'Dilma Rousseff también es responsable de comprar la refinería en Texas'
Así lo expresó el expresidente de Petrobras. La adquisición de Pasadena es ahora un negocio investigado por posibles irregularidades.
EFE
El expresidente de la petrolera estatal brasileña Petrobras José Sergio Gabrielli afirmó que la mandataria Dilma Rousseff también es responsable de la decisión de la compañía de comprar una refinería en Estados Unidos en 2006, un negocio investigado por posibles irregularidades.
En una entrevista al diario O Estado de Sao Paulo, Gabrielli defendió la decisión de compra de Pasadena bajo las "circunstancias de la época", pero admitió que por la crisis financiera mundial la refinería de Texas no hubiese sido un buen negocio entre 2008 y 2011.
A pesar de argumentar lo mismo que Rousseff, de que el informe que recibieron para dar el aval "era omiso", Gabrielli indicó que tanto él como la actual gobernante, quien en la época era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras en calidad de ministra jefa de la Casa Civil (Presidencia), tienen responsabilidad.
"Yo soy responsable. Era el presidente de la empresa y no puedo huir de mi responsabilidad, del mismo modo que la presidenta Dilma no puede escapar de la responsabilidad de ella, que era presidenta del Consejo. Somos responsables de nuestros actos, pero es legítimo que ella ahora dude", apuntó Gabrielli.
Tanto la mandataria brasileña, como la actual presidenta de Petrobras, Graça Foster, han dicho que la adquisición fue aprobada porque se presentó un informe técnico que ocultaba cláusulas del negocio que eran perjudiciales para la empresa.
La compra de la refinería Pasadena, en Texas, es investigada por la Policía Federal (PF), el Tribunal de Cuentas de la Unión y el Ministerio Público (Fiscalía).
Los partidos de la oposición al Gobierno de Rousseff realizan gestiones para instaurar una comisión parlamentaria con amplios poderes para investigar el negocio.
La investigación parlamentaria puede afectar en pleno año electoral a Rousseff, que en la época del negocio presidía el Consejo de Administración de Petrobras en su condición de ministra de la Presidencia del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y que autorizó la polémica operación.
De acuerdo con documentos filtrados por la prensa, en 2006 Petrobras pagó 360 millones de dólares por la compra de la mitad del capital de la refinería, que un año antes había sido adquirida en su totalidad por 42,5 millones de dólares por la firma belga Astra Oil.
Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares para comprar la otra mitad a Astra Oil debido a una cláusula en el contrato que obligaba a la brasileña a adquirir el otro 50 % en caso de divergencias entre los socios.
La otra cláusula cuestionada obligaba a Petrobras a garantizarle un beneficio mínimo a su socia mientras compartieran la refinería, independiente de las ganancias o pérdidas de la compañía.
Gabrielli y otros directores de la época indagados en el Congreso defienden que, en la época, Petrobras necesitaba aumentar su presencia en el mercado estadounidense, aunque Foster admitió ante los legisladores que la compra "no fue un buen negocio" y que la operación provocó pérdidas a la empresa por 530 millones de dólares.
El expresidente de la petrolera estatal brasileña Petrobras José Sergio Gabrielli afirmó que la mandataria Dilma Rousseff también es responsable de la decisión de la compañía de comprar una refinería en Estados Unidos en 2006, un negocio investigado por posibles irregularidades.
En una entrevista al diario O Estado de Sao Paulo, Gabrielli defendió la decisión de compra de Pasadena bajo las "circunstancias de la época", pero admitió que por la crisis financiera mundial la refinería de Texas no hubiese sido un buen negocio entre 2008 y 2011.
A pesar de argumentar lo mismo que Rousseff, de que el informe que recibieron para dar el aval "era omiso", Gabrielli indicó que tanto él como la actual gobernante, quien en la época era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras en calidad de ministra jefa de la Casa Civil (Presidencia), tienen responsabilidad.
"Yo soy responsable. Era el presidente de la empresa y no puedo huir de mi responsabilidad, del mismo modo que la presidenta Dilma no puede escapar de la responsabilidad de ella, que era presidenta del Consejo. Somos responsables de nuestros actos, pero es legítimo que ella ahora dude", apuntó Gabrielli.
Tanto la mandataria brasileña, como la actual presidenta de Petrobras, Graça Foster, han dicho que la adquisición fue aprobada porque se presentó un informe técnico que ocultaba cláusulas del negocio que eran perjudiciales para la empresa.
La compra de la refinería Pasadena, en Texas, es investigada por la Policía Federal (PF), el Tribunal de Cuentas de la Unión y el Ministerio Público (Fiscalía).
Los partidos de la oposición al Gobierno de Rousseff realizan gestiones para instaurar una comisión parlamentaria con amplios poderes para investigar el negocio.
La investigación parlamentaria puede afectar en pleno año electoral a Rousseff, que en la época del negocio presidía el Consejo de Administración de Petrobras en su condición de ministra de la Presidencia del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y que autorizó la polémica operación.
De acuerdo con documentos filtrados por la prensa, en 2006 Petrobras pagó 360 millones de dólares por la compra de la mitad del capital de la refinería, que un año antes había sido adquirida en su totalidad por 42,5 millones de dólares por la firma belga Astra Oil.
Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares para comprar la otra mitad a Astra Oil debido a una cláusula en el contrato que obligaba a la brasileña a adquirir el otro 50 % en caso de divergencias entre los socios.
La otra cláusula cuestionada obligaba a Petrobras a garantizarle un beneficio mínimo a su socia mientras compartieran la refinería, independiente de las ganancias o pérdidas de la compañía.
Gabrielli y otros directores de la época indagados en el Congreso defienden que, en la época, Petrobras necesitaba aumentar su presencia en el mercado estadounidense, aunque Foster admitió ante los legisladores que la compra "no fue un buen negocio" y que la operación provocó pérdidas a la empresa por 530 millones de dólares.