La vicesecretaria general de las Naciones Unidas (ONU), Amina J. Mohammed, dijo este miércoles que tras décadas de progreso, los indicadores clave de hambre y pobreza están retrocediendo, al tiempo que la emergencia climática acelera y las desigualdades sociales crecen.
Durante su intervención en un debate organizado por el Comité de las Regiones (CdR), J. Mohammed consideró “urgente” redoblar los esfuerzos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la Agenda 2030.
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La guerra de Ucrania ha reforzado la crisis mundial ya presente por la pandemia. La situación ha dificultado aún más el acceso a los alimentos, ha propiciado el encarecimiento de la energía e impulsado la inflación en todo el mundo.
J. Mohammed aseguró que la acción local es “esencial” para movilizar a grupos clave como la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico a la hora de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, afirmó que el Comité de las Regiones tiene un papel esencial a la hora de lograr que los ODS sean “reales y concretos en la vida de las personas”, pues los entes locales y regionales tienen contacto directo con las personas y las comunidades.
Los participantes en el debate incidieron precisamente en esta ralentización de la consecución de los ODS y pidieron elaborar una estrategia concreta con la que dar más voz a las regiones ya que, aseguraron, son las que tienen que hacer frente a los problemas, pero no forman parte de las iniciativas.
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En este sentido, el relator sobre el progreso en la implementación de los ODS, Ricardo Río, aseguró que el retroceso en el cumplimiento de los ODS como consecuencia del coronavirus y de la crisis de Ucrania, no ha sido “tan malo como cabría esperar” por el “compromiso de las autoridades locales y regionales en Europa”. Y explicó que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible es hablar de la calidad de vida de los ciudadanos.
Acciones contra la crisis alimentaria
En esa misma línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otros organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pidieron tomar acciones para reducir la crisis global de alimentación.
A un comunicado conjunto también se sumaron la Organización Mundial del Comercio y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que recordó que unos 350 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en la actualidad. “A nivel mundial, la pobreza y la inseguridad alimentaria están aumentando después de décadas de avances en materia de desarrollo”.
Entre los motivos que han acrecentado este declive, la FAO cita la pandemia del coronavirus, el cambio climático y el aumento de las tasas de interés y la inflación a raíz de la guerra de Ucrania, que también ha empeorado los problemas de suministro de alimentos y materias primas. “Se espera que esta situación empeore y se prevé que los suministros mundiales de alimentos caigan a un mínimo de tres años en el periodo actual de 2022-2023″.
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En la actualidad hay 24 países en situación “grave” de inseguridad alimentaria, de los que 16 se encuentran en África, un continente especialmente afectado por el encarecimiento de los fertilizantes, cuyas víctimas principales son los pequeños agricultores, señalaron las organizaciones multilaterales.
Para evitar que la crisis alimentaria continúe empeorando, pidieron actuar directamente en los focos de hambre, facilitar el comercio, potenciando el papel del sector privado, y reformar los subsidios para que sean más eficientes.
“La mayor parte de la respuesta global de protección social a la inflación se presenta en forma de subsidios, la mitad de los cuales no están focalizados, son ineficientes y costosos para gobiernos que ya están limitados”, indicó la FAO.
Por ello, los países “deben equilibrar las intervenciones urgentes a corto plazo con los esfuerzos de resiliencia a más largo plazo a medida que responden a la crisis”.
Según los cálculos de la FAO, los países han invertido más de 710.000 millones de dólares en medidas de protección social, aunque de ese total los de bajos ingresos han percibido solo 4.300 millones mientras que los de ingresos altos superan los 500.000 millones.
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