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La Contraloría General de la República comenzó un control excepcional (por vía de actuación especial) al proyecto Hidroituango que permitirá determinar dentro de seis meses las irregularidades que se pudieron dar en el proceso.
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Con el control se busca determinar el presunto detrimento patrimonial a las entidades que financiaron la hidroeléctrica: la gobernación de Antioquía, el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), además de los patrimonios del municipio de Medellín y de la Nación misma.
La entidad pretende especificar quiénes pudieron tomar malas decisiones en su ejecución, qué pasó en las etapas de planeación, contratación y construcción de la represa, cuáles son los sobrecostos que se han generado, cuál es el impacto tras los contratiempos, a cuánto ascienden las pérdidas que se han producido, en qué va la crisis que afronta la obra y cómo se han atendido o qué deudas ha dejado la atención a las emergencias ambientales y sociales que se generaron.
El control excepcional comprenderá todas las actuaciones del personal de EPM, que participaron en los hechos generadores a investigar y que debieron actuar desde la órbita de los principios de la gestión fiscal. También busca establecer la actual situación financiera del proyecto y su ejecución.
Las líneas de trabajo definidas son: asignación obligaciones energía en firme, mecanismos contractuales, estructura financiera, fuente y deuda, diseños e ingeniería, proceso constructivo, suministros y declaración de no entrada al proyecto. Esto, según la Contraloría “a partir de presuntas irregularidades en el proceso de planeación para la construcción de la represa y en la gestión ineficiente y antieconómica en el proyecto de constitución y liquidación de EMP ITUANGO, lo que generó mayores costos cargados al proyecto”.
La decisión surge tras una solicitud del representante legal y director de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, Juan Carlos Calderón, quien resaltó en una comunicación enviada: “es de conocimiento público la magnitud del megaproyecto, no solo por su impacto en el sector energético nacional, en términos de producción, sino por su impacto medioambiental y económico para los entes territoriales financiadores”.
El anuncio lo hizo el contralor Carlos Felipe Córdoba. “Estamos apostando porque el proyecto Hidroituango salga adelante, pero es preciso afirmar, sin ningún miramiento, que quienes hayan tomado malas decisiones o aparezcan involucrados en algún tipo de irregularidad, que amerite un enjuiciamiento por esa conducta., tendrán que responder por esas actuaciones”, dijo.
El proceso estará a cargo del vicecontralor (e) y contralor delegado de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, quien lideró en su momento la auditoría que puso al descubierto el caso de Reficar, junto con un equipo de expertos ingenieros civiles, geotecnistas, especialistas en hidrología y auditores.
También se definieron como hechos relevantes por revisar la Constitución de EMP ITUANGO, con el objetivo de acceder a los beneficios tributarios de zona franca, así como la aprobación de obras adicionales, cuestionadas técnicamente desde el principio por riesgos de derrumbes y deslizamientos, y, finalmente, las presuntas irregularidades por la implementación y ejecución del plan de aceleración para adecuarse al nuevo cronograma de obras, que iba retrasado, sin autorización previa de la junta directiva e imputado como costos al proyecto.
Cabe recordar que equipos interinstitucionales de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía avanzan en reunir, de manera conjunta, material probatorio sobre Hidroituango, para luego proceder en las áreas que le compete a cada una.
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“Estamos apostando porque el proyecto Hidroituango salga adelante, pero es preciso afirmar, sin ningún miramiento, que quienes hayan tomado malas decisiones o aparezcan involucrados en algún tipo de irregularidad, que amerite un enjuiciamiento por esa conducta, tendrán que responder por esas actuaciones”, resaltó el contralor.