Destrabando las obras del Canal

En medio de la controversia que generó la suspensión de la ampliación del Canal de Panamá por parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal (del cual forman parte las firmas Sacyr e Impregilo, que alegan sobrecostos por US$1.600 millones en las obras), el jefe de la Autoridad Nacional del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, reveló que entre las partes ya se han logrado “principios de acuerdo” en varios temas para ponerle fin a la parálisis, aunque reconoció que todavía quedan varios asuntos por resolver.

Otros de los puntos que discutieron la Autoridad y el consorcio —según Quijano— fueron la fecha de entrega de todas las compuertas de las nuevas esclusas, la actualización del cronograma de las obras (cuyo avance va en 65%), los aportes financieros de las partes y “la extensión de la moratoria de repago” de unos adelantos que dio la ACP al Grupo (estos ascienden a US$784 millones).

Pese a los intentos por ponerle punto final a la discusión entre las partes, que ya completó más de un mes, Quijano señaló que la ampliación del Canal se retrasará como mínimo hasta diciembre de 2015, lo cual traerá a la Autoridad un lucro cesante calculado en US$95 millones (según el cronograma inicial, la ampliación tenía que estar lista a mitad de este año, para el centenario del Canal). Asimismo, dejó entrever que si el administrador de este estratégico corredor comercial tiene que asumir las obras, el atraso será mucho mayor. “Si encontramos una solución negociada, vamos a tener que sufrir ya los retrasos adicionales por tener la obra parada”.

Sin embargo, el director de Sacyr Construcción América Latina y el Caribe, Jesús Revilla Angulo, dijo recientemente a este diario que “en ningún momento el consorcio amenazó a la ACP con paralizar los trabajos si no se les reconocían los US$1.600 millones de la reclamación. Lo que pedimos fue que nos dieran los recursos que requeríamos para continuar los trabajos y que el tribunal de arbitramento definiera quién debe asumir esta diferencia”.

Por ahora, de acuerdo con Quijano, la Autoridad del Canal está dispuesta a que las conversaciones con los jefes del consorcio no pasen de una semana.

En medio de la controversia que generó la suspensión de la ampliación del Canal de Panamá por parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal (del cual forman parte las firmas Sacyr e Impregilo, que alegan sobrecostos por US$1.600 millones en las obras), el jefe de la Autoridad Nacional del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, reveló que entre las partes ya se han logrado “principios de acuerdo” en varios temas para ponerle fin a la parálisis, aunque reconoció que todavía quedan varios asuntos por resolver.

Otros de los puntos que discutieron la Autoridad y el consorcio —según Quijano— fueron la fecha de entrega de todas las compuertas de las nuevas esclusas, la actualización del cronograma de las obras (cuyo avance va en 65%), los aportes financieros de las partes y “la extensión de la moratoria de repago” de unos adelantos que dio la ACP al Grupo (estos ascienden a US$784 millones).

Pese a los intentos por ponerle punto final a la discusión entre las partes, que ya completó más de un mes, Quijano señaló que la ampliación del Canal se retrasará como mínimo hasta diciembre de 2015, lo cual traerá a la Autoridad un lucro cesante calculado en US$95 millones (según el cronograma inicial, la ampliación tenía que estar lista a mitad de este año, para el centenario del Canal). Asimismo, dejó entrever que si el administrador de este estratégico corredor comercial tiene que asumir las obras, el atraso será mucho mayor. “Si encontramos una solución negociada, vamos a tener que sufrir ya los retrasos adicionales por tener la obra parada”.

Sin embargo, el director de Sacyr Construcción América Latina y el Caribe, Jesús Revilla Angulo, dijo recientemente a este diario que “en ningún momento el consorcio amenazó a la ACP con paralizar los trabajos si no se les reconocían los US$1.600 millones de la reclamación. Lo que pedimos fue que nos dieran los recursos que requeríamos para continuar los trabajos y que el tribunal de arbitramento definiera quién debe asumir esta diferencia”.

Por ahora, de acuerdo con Quijano, la Autoridad del Canal está dispuesta a que las conversaciones con los jefes del consorcio no pasen de una semana.