar el inventario actual de los baldíos de la nación con el objetivo de identificar cuáles son adjudicables y cuáles no, cuáles se encuentran bajo la categoría de ecosistemas de especial protección y reconocer la presencia legítima de las comunidades étnicas en estos territorios. Adicionalmente se deben revisar y mejorar los procedimientos para proveer los terrenos oportunamente.

8. Baches en Defensa y Justicia

La descongestión judicial es de vital importancia para el Sector Justicia, por ello preocupa a la CGR, la ausencia de metas e indicadores de seguimiento relacionados con la disminución de los inventarios finales de procesos; la reducción en las cargas de trabajo de los jueces de la República; los índices de evacuación de procesos; y, la disminución de los índices de congestión.

Para el sector de Defensa y Seguridad no se contemplan gastos extraordinarios como ocurrió en el cuatrienio anterior. Se estima un gasto total de $115.6 billones a pesos constantes de 2014.

9. El modelo del Plan no es verde sostenible

En materia ambiental, existe un esfuerzo por articular y darle consistencia al Plan a través de la estrategia “envolvente” del Crecimiento Verde que, sin embargo, se traduce en un listado de planes, programas y estrategias, sobre las cuales no se presentan metas cuantificables, ni indicadores y que, en consecuencia, no permitirán al Gobierno ni a la CGR, adelantar el proceso de seguimiento y evaluación de logros.

En síntesis, los recursos, las estrategias, y las metas propuestas en el PND, no alcanzan para que el modelo de desarrollo del País se vista realmente de un verde sostenible.

10. Las estrategias regionales suponen una intervención del Gobierno Nacional en el ámbito territorial

A lo largo del proyecto del PND se crean fondos en los diferentes sectores con fuentes de recursos nacionales y territoriales que centralizan recursos y podrían debilitar la autonomía de los entes territoriales. Un ejemplo es el Fondo de Infraestructura Educativa que recoge recursos de regalías trasladando la financiación de los proyectos territoriales hacia el Ministerio de Educación Nacional, organismo de carácter eminentemente planificador y coordinador, más no ejecutor.