El buen precio del carbón ha aumentado la explotación

Dos tragedias mineras en menos de 12 km

Las 15 muertes por los accidentes en las minas ilegales de Cucunubá y Lenguazaque llevan a reabrir el debate sobre esta práctica.

Las minas de Cucunubá y Lenguazaque estaban a 12 km de distancia.AFP.

Fue un amargo puente festivo para los que dependen de la industria extractiva. Dos accidentes en mineras de carbón metalúrgico, que se explotaban de manera ilegal, cobraron la vida de 15 personas. El primero se presentó el viernes por la noche, en el municipio de Cucunubá (Cundinamarca), cuando la concentración de gases provocó una explosión que dejó 13 personas muertas y una herida. El segundo fue un derrumbe en Lenguazaque (Cundinamarca), en el que murieron dos mineros.

Las dos tragedias reabren el debate sobre la minería ilegal y sobre la urgencia de controlar esta práctica que el año pasado movió unos $7 billones. Además, entre las particularidades de estos accidentes está que ocurrieron a menos de 12 kilómetros de distancia y en un intervalo de 30 horas. Es decir, es posible que los mineros que murieron en Lenguazaque siguieran trabajando conscientes de que en una mina a 30 minutos de camino había ocurrido un accidente mortal.

En lo corrido de 2017 se han presentado 30 emergencias mineras que han dejado 34 personas heridas y 38 muertas. Entre las causas principales de estos accidentes están los derrumbes, percances mecánicos e inundaciones, entre otros.

El Espectador habló con Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), quien explicó que, “en efecto, estas minas operaban en un territorio en donde hay concentración de carbón metalúrgico y casualmente el precio de este recurso está en buen nivel, lo que podría haber aumentado el interés de los mineros de la zona. De hecho, entre las dificultades que existen para detectar estas minas ilegales está que se cierran y abren dependiendo los precios del mercado”.

La presidenta de la ANM explicó también que el paso siguiente es adelantar la investigación pertinente para establecer los detalles técnicos. En el caso de las minas de Cucunubá se encontró que una tenía título, pero no tenía licencia ambiental, y la otra no tenía siquiera título. En Lenguazaque se presentó una solicitud de explotación, pero fue negada. Es decir, en ninguno de los casos podían trabajar.

Asimismo, Habib afirmó que “no existe un cálculo que indique cuántas minas ilegales hay en ese territorio ni en todo el país, pues en muchos casos ni siquiera aparecen en los registros. “Para evitar estos accidentes, hemos estado trabajando con las alcaldías municipales para llevarles la información de los títulos mineros de sus territorios. De esta manera, los mandatarios podrán contrastar la información y así cerrar las minas que no cumplan con los requisitos”, señaló.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Minas, el 30 % de Colombia tiene presencia de minería ilegal. Además, en departamentos como Antioquia y el sur de Bolívar se ha incorporado a las actividades de los grupos armados, a quienes sirve como mecanismo de lavado de activos.

El geólogo Mauricio Cabrera, coordinador de política y temas mineros de WWF, considera que desde que la Agencia Nacional de Minería comenzó a recibir el 2 % de regalías, el sector minero ha intentado mejorar en diferentes aspectos. Sin embargo, los hechos ocurridos este fin de semana denotan que la gran mayoría de minas de carbón en el país tienen graves vacíos en cuanto a seguridad.

“El problema es que las políticas mineras apuntan hacia la gran minería, la mayor productora en volumen de explotación. Pero en términos de cantidad, son los pequeños mineros los que más explotan, sin ayuda del Gobierno ni conocimiento, mucho menos políticas. La suma de esos factores hace que se presenten accidentes como estos”, comentó Cabrera.

En efecto, se trata de un problema que tiene raíces profundas en el país y que se espera que tenga solución con un proyecto de ley que ya fue radicado en el Congreso. La iniciativa “contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales”, como le había explicado a El Espectador Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país.

Además de hacer más severas las penas en contra de la minería ilegal, el proyecto de ley busca promover la formalización. Se contemplan acciones para que los pequeños mineros, informales y artesanales sigan buenas prácticas, tengan guías ambientales, formalicen su actividad y tengan mejores controles. Además se busca mejorar el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom).

Sin embargo, Guillermo Rudas, uno de los que cuestionan el proyecto de ley, advierte que uno de los retos es la amplísima gama de tipos de minería que el Estado no ha podido precisar ni formalizar. “Son los mineros tradicionales los que van a pagar las consecuencias de la indefinición”, indicó.

De esta manera, sólo queda esperar a ver si las nuevas iniciativas contra la minería ilegal dan frutos y así se evitan tragedias como las de este fin de semana.