Contraloría General detecta $3,21 billones 'engordando' en fiducias

Dentro de los negocios están patrimonios autónomos de entidades estatales liquidadas: Caja Agraria, Adpostal, Telecom, Banestado y el  BCH.

Bloomberg News

Entre 2010 y 2016 permanecieron guardados en fiducias recursos públicos por $3,21 billones en promedio anual, lo cual muestra una gran deficiencia en la gestión administrativa con estos recursos. La denuncia fue hecha por la Contraloría General de la Nación tras revelar que con estos dineros se hubieran podido utilizar para financiar en vivienda, agua potable, saneamiento básico, salud y educación.

Los $3,21 billones equivalen al presupuesto asignado al sector Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia 2016, advierte el informe de prensa de la entidad de control de las finanzas públicas.

Precisa el informe que en los últimos siete años, las entidades fiduciarias administraron recursos públicos por $104,19 billones en promedio anual. De esta cantidad, “la Contraloría tomó los recursos públicos registrados en la cuenta de inversiones vigentes a 2016 y, excluyó los que pertenecen a la seguridad social, centrando su objeto de análisis sobre $11,27 billones. Y delimitada la cifra, encontró que, de un total de 1.695 negocios, 415 son con flujos de inversión inmovilizados”, dice el informe de prensa.

Reitera la entidad de control que la mayor parte de los recursos inmovilizados corresponden a Patrimonios Autónomos de empresas en procesos de liquidación que se vienen prorrogando en el tiempo sin ningún control.

No existe un criterio normativo uniforme ni un seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explica en buena medida sus continuas prórrogas, dice la Contraloría. Dentro de los negocios están el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) Caja Agraria en Liquidación, PAR Adpostal en Liquidación, PAR Telecom, Banestado en liquidación, o el Patrimonio Autónomo BCH en Liquidación-Procesos. 

Se encontraron otros negocios con permanencias superiores a los 20 años y elevado valor de los recursos, como es el caso del Fideicomiso II Magdalena Medio, para contrato de concesión con Invías, por $18.650,95 millones en promedio mensual durante los últimos siete años, destaca el estudio presentado por la Contraloría General.

Señala el informe que el Ministerio de Hacienda no pide devolución de recursos no ejecutados. Recuerda el informe que la Ley 1753 de 2015 facultó al gobierno nacional para solicitar la devolución de recursos no ejecutados en patrimonios autónomos y así mitigar la falta de gestión evidenciada, en la práctica no se ha cumplido con este requisito.

“Con la inmovilización de estos recursos y la ausencia de un control y seguimiento efectivo que permita la devolución de los mismos al Tesoro Nacional, los únicos beneficiados son las entidades fiduciarias que administran tales recursos”, destaca el ifnorme revelado por la Contraloría General.