Contralor saliente pide suspender el fracking en Colombia

El saliente contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, emitió una carta en la que muestra serios reparos frente el fracking en Colombia. El funcionario advierte sobre la debilidad institucional, insuficiente información y grandes riesgos de afectación ambiental. Por lo que asegura que el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. (Lea Acción popular busca frenar el “fracking” en Colombia)

Es por esto que el contralor Maya indica que “si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”.

Asimismo, agrega que “Ante esta debilidad institucional, sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”.

Otro de los puntos que argumenta el contralor Maya para proponer la suspensión del fracking en Colombia es el sombrío panorama ambiental. Sobre lo cual advierte con una larga lista de indicadores preocupantes, como por ejemplo que las reservas forestales se encuentran degradadas y disminuidas en su extensión, pasando de más de 65 millones de hectáreas a cerca de 40 millones de hectáreas de coberturas boscosas en la actualidad.

También indica que los ecosistemas de páramos aún no cuentan con la protección especial declarada en la Ley 99 de 1993. Por lo que de nuevo insiste en una evidente debilidad institucional del Estado y particularmente de muchas entidades del Sistema Nacional Ambiental.

Finalmente, el contralor saliente alertó sobre las cuantiosas sumas de dinero provenientes de las transferencias del sector eléctrico, tasas retributivas y por uso del agua, sobretasa ambiental y porcentaje del impuesto predial no son invertidas en lo que debería ser. Lo que genera un detrimento de las condiciones de los recursos naturales.

El saliente contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, emitió una carta en la que muestra serios reparos frente el fracking en Colombia. El funcionario advierte sobre la debilidad institucional, insuficiente información y grandes riesgos de afectación ambiental. Por lo que asegura que el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. (Lea Acción popular busca frenar el “fracking” en Colombia)

Es por esto que el contralor Maya indica que “si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”.

Asimismo, agrega que “Ante esta debilidad institucional, sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”.

Otro de los puntos que argumenta el contralor Maya para proponer la suspensión del fracking en Colombia es el sombrío panorama ambiental. Sobre lo cual advierte con una larga lista de indicadores preocupantes, como por ejemplo que las reservas forestales se encuentran degradadas y disminuidas en su extensión, pasando de más de 65 millones de hectáreas a cerca de 40 millones de hectáreas de coberturas boscosas en la actualidad.

También indica que los ecosistemas de páramos aún no cuentan con la protección especial declarada en la Ley 99 de 1993. Por lo que de nuevo insiste en una evidente debilidad institucional del Estado y particularmente de muchas entidades del Sistema Nacional Ambiental.

Finalmente, el contralor saliente alertó sobre las cuantiosas sumas de dinero provenientes de las transferencias del sector eléctrico, tasas retributivas y por uso del agua, sobretasa ambiental y porcentaje del impuesto predial no son invertidas en lo que debería ser. Lo que genera un detrimento de las condiciones de los recursos naturales.