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Prometerles a los colombianos una reducción en las tarifas de los impuestos es verdadera música para los oídos. Esto es lo que ha hecho el candidato presidencial Rodolfo Hernández. Su idea es eliminar el IVA descontable y reemplazarlo por un “IVA no descontable” del 10 %. En la práctica esto implica convertirlo en un impuesto a las ventas, que no es otra cosa que cobrar un 10 % de impuesto en cada transacción que se haga para la producción de un bien o servicio.
Esta idea, además de regresiva e inconveniente, haría que las personas terminen pagando precios más altos por muchos de los bienes o servicios que consumen.
Vamos por partes. El Impuesto al Valor Agregado, o IVA, se cobra cuando se compra un producto o se paga un servicio. Y aunque se cobra sobre toda la cadena productiva, solo grava las transacciones que incrementan el valor en cada eslabón de la cadena.
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Cambiar ese esquema por uno que cobre impuesto en cada etapa de la producción terminaría por encarecer el costo de producir ciertos bienes y servicios, en especial los que tienen procesos de producción más complejos.
La fabricación de un automóvil, por ejemplo, requiere insumos provenientes de cerca de 50 fuentes distintas. Pagar un impuesto del 10 % por cada una de esas 50 transacciones convertiría la empresa en un verdadero imposible, y el producto final sería tan costoso, que menos personas podrían pagarlo.
Los vendedores de productos finales, al enfrentar mayores costos en los insumos que emplean, costos que ya no serían descontables, terminarían pasando esos costos tributarios adicionales a los consumidores. Al final se pagaría una tarifa bastante superior al 10 %.
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Un impuesto en los términos propuestos por Hernández gravaría los procesos productivos complejos y premiaría los más simples. Además, al eliminar el incentivo a la formalización que tiene el IVA en la compra de insumos haría que comprar informalmente fuese más barato.
Esto tiene una explicación técnica: el IVA tiene un mecanismo muy eficaz en materia de autocontrol. Las deducciones fiscales de una empresa son la obligación fiscal de otra. Así, cuando una empresa le compra a otra, informarle a la DIAN sobre esa transacción es un buen negocio, pues puede deducir el costo de su base imponible. Esa relación no existe en un impuesto al consumo, lo cual dificulta su fiscalización, algo especialmente indeseable en una campaña electoral marcada por los mensajes anticorrupción.
Fue justamente ese beneficio del autocontrol lo que hizo del IVA uno de los grandes inventos tributarios del siglo XX, llevándolo a reemplazar, precisamente, el impuesto al consumo. Ocurrió en prácticamente todos los países del mundo, y Colombia no fue la excepción. En la década de los años 60 del siglo pasado nuestro país adoptó el IVA, un impuesto más controlable, más eficiente, y que no genera un efecto de cascada de precios.
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La idea de sustituir el IVA por un impuesto a las ventas no es nueva. La reforma tributaria de 2019, que recogió lo planteado en la de 2018, declarada inexequible por la Corte Constitucional debido a vicios de forma, le ordenó al Gobierno Nacional elaborar un informe técnico que permitiese establecer “los efectos que generaría la eliminación y sustitución del IVA por el Impuesto Nacional al Consumo con una tarifa del 8 %”.
El informe, publicado por el Ministerio de Hacienda en 2020, contiene tres conclusiones especialmente relevantes. La primera es que la estructura del IVA minimiza “las distorsiones” que se generan cuando solo se grava “el consumo final, y no los insumos usados por las empresas en sus procesos de producción”, esto por cuenta del papel que cumplen los impuestos descontables.
En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda encontró que “la sustitución del IVA por un impuesto al consumo” del 8 %, “aplicado de forma generalizada a las transacciones actualmente gravadas con IVA, aumentaría el recaudo en $6 billones”. Sin embargo, señala que su efecto directo sobre los precios y el bienestar de la sociedad “no sería inferior que el de un incremento en el IVA que produzca el mismo recaudo”, y que, dados “sus efectos indirectos”, cambiar el IVA por el impuesto alternativo “tendría repercusiones negativas sobre la actividad económica y generaría cargas de tributación muy dispares entre sectores”.
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Finalmente, el documento señala que implementar un impuesto al consumo con una tarifa del 8 %, aplicándolo solo a las ventas finales, reduciría el recaudo 2,9 % del PIB, es decir, $31 billones.
Es cierto que el sistema tributario necesita ajustes. Hay gabelas tributarias que deben revisarse. Hay tarifas, como las que pagan los grandes capitales, que deberían aumentarse.
Existe, pues, mucho espacio para hacer ajustes de fondo, valientes, sustanciales y sin precedentes. Es ahí donde debería ponerse la mira. Pero que haya mucho por arreglar no implica dañar lo que sí funciona.
* Coordinadora de Fescol.
** Director Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
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